La SGAE quería sacar de la copia privada 15 millones para el fisco

"¿Conoce la cifra contenida en el acta que reclama Hacienda?", pregunta José Miguel Fernández Sastrón, socio y candidato a las elecciones de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), al director de los Servicios Jurídicos, Pablo Hernández. Sastrón ya lo ha intentado con varias personas, incluido el presidente del consejo de la gestora, Eduardo Teddy Bautista. Hernández le quiere tranquilizar. La reclamación de Hacienda se ha recurrido y, atendiendo al consejo de los asesores de SGAE, se ha apartado en una cajita (provisionado, en lenguaje contable) alrededor de la tercera parte de la sanción, por si el recurso falla. Fernández Sastrón insiste en conocer la cuantía, quiere una respuesta concreta que tardan en darle. Le parece "de extremada gravedad la omisión de ese dato en el informe de auditoría" de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Hernández, por fin, contesta: "La cantidad está en torno a 15 millones de euros".

Fue una asamblea tensa por lo que se puede leer en el acta, incluida en el sumario instruído por el juez Pablo Ruz que investiga a la SGAE. Era 11 de mayo de 2011. Faltaban 20 días para que la Guardia Civil entrara en la sede de la SGAE. Los socios de la gestora celebran su asamblea anual para aprobar las cuentas y la gestión de 2010. Un encuentro acalorado en el que se suceden las intervenciones, que ponen en duda lo que está haciendo la directiva.

La gestora podría estar esquivando a Hacienda en el peor momento del déficit

No es un momento cualquiera para eludir el pago de impuestos. Si los ánimos dentro del antiguo Cine California, donde se celebra el encuentro, están revueltos, fuera del mundo SGAE no lo están menos. Cuatro días después se iniciará en Madrid un movimiento de indignación social que dará la vuelta al mundo bajo el nombre de 15-M. Las arcas públicas están temblando y eso sirve de argumento a los gobiernos europeos, con el español como baluarte del tijeretazo, para emprender duros recortes sociales.

SGAE, que recauda más de 350 millones de euros al año por imperativo legal de los que unos 30 millones proceden del polémico canon por copia privada (o canon digital), se ve abocada a una posible multa de Hacienda como resultado de lo que Teddy califica como "una vigilancia constante de las cuentas de la sociedad" que "la Agencia Tributaria lleva a cabo desde hace dos décadas". Según el presidente, "las últimas actas que Hacienda ha levantado a SGAE" se han debido a "diferentes criterios" de Hacienda, que "no ha aceptado los aplicados por la sociedad (SGAE)". No es la primera vez que ocurre, reconoce Teddy.

En su declaración ante la Guardia Civil, Sastrón explica que, después de insistir, logró saber que "la sanción propuesta por el momento" por la Agencia Tributaria "rondaría o podría alcanzar los 15 millones de euros, principalmente por incumplir la obligación de practicar retenciones a no residentes".

Bautista reconoció ante la asamblea que no son las primeras actas

La preocupación de los socios

Pero esta vez la provisión para cubrirse frente al posible pago ha hecho que la cuenta de resultados de la gestora arroje números rojos, a pesar de que la recaudación se ha situado en 2010 en niveles precrisis. Los socios se preocupan. Oyen crujir los sólidos cimientos de sus ingresos a golpe de decisiones de la cúpula de la SGAE. Además de la deuda con Hacienda, han descubierto que el macroproyecto de teatros, que Teddy ha ido engordando tras la marca Arteria, ha endeudado a tal nivel a la Fundación Autor que los bancos han exigido a la casa madre, SGAE, que avale créditos por valor de 83 millones de euros con sus ingresos, es decir, con la recaudación por derechos de autor [ver información adjunta].

Además, se han sucedido los proyectos fallidos del proyecto Arteria, con los que acarrea también la Fundación Autor y por tanto SGAE: dos millones del Príncipe Pío; 2,7 millones invertidos en el Palacio del Infante don Luis de Boadilla del Monte, que se reclaman al municipio madrileño tras haberle sido retirada la cesión al grupo SGAE; 1,5 millones que se reclaman a la Diputación de Aragón del proyecto Fleta; y 0,9 millones del Berklee de Valencia. Olaya Fernández de la Riva, directora financiera de la Fundación Autor y Arteria, explica que al margen de estos "fallidos" se han dotado en 2010 otros "12 millones de provisión" para posibles contingencias en la fundación.

SGAE ha recurrido y tiene provisionada sólo la tercera parte de la deuda

Competencia del Gobierno

Tras conocerse la Operación Saga de la Audiencia Nacional, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero se agarró a una orden del Tribunal Constitucional de 1997 que nunca se acató. En ella se reconocía a las comunidades autónomas competencias de control de las gestoras. El clavo abrasó los dedos de tres ministros: el de Justicia, Francisco Caamaño, que aludió a la sentencia; el de Política Territorial, Manuel Chaves, que firmó el 30 de junio de este año en el BOE la transferencia al País Vasco de la competencia, inaugurando el traspaso de la responsabilidad; y la de Cultura, Ángeles González-Sinde, titular del Ministerio que debe controlar las cuentas. Teddy Bautista lo tenía claro.

En la asamblea de mayo, ante las preguntas sobre la gestión, explica para tranquilizar a los socios que "SGAE está sujeta al escrutinio del Ministerio de Cultura y de cualquier entidad que el Ministerio de Cultura quiera utilizar para comprobar si los números que se presentan se ajustan a la realidad o no". Esta realidad es ratificada ante la Guardia Civil por el secretario general de la SGAE, Francisco Galindo, que dentro de sus funciones incluye la de "custodiar la información societaria" y enviarla "al Ministerio de Cultura que tienen la competencia para supervisarla". El organismo al que envía "esta documentación de forma permanente y sistemática es el Ministerio de Cultura, en concreto a la Subdirección de Propiedad Intelectual", añade.