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La audiencia y el CSD tensan la cuerda con Villar

El presidente sigue obligado a convocar elecciones

ÁNGELES VÁZQUEZ

Más madera a la guerra Villar-CSD. La sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional rechazó ayer la petición del presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, de suspender cautelarmente la orden ministerial que obliga a las federaciones no olímpicas y a las olímpicas no clasificadas para Pekín a convocar elecciones en el primer trimestre del año.

El recurso, interpuesto a título individual por Villar, solicitaba la suspensión cautelar de la orden o en su defecto únicamente para la federación de fútbol, al entender que tiene derecho a celebrar sus elecciones 'conforme a su propia normativa electoral, como cualquier asociación privada sin injerencias de ningún tipo de la Administración'.

El CSD tampoco cede

El Consejo Superior de Deportes (CSD) trasladó ayer a la RFEF su 'desacuerdo unánime' con la postura de sus responsables, ante la 'posible adopción de acuerdos ilegales que pudieran ser constitutivos de graves infracciones' en la Asamblea del próximo lunes.

La comisión directiva del CSD aprobó 'por unanimidad reiterar la defensa del ordenamiento jurídico español que regula los procesos electorales de las federaciones deportivas', tras la aprobación el pasado diciembre de la orden del ministerio de Educación que legisla todos los comicios federativos.

Según una nota del CSD, su comisión directiva 'establece que no existe incompatibilidad entre los principios que rigen el Código Electoral Modelo de la FIFA y las normas españolas, que garantizan la independencia, participación y transparencia del proceso electoral en todas las federaciones', ante las informaciones que apuntan al posible no sometimiento deVillar a la normativa vigente.

La FIFA exige a sus federaciones asociadas que regulen sus elecciones con su ‘Código Electoral Modelo' y ha amenazado con excluir a la selección y los clubes españoles de las competiciones internacionales si se produce cualquier intervención del Gobierno.

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