Entrevista a Àlex Romaguera, periodista especializado en violencia política"Las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen sin reconocimiento"

No todas las víctimas del terrorismo y de la violencia política cuentan igual, ni todo dolor merece reparación. Aunque pueda parecer chocante, esta lógica sigue dominando en el relato de amplios sectores políticos y sociales del Estado español a finales de 2025. Mientras que las víctimas de ETA o del terrorismo yihadista han recibido un amplio apoyo y reconocimiento, aquellas que lo han sido de grupúsculos de extrema derecha o de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no han recibido el mismo trato. 

Esta es la premisa de la que parte Víctimas SA (Txalaparta), el documentado libro que publica el periodista Àlex Romaguera (Barcelona, 1970). Especializado en temas vinculados a la lucha por los derechos humanos y la memoria histórica, y colaborador de diversos medios, como Público, el autor profundiza en la obra y en esta entrevista en el papel que ha jugado la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). La entidad decana en este ámbito que, con el tiempo, se convirtió en un auténtico instrumento político ultraconservador al servicio de los intereses del PP y, más recientemente, también de Vox.

Hoy en día, en el Estado español no todas las víctimas del terrorismo —entendidas como víctimas de la violencia política según la acepción de la ONU— tienen el mismo reconocimiento, incluso a nivel legal. ¿Cómo se explica esta anomalía?

Pienso que es una política de Estado. Forma parte de uno de los pilares de la cultura de la Transición que hemos venido arrastrando desde entonces, en la que se impone un relato según el cual hay unas víctimas a las que hay que atender y reconocer, que son las causadas por los grupos insurgentes o insurreccionales que operaron desde el tardofranquismo hasta la actualidad. Y, al margen, han quedado las cometidas por el propio Estado o las afectadas por la guerra sucia o por grupos de extrema derecha. Pero ya en el momento en que se construye la arquitectura legal en la que estamos instalados actualmente se prefigura esa doble vara de medir o esa inequidad.

Hay la ley de 1999, que es la que consagra a las víctimas reconocidas como tales, a las que se otorgan prerrogativas en términos de ayuda material, psicológica y económica. Esa ley es fruto de la presión que ejerce la AVT, que es la principal asociación de víctimas apadrinada por el PP y el PSOE, y es una ley que nace a raíz del atentado de 1997 contra Miguel Ángel Blanco y que está pensada básicamente para atender a las afectadas por ETA, como dice [el doctor en psicología] Carlos Martín Beristain. Después se incorpora a las del GRAPO y, a partir de 2004, también se amplía y hay una especial preocupación por las afectadas por el atentado del 11M de 2004.

Esta ley de 1999 ya en su momento contradice el convenio internacional para la prevención de la financiación del terrorismo. Es una directiva de Naciones Unidas, ratificada posteriormente por el Estado, donde se dice que la atención a las víctimas no debe restringirse únicamente a las causadas por los grupos que atentaban contra el orden establecido, sino que también debe admitir como tales, y por tanto facilitarles ayuda, reconocimiento y reparación, a las causadas por las fuerzas de seguridad del Estado.

La normativa se amplía en 2011, con la Ley de reconocimiento y reparación integral, donde tampoco se modifican esos límites. Esto a pesar de que la Unión Europea exhorta al Estado a que, en materia de legislación antiterrorista, se reconozcan los derechos fundamentales de las víctimas —que son justicia, verdad y reparación— causadas por el propio Estado y por los aparatos que orbitan en torno a él en el contexto de la guerra sucia. Hay una diferencia de trato que nace en virtud de un modelo de transición, y eso todavía no se ha reparado, de manera que las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen sin reconocimiento.

En el caso de las víctimas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más allá de la falta de reconocimiento, a menudo también han sufrido con la impunidad de los victimarios. ¿Esto es herencia de un Estado que nunca ha investigado los crímenes de la dictadura franquista?

Exacto. De hecho, Fabián Salvioli, que fue el relator especial de Naciones Unidas para la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición, ya instó al Estado español a abrir tres carpetas que son las que facilitan este marco de impunidad. Por un lado, la Ley de Secretos Oficiales de 1968, aprobada cuando Franco aún vivía, que sigue vigente y que faculta al Estado a pasarse 50 años sin abrir ningún expediente referente a los crímenes cometidos por sus propios aparatos. Después, una ley aún anterior, de 1954, donde se reconoce y se condecora a agentes del Estado que han participado en la represión, que también sigue en vigor, de manera que hay criminales franquistas y autoridades policiales que aún mantienen esa condecoración. Y después, la posterior Ley de Amnistía de 1977, que entre otras cuestiones ha sido una ley de punto final en relación con los jerarcas del franquismo y los crímenes de la dictadura.

"Hay un marco de leyes que faculta al Estado a no rendir cuentas por sus crímenes" 

Por tanto, existen esos artefactos legales que han facilitado que haya un hilo de continuidad entre las estructuras policiales y judiciales del franquismo y las actuales, y que no haya habido un proceso de depuración que, en un marco de justicia transicional, sí se ha hecho en otros países que han pasado de un Estado dictatorial a uno democrático, como Argentina, Uruguay o Brasil. Con esos tres elementos, casos como el de Puig Antich, Mikel Zabalza, Lasa y Zabala o muchos otros han quedado bajo sumario o cerrados. Son el triángulo de leyes que facultan al Estado para no rendir cuentas por sus crímenes. No solo eso, sino que lo que ha provocado es que los jueces procedentes de esas estructuras no hayan querido abrir ningún caso y, en el ámbito más policial de los mandos, muchas veces se ha comprado el silencio con una condecoración o con un ascenso de cargo.

En el libro habla de la doble victimización de las víctimas de los aparatos policiales. ¿En qué consiste?

La doble victimización es un término que incluso está estudiado desde una óptica de la sociología y de la psiquiatría. Es el hecho de añadir al dolor sufrido por el abuso y la lesión a la integridad física y psíquica de la víctima y de sus familiares, la sensación de desamparo por la inexistencia de un proceso judicial correcto, de un reconocimiento de esas víctimas y de lo que podríamos llamar un proceso de garantías de no repetición.

"La doble victimización tiene unos efectos devastadores hacia la persona que ha sufrido la lesión y hacia su entorno social"

Hay un sociólogo alemán, Axel Honneth, que habla de la teoría del reconocimiento, que es cuando esas personas no ven satisfechos sus derechos básicos, que son recibir justicia, conocer la verdad y ser reparadas, y eso les provoca un agravamiento de sus secuelas físicas y psíquicas. La revictimización o doble victimización tiene unos efectos devastadores hacia la persona que ha sufrido la lesión y hacia su entorno social.

En la construcción de este marco dominante que hay en el Estado tiene mucho peso la Asociación de Víctimas del Terrorismo, la AVT, que es la entidad más antigua en este ámbito y fue fundada ya en 1981. ¿Cuál es su papel?

Para mí, hoy es uno de los grupos insignia de la actual ofensiva reaccionaria que tiene lugar en el Estado español. Y eso ya empieza a dibujarse en la medida en que esta asociación, creada por tres viudas de militares y que sus estatutos le confieren el derecho de atender y acompañar a las víctimas de ETA, del Grapo y del yihadismo, comienza a utilizar el dolor de las víctimas para extralimitarse en sus funciones. Sus estatutos indican que debe ser apartidista y aconfesional, pero no lo es. Primero marca la pauta e interviene para definir el marco legal, tanto en la ley [de víctimas] de 1999 como en la de 2011, y, por lo tanto, es un lobby.

"La AVT es uno de los grupos insignia de la actual ofensiva reaccionaria"

Ya desde el principio profesaba un cierto españolismo y una visión retrógrada y muy católica, pero 2003 es un año muy importante porque ya se empieza a intuir cómo se pondrá al servicio de los intereses neoconservadores del PP y, posteriormente, de Vox. Ese año, bajo el liderazgo de los hermanos [Luis y Daniel] Portero, en las elecciones a la Comunidad Autónoma Vasca pide el voto explícitamente para Unidad Alavesa, PP y PSOE; es decir, ya entra en el terreno político, y en la etapa posterior, con Francisco José Alcaraz, eso se ve muy claro. Impulsa la llamada rebelión cívica, que son 12 movilizaciones que van a debilitar y a demonizar al Gobierno de Zapatero.

Se pasa de una cierta equidistancia entre los dos grandes partidos del Estado a ser un ariete contra cualquier ejecutivo progresista.

Sí, la prueba de ello es que Alcaraz ha sido senador de Vox y ahora es diputado suyo en el Congreso. En ese momento, la AVT actúa como una entidad al servicio del PP. No solo en términos de tratamiento de las víctimas, donde está por el endurecimiento de las penas, por mantener la dispersión de los presos, tiene una visión muy punitiva de la política antiterrorista, sino que además se posiciona abiertamente, junto a Hazte Oír, contra la ley de matrimonio homosexual y contra la ley del aborto. Y, en el caso catalán, participa con Sociedad Civil Catalana y Libres e Iguales en las manifestaciones contra el procés de 2017; pero también lo había hecho contra la consulta del 9 de noviembre de 2014. Además, hace todo un discurso moralista según el cual la unidad de España es un bien sagrado y un bien moral, y todo lo que sea cuestionar esos principios constituye un atentado contra la moral y contra el bien. De alguna manera, al final acabo diciendo que la AVT consagra los tres principios que nos recuerdan al Movimiento, que son "Dios, patria y familia".

"La AVT consagra los tres principios que nos recuerdan al Movimiento, que son 'Dios, patria y familia'"

Su evolución se ve muy clara en el capítulo dedicado a las puertas giratorias con los partidos políticos, porque inicialmente sí que hay personas vinculadas a los sectores más españolistas del PSOE, pero después ya solo acaban en el PP, Vox o, en su momento, UPyD y Ciudadanos.

Sí, sí. Por ejemplo, Daniel Portero es hoy diputado del PP en la Asamblea de Madrid, como también lo es Marimar Blanco. Francisco Javier Alcázar y Antonio Salvá son de Vox... Yo diría que hay dos personas muy significativas que han operado para que toda esta corriente se haya ido acomodando dentro de la derecha española. Una es Isabel Díaz Ayuso en primera persona, hasta el extremo de alimentar un discurso muy agresivo, como el "que te vote Txapote". Y la otra es María San Gil, exlíder del PP en el País Vasco. Con el tiempo, ella es una de las madrinas de Vox. Esperanza Aguirre también tiene su papel, porque para contrarrestar la asociación de afectados del 11M fundada por Pilar Manjón, de perfil progresista, monta una asociación paralela que hace un discurso muy maniqueo y conservador. Es decir, está el ala dura del PP y, en los últimos años, también Vox, que han ido incorporando expresidentes, antiguos miembros de la junta de la AVT y todo su argumentario.

Pese a esta presencia, ¿la influencia de la AVT ha perdido peso en un contexto en el que ya han pasado años desde la disolución de ETA y en el que la participación política de la izquierda abertzale está absolutamente normalizada?

Su agenda siempre ha sido ETA y el rechazo al nacionalismo vasco de una forma furibunda, hasta el punto de manifestarse contra la derogación de la Doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y después oponerse a todos los procesos de paz. En cualquier manifestación o inicio de proceso de paz, esta asociación ha ido a apuntalar toda la oposición, ha intentado impedir cualquier proceso de apertura de diálogo.

Pero a pesar de esa ofensiva, parece evidente que no lo han conseguido.

No lo han conseguido, pero aquí hay una cuestión. Cuando Ángeles Pedraza, que es la madre de una chica muerta en el atentado del 11M, deja la presidencia de la AVT en 2016, la entidad es consciente de que ETA empieza a desaparecer del panorama y la nombra presidenta de honor. Y, paralelamente, la Fundación Víctimas del Terrorismo, que es el paraguas que agrupa a 34 asociaciones, la coloca como vicepresidenta. Por tanto, han sustituido el tema vasco por el tema del yihadismo, donde se alinean con Aznar y FAES en la teoría de la conspiración sobre el 11M.

"La AVT ha intentado mantener viva la llama de ETA, con el mantra de que Sánchez se ha vendido a los terroristas"

Pero, aun así, ha intentado mantener viva la llama de ETA. Y, con la organización vasca Covite, continúa con el mantra de que Pedro Sánchez se ha vendido a los terroristas permitiendo que ETA, camuflada como partido político, esté pactando cosas. Y continúa teniendo una acción pública destinada, por ejemplo, a denunciar las concentraciones de Sare a favor del reagrupamiento de los presos, o denunció la película No me llame Ternera, de Jordi Évole. A la mínima que pueden intentan laminar o cuestionar todo lo que huela a posible validación del soberanismo o de aquellos sectores que promueven un mayor acercamiento de los presos o un proceso bajo la máxima de que ETA continúa marcando la agenda del Gobierno.

En su adaptación a los tiempos actuales decía que se puede insertar perfectamente la AVT dentro del marco de la internacional reaccionaria. Por poner un ejemplo, es muy activa a la hora de apoyar las políticas de los gobiernos del PP y Vox para cargarse las leyes de memoria y sustituirlas por eso que llaman "leyes de concordia". Es decir, sigue distinguiendo entre víctimas y menosprecia la represión de la dictadura.

Hay una batalla por la memoria en la que han entrado abiertamente. A nivel autonómico, PP y Vox están derogando las leyes de memoria para imponer esas leyes de la concordia, que son una mirada absolutamente sesgada, equiparando las víctimas del franquismo con unas supuestas víctimas que habría causado la República, y ahí la AVT también ha participado.

Ya para acabar, dedica un pequeño capítulo al final a otras víctimas, que tienen otra aproximación y defienden una memoria inclusiva que reconozca todas las vulneraciones y garantice el derecho de todas y cada una de las víctimas. Pese a que existen otras entidades, ¿por qué cree que todavía hoy, a finales de 2025, en lo que respecta a las víctimas, el relato dominante en el Estado sigue siendo seguramente el de la AVT?

Es complicado. Por un lado, a nivel territorial PP y Vox tienen un poder político bastante hegemónico y eso ha hecho que muchas tribunas y medios de comunicación intenten imponer ese tipo de relato. Por otro lado, la AVT tiene una capacidad de influencia muy potente a través de una estrategia de capilaridad muy bestia de la que dependen muchas actividades. También hay que decir que ha habido empresas muy vinculadas al periodo franquista que han jugado ese papel. Piensa que la AVT recibe financiación no solo de gobiernos locales, provinciales y autonómicos, sino también de empresas privadas como Iberdrola, El Corte Inglés, Caja Laboral, en su momento Banesto... Ha generado una comunidad y un estado de opinión que es muy difícil de abatir.

También, quizá por una cuestión de pragmatismo o de cálculo político, el PSOE siempre ha ido avanzando un poco, pero tampoco quiere perder parte del electorado que compra ese discurso. En su momento, cuando Bildu y ERC, con Joan Tardà, pidieron que en la ley de 2011 se incluyeran otras víctimas, el PSOE se mantuvo al margen. Ha hecho pequeños gestos, pero sigue aún con una lógica muy pragmática, porque sabe que el tema de las víctimas es muy sensible y es un arma arrojadiza.

"Hay otras víctimas que defiende reconocer a las víctimas del Estado"

Además, a nivel europeo, la AVT está promoviendo la Carta de Derechos de las Víctimas a través de un paraguas internacional con las asociaciones conservadoras. Y con el apoyo de Vox y PP han comparecido varias veces en el Parlamento Europeo y han organizado jornadas para imponer su relato. Y aquí sí que vemos que las otras asociaciones de víctimas no tienen la misma capacidad de interlocución. Ha habido una cierta atomización. Hay voces críticas con la AVT y su relato, pero quizá tampoco hay un consenso, aunque sí hay víctimas muy significativas que intentan resquebrajar ese relato y señalar que también hay que reconocer a las víctimas del Estado.