Arteria rehizo cuentas en plena investigación

Primer trimestre de 2010, coincidiendo con la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, arden las calculadoras en la sede de Arteria. La empresa propiedad de Fundación Autor, que gestiona la monumental red de teatros de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), está revisando las cuentas de 2009. Resultan especialmente complejas porque hay que aprovecharlas para subsanar algunos "errores" en los que se incurrió en la información sobre 2008, según lo definen las propias cuentas. Servicios que no se prestaron, ingresos que no se recibieron, facturas que no llegaron. Que todo encaje no es tan sencillo. La trama de empresas que ha crecido en torno a Arteria tiene las cuentas tan engarzadas entre sí que tocar un número equivale a rehacer todo el sudoku.

Centrifugar desde el corazón de la recaudación de derechos de autor parece fácil. Parte del dinero del canon, de los derechos prescritos y otros ingresos que le otorga la SGAE a Fundación Autor, esta se los gasta en retribuir a su filial Arteria, que se lo gasta en pagar a las empresas que dependen de ella, que lo utilizan para subcontratar otras empresas. Un sistema que parece un calco del que describe el juez Pablo Ruz en su auto, aunque de momento este sólo hace referencia a la otra rama de empresas de la SGAE, la que enlaza con la filial tecnológica SDAE y con Portal Latino y de ahí con las empresas externas controladas por el entorno de José Luis Rodríguez Neri.

Al abrir la Audiencia Nacional las diligencias, la Fundación Autor revisó las cuentas de 2009

Dar la vuelta al proceso, revertir parte de lo facturado, en la rama que sale desde Fundación Autor hasta Arteria y de ahí a las filiales de esta, obliga a revisar las cuentas de hasta cuatro sociedades. En la información ante el Registro Mercantil no se enlazan esas revisiones entre sí. Tampoco pudo dar una explicación la SGAE a este periódico en el día de ayer. Las empresas están tan unidas que comparten sede social con Fundación Autor (Bárbara de Braganza, 7), auditan las cuentas KPMG y BDO Audiberia (el equipo habitual de auditores en los últimos años del grupo SGAE) y repiten la firma de dos administradores mancomunados: RamiroOsorio (ex director general de Arteria) y Olaya Fernández de la Riva (directora financiera y patrimonial de Fundación Autor).

En Arteria, por ejemplo, se explica que "a 31 de diciembre de 2008, la sociedad tenía reconocido un gasto por facturas pendientes de recibir por importe de 2,93 millones de euros, el cual no debería haberse registrado al no estar el servicio asociado devengado a cierre del ejercicio". Si Arteria no ha recibido el servicio significa que tampoco se lo ha prestado a Fundación Autor, cuyas cuentas tienen que revisarse también "mediante un débito por importe de 2,93 millones de euros".

El sistema de Arteria es un calco de la SDAE, que describe el juez Pablo Ruz en su auto

Pero como Arteria tampoco es la que presta el servicio a la Fundación, sino que lo subcontrata en 2008 a sus filiales, hay que revisar las cuentas de Centro de Producción Audiovisual Autor, que "durante 2008 reconoció como ingreso por prestación de servicios un importe de 508.368 euros por facturaciones pendientes de emitir a su socio único que no correspondía. Por ello se ha procedido a modificar las cifras afectadas". Y también las cuentas de Sello Autor, que explican que "durante 2008, la sociedad reconoció como ingreso por prestación de servicios un importe de 2,42 millones por facturas pendientes de emitir a su socio único y una cuenta a cobrar de este que no corresponde".

En algo más coinciden entre sí las compañías que están en causa de disolución, no tienen fondos propios para pagar sus deudas. En ese momento el grupo SGAE debe tomar la decisión de inyectar o no capital. No lo hace, por ejemplo, para Ediciones y Publicaciones Autor y para Sello Autor. Sí se decide continuar adelante con Centro de Producción Audiovisual Autor.

De arriba abajo, Arteria necesita una inyección de capital de 18,3 millones, que sólo le puede llegar desde Fundación Autor; de Sello Autor, 3,4 millones, y del Centro de Producción Audiovisual Autor, 3,83 millones.

La explicación sobre la decisión de liquidar Ediciones y Publicaciones Autor habla de volver a un espíritu que motivó el nacimiento de Fundación Autor y que, dicen, se ha perdido. "El consejo de administración del socio único ha acordado la liquidación de la sociedad con el fin de que Fundación Autor retome el pensamiento original con el que fue creada la sociedad, que suponía estar dirigida a proyectos e ideas distintas de calidad, de oportunidad, de generosidad, fuera de los canales habituales y sin estar sometida a la tensión de mercado".

Las cuentas de Centro de Producción Audiovisual Autor, que en 2008 firmaban Osorio y Fernández de la Riva, ya sólo llevarán una firma en las de 2009: Eduardo Teddy Bautista. Otras cuentas de filiales de Arteria creadas en 2009, como Tramart (con sede también en Bárbara de Braganza, 7), sí aparecen firmadas por Osorio y Fernández de la Riva.

Pero Osorio abandona el grupo en el primer trimestre de 2010. Deja su puesto de administrador mancomunado en un buen número de filiales de Arteria, además de su asiento de consejero en Wonderland Entertainment.

Es en esta última donde hay que buscar el motivo. La compañía pertenece a la familia del empresario teatral Luis Álvarez, que entra en Arteria cuando Osorio es director general, como encargado de la programación de los teatros. Osorio se ve sin funciones, porque a Arteria sólo llegan las llaves de los espacios escénicos cuando están terminados, comprados o remodelados. Álvarez logra que Teddy dé el visto bueno a la compra por parte de SGAE a través de Arteria del 51% de Wonderland por 1,2 millones de euros. Osorio se va.

Mientras se decide esta remodelación de la rama de SGAE que depende de Fundación Autor, ya se ha empezado a alimentar una nueva, fundada en mayo de 2009, que supone la unión de las dos ramas: la que crece por Arteria y la que crece por la tecnológica SGAE. Es decir, Servicios Corporativos de Autor, una sociedad participada a partes iguales por Fundación Autor, SDAE , Arteria y la SGAE. En el consejo de la sociedad se encuentran algunos de los imputados por el juez Ruz: José Luis Rodríguez Neri, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga. También se sentaba Ramiro Osorio.

En 2009, esta nueva compañía ya vive de dar servicio al grupo SGAE. Una de las facturaciones resulta especialmente curiosa por referirse al "mantenimiento y desarrollo de la web de la SGAE". Cobra 100.314 euros por un cometido que se supone, de momento, todavía realizaba SDAE.