Pocos ejemplos ilustran mejor el intento de imponer el olvido y silenciar los crímenes del franquismo que el caso del documental 'Rocío', primer filme secuestrado judicialmente en España tras la derogación de la censura cinematográfica en 1977. Corría el año 1980 cuando el realizador Fernando Ruiz Vergara, por entonces una figura prometedora del cine español, estrenó dicho documental, que trataba de analizar desde diferentes perspectivas el fenómeno religioso y cultural de la romería de la virgen del Rocío. En un momento concreto, el documental da voz a Pedro Gómez Clavijo, un vecino de Almonte (Huelva) que cuenta la represión franquista en su localidad e identifica con nombre y apellidos al presunto 'cabecilla'. Dos años después de su estreno, la Audiencia de Sevilla prohibió la exhibición de la obra en todo el territorio nacional y el Tribunal Supremo ratificó la condena censurando esa parte del filme. Censura que sigue vigente en la actualidad.

"El documental 'Rocío' es un caso paradigmático de lo que ha sido la Transición. No se trató de esclarecer los asesinatos que denunciaba Pedro Gómez sino que trataron de silenciar la verdad histórica mediante multas, amenazas de prisión y procesos judiciales. Es decir, no interesó que se supiera la verdad sino que se mantuviera el manto de silencio sobre los crímenes de la Guerra Civil", explica a Público el historiador Francisco Espinosa.

Ahora, más de 30 después del estreno del documental, el realizar José Luis Tirado recupera la memoria de este documental y de la persecución judicial que sufrió su director en la producción 'El Caso Rocío', una obra que intentará que la "verdad histórica salga a flote", señala Tirado en declaraciones a este medio. "La verdad histórica ya no se puede ocultar ni esconder. El documental, además de repasar paso a paso los hechos que rodearon el secuestro judicial de la obra de Fernando Ruiz, permite hablar de la importancia de la memoria histórica y de analizar lo que ha sido el proceso político o estrategia que llamamos Transición", apunta.

El documental dirigido por José Luis Tirado, estrenado ayer en Sevilla en el Teatro Alameda dentro del Festival de Cine de Sevilla, está estructurado en torno a los testimonios de Fernando Ruiz, fallecido en 2010, Ana Vila Texidó, guionista de 'Rocío', Vitor Esevao, director de fotografía y Salvador Távora, que se encargó de la música. Asimismo, la obra de Tirado también saldrá a la venta en un colección limitada para coleccionistas junto al documental sin censura de Fernando Ruiz y un libro que analiza desde diferentes disciplinas aquel proceso judicial y su repercusión histórica.

La mutilación de la obra original

¿Por qué fue censurado? ¿Qué parte fue mutilada? La respuesta es sencilla. El documental recogía el testimonio de Pedro Gómez Clavijo, un vecino de Almonte (Huelva), que contó a la cámara que una "banda de criminales" había urdido la represión franquista en su pueblo asesinando a 99 hombres y una mujer. Como líder de los ejecutores de la matanza, Gómez Clavijo identificó a José María Reales, quien fuera alcalde de la localidad de Almonte durante la dictadura de Primo de Rivera y fundador de la hermandad rociera de Jerez de la Frontera.

Tras visionar el filme, los hijos de José María Reales, fallecido en 1980, interpusieron una querella por los delitos de injurias graves, escarnio de la religión católica y ultraje público de las ceremonias que en honor a la virgen del Rocío se celebraban durante su tradicional romería. La querella identificaba se dirigía contra el realizador Fernando Ruiz, la guionista Ana Vila y contra Pedro Gómez Clavijo, el vecino de Almonte que denunció con su testimonio el papel jugado por el ex alcalde durante la represión. La querella fue interpuesta durante la mañana del 23 de febrero de 1981, horas antes del golpe militar protagonizado por Tejero.

Tras recibir la querella, el juez instructor del juzgado número 2 de Sevilla prohibió la exhibición del filme en toda España el 8 de abril de 1981 y procedió a su secuestro. A mediados de junio de 1982, tras el recurso presentado por la defensa, se celebró en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Sevilla, con una enorme expectación, el juicio por un presunto delito de injurias graves contra los responsables de 'Rocío'. Las acusaciones de escarnio a la religión católica y ultraje público de las ceremonias que en honor a la virgen del Rocío se celebran fueron desestimadas.

Durante el proceso judicial, el juez desestimó la práctica totalidad de las pruebas aportadas por la defensa. Entre ellas, el testimonio directo de 17 vecinos de Almonte, dispuestos a certificar la veracidad de las palabras de Gómez Clavijo, declaraciones de historiadores como Ian Gibson y Antonio Elorza y cineastas como Pilar Miró y Luis G. Berlanga. El fiscal pidió para el director y la guionista un año de prisión; cuatro años para Gómez Clavijo. La acusación particular aumentaba esta última pena a seis años y solicitaba, además, la prohibición de la exhibición del filme y una indemnización de 25 millones de pesetas, así como el destierro para los encausados.

"Durante el juicio se puso en duda todo menos la existencia de 100 asesinatos. En los juicios lo único que quedó claro es que el problema estaba, como dice la sentencia del Tribunal Supremo, en que el documental sacaba a la luz la represión durante la Guerra Civil y aquello, parece ser, no podía ser", dice Espinosa.

El fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Fernando Ruiz a dos meses y un día de arresto mayor, 50.000 pesetas de multa y una indemnización de 10 millones de pesetas en concepto de responsabilidad civil, por un delito de injurias graves contra José María Reales. Al mismo tiempo se prohibió la proyección y distribución de 'Rocío' hasta que se suprimieran las partes del filme que contenían las acusaciones a Reales.

Nuevo recurso en el Tribunal Supremo

Fernando Ruiz, director del filme documental, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo, que en febrero de 1984, rechazó el recurso en una ponencia firmada por Luis Vivas Marzal, quien "todavía respiraba los aires del franquismo", recuerda Espinosa. La sentencia del Supremo señalaba que el documental recordaba de manera "inoportuna e infeliz" los episodios sucedidos antes y después del 18 de julio 1936 que es indispensable (...) inhumar y olvidar si se quiere que los sobrevivientes y las generaciones posteriores a la contienda, convivan pacífica, armónica y conciliadamente, no siendo atinado avivar los rescoldos de esa lucha para despertar rencores, odios y resentimientos adormecidos por el paso del tiempo". 

En los años 90, la cinta llegó a ser emitida por TVE y Canal Sur, pero para escarnio de su director e insulto al resto de la población, los cortes impuestos por la Justicia no aparecen no son identificados en la proyección por lo que aquellos que estaban en su casa visionando la obra no tenían manera de saber que estaban viendo una obra censurada.