El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha emitido un decreto este martes en el que establece que las competencias de la investigación por el caso Negreira pasa a manos de la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que puede tratarse de varios delitos de corrupción de especial trascendencia en los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira por parte del FC Barcelona.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investigará los hechos, que pueden ser constitutivos de un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal o un delito continuado de apropiación indebida, así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil, según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona

Por ello, la Fiscalía ha denunciado al FC Barcelona y a sus expresidentes Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell y ha propuesto que el actual presidente del Barça, Joan Laporta, sea citado como testigo.

La querella fue interpuesta ante el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona para que se acumule a las diligencias previas incoadas a raíz de una querella presentada por el árbitro de videoarbitraje Estrada Fernández contra Negreira. 

Además de los expresidentes, la denuncia se dirige contra el ex director ejecutivo del club Oscar Grau y el ex director de Deportes Profesionales Albert Soler, que eran "de la máxima confianza" Bartomeu, según el Ministerio Público.

La Fiscalía sostiene que, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, el club azulgrana "alcanzó y mantuvo" un "acuerdo verbal estrictamente confidencial" con el entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira para que, "a cambio de dinero", realizase "actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase" y en los "resultados de las competiciones".