El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha señalado que decidiría si una ley de California que prohíbe la venta y alquiler de videojuegos violentos a menores viola las garantías constitucionales de libertad de expresión, una posibilidad que no se había considerado antes en un proceso sobre videojuegos.

Los jueces acordaron escuchar las demandas del estado después de que un tribunal de apelación estadounidense con sede en California rechazara la ley, que también impone requisitos de etiquetado para videojuego, por considerarla anticonstitucional.

Se espera que el Tribunal Supremo escuche los alegatos de las partes y después tome una decisión en su próxima legislatura, que comienza en octubre.

La ley había sido apelada por editores, distribuidores y vendedores de videojuegos, incluyendo la Asociación del Software de Entretenimento. Entre los miembros de la Asociación están Disney Interactive Studios, Electronic Arts, Microsoft y Sony Computer Entertainment America.

En una apelación ante el Supremo, el estado señala que las garantías a la libertad de expresión de la Primera Enmienda no impiden a un estado prohibir la venta de juegos violentos a menores de 18 años. La ley, aprobada en 2005, nunca entró en vigor debido a la apelación.

El texto prohíbe la venta de videojuegos interactivos a cualquier menor de 18 años si el título es tan violento que resulta 'manifiesamente ofensivo' de acuerdo con la opinión mayoritaria de la comunidad y carece de valor literario, artístico, político o científico serio.

Michael Gallaguer, presidente y consejero delegado de la Asociación del Software de Entretenimiento, que representa a los editores de juegos para ordenadores y consolas, señaló que el grupo está deseando presentar sus argumentos y defender el trabajo de su industria.

'Tribunales de todo el país han determinado de forma sistemática que la regulación basada en el contenido de videojuegos es inconstiucional. Las investigaciones muestran que el público está de acuerdo, los videojuegos deberían recibir las mismas protecciones que los libros, las películas y la música', indicó.

El Supremo aceptó el caso después de derogar la semana pasada una ley que prohibía los vídeos que mostrasen crueldad contra los animales, al considerar que la prohibición violaba los derechos constitucionales de libertad de expresión.