Un tribunal neozelandés ha concedido la libertad condicional a dos de los tres directivos de Megaupload que fueron detenidos en Auckland junto al fundador del portal Kim Schmitz, y sobre quienes pesa una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por piratería informática.

El juez David McNaughton del Tribunal del distrito de North Shore anunció la puesta en libertad condicional al alemán Finn Batato, de 38 años y jefe técnico del Megaupload y al programador holandés Bram van del Kolk, de 29 años.

Pero aun queda pendiente el fallo sobre la libertad condicional pedida por Mathias Ortmann, de 40 años y cofundador de Megaupload.

Schmitz, conocido como Dotcom, fue detenido junto a los tres ejecutivos el viernes 20 (jueves 19 en Estados Unidos) en su mansión de las afueras de Auckland, en el marco de un amplio operativo internacional que incluyó el cierre de su portal de descargas y la detención en Europa de otros dos presuntos cómplices.

El juez MacNaughton denegó ayer la libertad condicional de Dotcom por considerar que existe un riesgo de fuga debido a sus múltiples identidades, posibilidad de acceder a dinero en efectivo o cuentas bancarias, organizar su traslado y obtener documentos falsos.

Dotcom, quien ha apelado el fallo, permanecerá en prisión hasta el 22 de febrero próximo cuando se celebre una vista sobre la petición de extradición a Estados Unidos.

Antes que a los dos directivos, el tribunal de North Shore también otorgó la libertad condicional a Wayne Tempero, el guardaespaldas de Dotcom acusado de posesión ilegal de un arma semiautomática.

Las autoridades estadounidenses intervinieron el portal Megaupload por considerar que ha causado más de 500 millones de dólares (381 millones de euros) en pérdidas al transgredir los derechos de autor de compañías y obtenido un beneficio de 175 millones de dólares (133 millones de euros).

En el caso de que se apruebe la extradición, los cuatro detenidos serán juzgados en Estados Unidos, donde la justicia de se país les imputa supuestos delitos de relación con el crimen organizado, blanqueo de dinero y violación de la ley de derechos de propiedad intelectual, por los que de ser declarados culpables pueden ser condenados a una pena máxima de 50 años de cárcel.