Los ocho miembros de la campaña Defensem els drets humans imputados por participar en la campaña del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) contra la participación del cantante Matisyahu en el festival Rototom de 2015 se han acogido este lunes a su derecho a no declarar en el juzgado.

Los ocho activistas -cinco valencianos y tres catalanes- han acudido a la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde estaban citados a declarar como investigados dentro de la fase de instrucción de la querella presentada por una asociación contra ellos por los supuestos delitos de coacción e incitación al odio.

En agosto de 2015 la organización del Rototom rectificó, pidió disculpas, asumió su "equivocación" e invitó de nuevo a Matisyahu a actuar tras haber anulado su concierto por una oleada de reacciones de condena contra la cancelación de esta actuación, que se produjo a raíz de una campaña iniciada por la organización BDS contra Israel.

El Rototom había decidido anular la actuación de Matisyahu, acusado de sionista sionista sionista por el BDS, después de que éste no se pronunciara sobre el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio y sobre el uso de la violencia.

Este lunes, a la salida del juzgado, una de esas ocho personas investigadas, Inma Milán, ha explicado que se han negado a declarar porque piensan que "participar de esta acusación" es entrar al juego de los denunciantes de "instrumentalización de una causa política legítima y no violenta".

En su opinión, la querella puede responder a "un intento de disuadir al activismo pro Palestina y solidario, y al activismo que defiende los derechos humanos", y ha defendido que en este caso siguieron los protocolos que se aplican "en todos los boicots culturales en todo el mundo".

Así, Milán ha explicado que primero se habló con el festival reggae Rototom de Benicàssim (Castellón) para pedir que no contratara a ese artista tras haber justificado "crímenes de guerra" contra el pueblo palestino, y posteriormente se hizo una campaña pública de la ciudadanía con ese mismo objetivo.

Otro de los activistas investigados, Carlos Marcos, ha señalado que la acusación "no representa al colectivo judío" y es una asociación de que la no conocían su existencia ni saben "quién está detrás", por lo que no se sentían "con el deber de declarar", y ha defendido que el Boicot, Desinversiones y Sanciones es un movimiento "legítimo" y "pacífico".