El cerebro del canon, acusado de gastar 40.000 euros de los autores en prostitutas

Fue el último testigo de la Guardia Civil en julio y se ha convertido en el último detenido de la operación Saga, al menos de momento. Pedro Farré López, exdirector de relaciones institucionales de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y consejero de Portal Latino, no parecía tener bastante con los 90.000 euros que cobraba y fue detenido hoy por agentes de la UCO por un supuesto uso fraudulento de tarjetas de crédito de la entidad.

El destino de los pagos: servicios de prostitutas. Lo sórdido del asunto es más llamativo si cabe porque Farré no es un exdirectivo cualquiera de la SGAE. Fue la cara visible y la sombra que actuaba en nombre de la gestora en los polémicos tiempos en que se dio forma al canon digital. El mismo que aparecía en los medios explicando cuánto pretendían ingresar por la copia privada y el que, siguiendo la línea dura marcada por Eduardo Teddy Bautista, sostenía y ejercía la constante amenaza de denuncia contra cualquiera que publicase informaciones negativas sobre la gestora.

Se investiga si es un caso aislado o un fleco de la administración desleal en la entidad

Farré habría realizado en seis meses, los últimos que pasó en la SGAE (de donde salió en mayo de 2009 tras perder el favor de Teddy), gastos en servicios sexuales situados entre 30.000 y 40.000 euros, según fuentes de la gestora. Un periodista de Intereconomía fue quien alertó a la SGAE y a la guardia Civil hace días. La gestora investigó los movimientos de la tarjeta de Farré y, ya con las facturas, la Guardia Civil verificó que el receptor no era el que figuraba en dichas facturas sino casas de alterne.

Aunque ha quedado en libertad tras declarar en dependencias del Instituto Armado, a Farré se le imputa un delito de apropiación indebida por el que el lunes comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz. La investigación debe determinar si el dinero que destinó a vicios y locales de alterne se trata de un caso aislado o forma parte, como un fleco más, de la administración desleal que parece que imperaba en la entidad. En el primero de los casos, las actuaciones se remitirían a los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, donde ya se investigan otras causas cuyo protagonista principal es la SGAE. En el segundo, la investigación iniciada con él podría conducir a nuevas imputaciones, además de la suya y de las 12 que se conocieron en julio, cuando fue arrestado Teddy Bautista y el principal encausado, José Luis Rodríguez Neri.

De hecho, en su declaración como testigo ante la Guardia Civil, Farré trató de desvincularse de Neri, pese a figurar como consejero entre 2005 y 2009 de una de las empresas del entramado de la SGAE, Portal Latino, la firma en cuyo accionariado estuvo durante años el epicentro de la fuga de dinero: Microgénesis.

El exdirector de Relaciones Institucionales cobraba 90.000 euros

Farré aseguró que varias personas le dijeron que Neri "no era trigo limpio" y que en 2008 Teddy dijo desconocer que cobrase a través de Ribera de Mayorga, como se ha comprobado.

Entre 2002 y 2004 Farré fue director de la oficina antipiratería y desde entonces hasta 2009 pasó a ser director de relaciones institucionales con un sueldo de 90.000 euros, más 400 euros de complemento mensual de la Fundación Autor. Después, durante cinco meses, buscó socios para Microgénesis en Estados Unidos. Cobró 4.000 euros al mes facturados a través de su empresa Caulfield.

En el primer trimestre de este año, semanas antes de que la Guardia Civil entrase en el Palacio de Longoria y empezase a conocerse el alcance de la Operación Saga, Farré hizo una llamada de auxilio a sus conocidos más cercanos en la SGAE, según ha podido saber este periódico. Sus ingresos no le daban para mantener su ritmo de vida y no lograba un medio de incrementarlos. Farré y algunos de sus allegados maniobraron entonces para intentar que el exdirectivo fuese el sustituto de Aldo Olcese cuando este abandonase la presidencia de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, lobby creado para influir en el desarrollo de la llamada Ley Sinde contra las descargas gratuitas de contenidos en internet.

Finalmente esta opción fue descartada tras encontrar una férrea oposición por parte de algunos sectores.