El Gobierno prepara una reforma legal para reforzar y dotar de más agilidad a la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano que puede interrumpir el servicio de páginas de internet que atenten contra los derechos de propiedad intelectual y que mañana cumple su primer año de funcionamiento. Así lo ha indicado hoy la presidenta de esta Comisión y directora general de Industrias Culturales, María Teresa Lizaranzu, en un encuentro con medios de comunicación, que ha explicado que desde el 1 de marzo de 2012 se han presentado y tramitado ante este órgano administrativo 363 solicitudes de autores que denunciaron la utilización de sus obras en internet sin su permiso.

De éstas, 248 fueron archivadas por defectos de forma y de las 115 demandas que prosperaron, en 30 se ha iniciado ya el procedimiento, otras 4 han sido archivadas por haberse retirado el contenido ilegal y las 81 restantes se encuentran en fase de investigación.

En los 30 expedientes en los que se ha acordado iniciar el procedimiento, ha habido una retirada voluntaria de contenidos ilegales en 19 casos y sólo en 4 ha habido una resolución de la Comisión ordenando la retirada, que ha sido posteriormente acatada por la página web responsable. Además, ha habido 15 webs de enlaces que han cesado su actividad tras haber recibido una comunicación de la Comisión o han retirado los contenidos ilegales total o parcialmente.

En un balance del funcionamiento de esta comisión en su primer aniversario, Lizaranzu ha asegurado que 'por un lado' se sentía satisfecha con el trabajo que ha desarrollado este órgano, pero que creía que se podía ser más eficiente con las modificaciones legales que tienen previsto sacar adelante. 'Los resultados iniciales son positivos y se irán reforzando en la medida en la que se hagan las reformas', ha indicado.

Entre ellas, la creación de un tablón electrónico para colgar las notificaciones a las páginas web que han sido demandadas y que no se encuentran domiciliadas en España, ha indicado la directora general. Con este sistema de notificación se subsanaría la ralentización del procedimiento que supone tener que recurrir a la publicación de edictos en las embajadas de los países donde se encuentran domiciliadas esas páginas web.

La presidenta de la CPI ha asegurado no conocer el contenido del informe presentado ayer por la Coalición de Creadores, que acusó al Gobierno de 'falta de voluntad política' en la lucha contra la piratería y pidió 'medidas' para frenar el aumento de accesos ilegales, que en 2012 supusieron 3.050 millones de descargas e hicieron perder a la industria cultural 1.220 millones de euros.

Lizaranzu ha dicho también que son lícitas las críticas realizadas por otros organismos extranjeros respecto al funcionamiento de la comisión. No obstante, ha recalcado que se trata de un procedimiento innovador a nivel mundial que salvaguarda las garantías de las partes del proceso para que no haya indefensión.

Respecto a la recomendación de la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés) sobre que España vuelva a la lista de países con problemas para asegurar la protección de la propiedad intelectual, de la que salió el año pasado, Lizaranzu ha considerado que el hecho de que se proponga no significa necesariamente que sea incorporada nuevamente.

La Alianza, con sede en Estados Unidos, ha propuesto que España vuelva a la Lista 301, que recoge los países en los que no se respeta la propiedad intelectual e industrial: 'Al contrario de las expectativas que rodearon la puesta en marcha de la ley Sinde, que condujo a que España saliera de la lista 301, España no ha mostrado una evolución positiva en 2012', señala.