Un hogar nuevo y amargo a miles de kilómetros

Las fronteras de España y Portugal son prácticamente las únicas que no sufrieron ninguna modificación en todo el siglo XX en la Europa continental. Todos los demás países se agrandaron, se empequeñecieron, se desplazaron o incluso desaparecieron en algún momento a causa de las guerras y sus tratados.

Cuando terminó la II Guerra Mundial, el 8 de mayo de 1945, cientos de miles de personas emprendieron la vuelta a casa. Entre ellos, supervivientes de los campos de concentración, evacuados por los bombardeos, prisioneros de guerra y trabajadores forzados de toda Europa que la Alemania nazi había esclavizado.

Pero el fin de la guerra también suspuso para 12 millones de alemanes el principio de una existencia de apátridas que terminó hacia 1950, cuando encontraron acogida en una de las dos nuevas Alemanias y en Austria. Tras la guerra, más de dos millones de personas murieron en el intento de regresar a casa desde los países que había anexionado el Tercer Reich, víctimas de privaciones y padecimientos en una Europa en ruinas y de la brutalidad de las fuerzas soviéticas. 

"Reasentamiento" alemán

A finales de 1945 empezaron los transportes "de forma humana y ordenada" de alemanes según las disposiciones de la Conferencia de Potsdam (la reunión entre estadounidenses, soviéticos e ingleses), donde se decidió la administración de la Alemania de postguerra.

Los deportados llegaron en tren desde los territorios orientales del Reich Alemán, es decir, Polonia, la Unión Soviética, Checoslovaquia y Hungría. En algunas zonas de lo que  a partir de 1949 sería la República Federal de Alemania (RFA). Representaron el 33% de la población.

En 1950, el 16,5% de los alemanes occidentales, unos ocho millones de personas, pertenecía a ese grupo. Esa cifra aumentó en 1961 hasta el 21,5% de toda la población, pues a ella se sumaron los fugitivos de la República Democrática Alemana (RDA) y los descendientes de los deportados, con derecho a ser considerados como tales a raíz de una ley de 1953.

Una experiencia para el futuro

En la RFA, los aliados controlaron el proceso de integración de estos "nuevos alemanes". Para evitar que formaran comunidades separadas, se les prohibió fundar partidos políticos para defender sus intereses. Y en un intento de garantizar la asimilación, la ley número 18 del Consejo de Control Aliado les permitió instalarse en viviendas privadas.

La absorción de cientos de miles de deportados albergó un enorme potencial conflictivo, y más aún cuando la inmigración fue masiva. La RFA se enfrentó a un gran número de vecinos con religión, costumbres y tradiciones distintas. El primer canciller alemán, Konrad Adenauer, ya lo advirtió en 1946: "Hay que procurar que los deportados no siembren el espíritu prusiano en nuestra juventud renana".

Tuvieron que pasar varias generaciones para superar los recelos mutuos entre deportados y población de acogida. En 2000, el entonces presidente de Alemania, Johannes Rau, se refirió a la falta de solidaridad que padecieron muchos deportados y reclamó aprender de esa experiencia para superar los actuales problemas de integración de extranjeros.

Memoria con recelo

Hoy se cumplen cincuenta años de la fundación de la Unión de Deportados. Su presidenta, Erika Steinbach, quiere construir en Berlín un ‘Centro contra las Deportaciones' que sea a la vez un museo y un "símbolo visible" en el centro de la ciudad. El objetivo, recordar a las víctimas alemanas y europeas en general. Sin embargo, la República Checa, y especialmente Polonia, consideran que el proyecto es revisionista y lo tachan de "manipulación histórica.

Además,  acusan a Steinbach de olvidar quién desató la guerra. "Si Polonia no quiere participar, que no lo haga, es un país soberano", ha asegurado Steinbach en una reunión con la prensa extranjera de Berlín. En ella pidió comprensión por los recelos del país vecino hacia las demandas de un grupo muy minoritario de alemanes que pretende recuperar hoy sus antiguas posesiones en la actual Polonia. Steinbach no apoya a estos grupos, que no tienen prácticamente ninguna posibilidad de lograr sus fines. "Pero este es un país libre y cualquier ciudadano tiene derecho a querellarse", ha dicho la presidenta de la fundación.