Transcurridos apenas dos meses del arresto del entonces presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, y de José Luis Rodríguez Neri, director general de su filial tecnológica, la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE), el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procedido a levantar el secreto que pesaba sobre las actuaciones y que sólo permitía el acceso a la causa de la Fiscalía Anticorrupción.

La decisión del magistrado permitirá conocer con mayor detalle el diseño de "la trama empresarial parasitaria" de la SGAE detectada en la entidad encargada de gestionar el cobro de los derechos de autor. El Ministerio Público informó a favor de levantar la medida el pasado viernes, una vez que ya se había tomado declaración a los 12 imputados que hay en la causa y a los numerosos testigos previstos.

Los socios ahora personados recurrirán para no compartir abogado

El juez Ruz también ha admitido la personación de los cinco socios de la SGAE que habían solicitado ser parte del proceso. Se trata deAntoliano Toldos, José Antonio Prieto, Hermes Orlando, Marcos Navarro y Luis CoboManglis. Según la resolución judicial, deberán actuar de forma coordinada bajo una misma representación procesal, al entender quedefienden intereses similares.

Javier de la Cueva, conocido abogado del mundo de los derechos digitales y representante en este caso de Luis Cobo, comentó ayer a Público que tiene intención de recurrir en reforma "la unificación de las representaciones legales".

Según De la Cueva, no es pertinente, porque "no hay homogeneidad en los perjuicios ni en los perjudicados y porque cabría la posibilidad de que hubiese caballos de Troya", que en vez de ejercer la acusación quisiesen personarse para intentar interferir en el proceso.

Uno de ellos es el que denunció en 2007 al principal imputado en la causa

Luis Cobo es el socio que alertó en la Asamblea de la SGAE celebrada en 2007 de las irregularidades que se estaban cometiendo por la contratación de Microgénesis, sociedad a la que seguía vinculado el director general de SDAE. Aquella alerta ante los socios le supuso una sanción que le impedía acudir a las asambleas durante cinco años.

La operación Saga ha puesto de manifiesto que entre 2003 y 2009 dicha compañía ingresó 26,4 millones euros. Tras la denuncia trató de desvincularse de SGAE; en 2010 percibió 8,9 millones.