La industria cultural ya no puede apoyarse en los jueces para combatir a las páginas de enlaces. Según sus propios datos, en la última década han llevado a juicio a casi 50 webs, la cuarta parte de las 200 que, según dijo la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, concentran la piratería de material con derechos de autor. De la treintena de casos judiciales (en algunos hay más de una web encausada), sólo en dos ocasiones los jueces les han dado la razón: en uno, tras un acuerdo prejudicial y, en el otro, sólo parcialmente. También es cierto que todas las resoluciones contrarias han sido recurridas.

El miércoles volvió a pasar. Se conocía entonces que la Audiencia Provincial de Barcelona sentenciaba a favor de la página Indice-web.com, demandada por la SGAE acusada de violar la propiedad intelectual de sus asociados. Los jueces, sin embargo, establecieron que el sitio sólo contenía enlaces. Al no albergar el mismo el material, si había algo delictivo se producía fuera de su página. Con esta ya son cuatro las absoluciones o sobreseimientos de la causa en los casos abiertos por la vía civil.

No entran a valorar si hay lucro. Si sólo tienen enlaces, no hay delito Por la penal, la cifra asciende a 20, todos archivados. 'La opinión de los jueces sobre el hecho de que las páginas de enlaces no infringen la legislación sobre propiedad intelectual es casi unánime', dice el profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Oberta de Catalunya y especialista en los problemas de responsabilidad en materia de propiedad intelectual en internet, Miquel Peguera.

La base para las demandas de los autores o las compañías es que los dueños de estas páginas están realizando una comunicación pública, mediante la puesta a disposición de un material sobre el que no tienen tal derecho. 'Es que esos señores, poniendo enlaces, no hacen una comunicación pública', añade.De hecho, ese es el argumento al que se acogen todas las sentencias o sobreseimientos que ha habido en España hasta ahora. Los jueces ya ni siquiera entran a valorar si hay ánimo de lucro o si las páginas tienen ingresos por publicidad: si sólo tienen enlaces, no hay delito.Así ha sido desde que, en 2002, la página Donkeymania fuera denunciada.

Comparte con el sitio Ajoderse.com el honor de haber inaugurado la persecución de este tipo de webs. Al analizar el listado de casos que Peguera recoge en su blog, se puede observar que ha habido dos estrategias para perseguirla: o por la vía civil o por la penal. Y hay un patrón que casi siempre se repite. Mientras la SGAE recurre a demandas civiles, la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP) ha optado por la penal.'La FAP quiere cerrar las páginas porque ellos, que representan a las compañías, no viven del canon', opina el abogado Carlos Sánchez Almeida. Su colega Javier de la Cueva da otra posibilidad. 'Como ciudadano, ¿qué te asusta más?, ¿que te llegue una denuncia que puede acarrear cárcel o una demanda que sólo conlleva una multa?', pregunta este letrado.

'Esto es todo un negocio para los bufetes de abogados'

Entre ambos, junto a sus socios respectivos, Javier Maestre y David Bravo, han llevado el 90% de las defensas de las páginas de enlaces.Sin embargo, el director general de la FAP, José Manuel Tourné, explica que, desde que comenzaron a hacerlo en 2006, ellos optaron por la vía penal porque van contra los casos más graves. 'La usamos contra los que están montando un negocio con nuestras películas y videojuegos, no contra los usuarios o los que lo hacen a pequeña escala', sostiene. También recuerda que, al menos en los casos iniciados por la FAP, hay cinco resoluciones que les favorecen.

Incluye aquí las ocasiones en que las audiencias provinciales han rechazado el sobreseimiento del caso dictado por el Juzgado de Primera Instancia, y han ordenado que siga el procedimiento. Sea como fuere, mientras hay una veintena de sobreseimientos (en los que no se llega a celebrar ni juicio) de casos penales, apenas hay dos casos con sentencia firme por la vía civil. También es cierto que tanto la SGAE como la FAP han recurrido todos los archivos provisionales.

Inasequibles al desaliento

¿Qué les lleva a insistir cuando han recibido tantos reveses? Por un lado, tienen el suficiente músculo financiero. Además, quieren tener todas las vías abiertas. También habría un tercer motivo. 'Esto es todo un negocio para los bufetes de abogados. De hecho, son los intereses de los grandes bufetes los que están impidiendo un acuerdo con los autores', según Almeida. Y hasta un cuarto: 'Lamentablemente el derecho deja la conducta de esta gente que ha atentado contra la población española impune', dice de la Cueva.

Si esto fuera un partido de fútbol, la goleada del equipo de las páginas de enlaces sería abrumadora. Aun así, queda una decena de casos por dilucidar y, aún en diciembre pasado, en pleno debate de la ley Sinde, la Policía desató la operación más reciente contra una de estas páginas. Este hecho puede dar lugar a la paradoja de que cuando entre en funcionamiento la comisión administrativa prevista en la ley Sinde para cerrar estos sitios, coincida con alguna sentencia y, al menos proporcionalmente, hay muchas posibilidades de que sean contradictorias.

'La ley Sinde es una chapuza por mil motivos, pero ese es el principal: que con los mismos mimbres, unos funcionarios deben llegar a conclusiones diferentes a las que han llegado casi todos los jueces', argumenta Peguera. No es el único que trae a colación las consecuencias peligrosas de esta dualidad. Aunque son parte interesada en esta historia, tanto de la Cueva como Bravo o Sánchez Almeida han avisado de que las decisiones administrativas podrían caer en prevaricación: dictar una resolución a sabiendas de que es injusta. En el otro lado, Tourné no está muy convencido de que la comisión funcione: 'Si se aplica la ley con rigor, funcionará. Pero las leyes no protegen, son los que las ejecutan los que lo hacen'.