El griterío español no hay quien lo entienda

España no es, ni mucho menos, el paraíso del dopaje. Sin embargo, buena parte del mundo así lo percibe porque, con excepciones, deportistas, políticos, medios de comunicación y aficionados españoles se envuelven en la bandera del victimismo patriotero, miran para otro lado y buscan excusas en lugar de abrir las ventanas y abordar a pecho descubierto y con celeridad la gran lacra universal del deporte profesional.

Casos como el de Contador hacen mucho daño a la imagen de un país convertido por méritos propios en potencia deportiva internacional. La gestión de la sentencia del TAS que condena a dos años de suspensión al ciclista madrileño tras dar positivo por clembuterol en el Tour 2010 confirma que, en asunto de dopaje, España sigue comunicando. Para mal.

Seis años después, la 'operación Puerto' espera resolución en los juzgados

Vítores al condenado

La imagen más reciente, el pasado martes, resume el esperpento. La foto de Pinto dibuja un gran salón de hotel caótico, repleto de periodistas de mil colores españoles, extranjeros, deportivos, rosa, amarillos y de familiares, amigos e incondicionales seguidores de Contador. Un batiburrillo que irrumpe varias veces en la rueda de prensa con aplausos y vítores al recién condenado deportista. Las parabólicas de incontables furgonetas aparcadas en las inmediaciones emiten en directo a decenas de países el espontáneo apoyo a un ciclista declarado tramposo por el TAS y arropado a su izquierda por Riis, excorredor que confesó haberse dopado durante cinco años.

Legislación a remolque

Las autoridades españolas apoyan a deportistas bajo sospecha

En 2006, la Guardia Civil desarticula una red que distribuía sustancias dopantes entre deportistas de élite, fundamentalmente ciclistas, tanto españoles como extranjeros. Es la tristemente famosa operación Puerto. Como quiera que entonces el tráfico de sustancias dopantes no estaba penado, los imputados fueron acusados de un delito contra la salud pública. El caso fue archivado en marzo de 2007, reabierto en febrero de 2008, archivado de nuevo y reabierto por tercera vez en 2009. A punto de cumplir seis años, no hay sentencia. El deporte mundial, claro, asiste alucinado a un despropósito legal que, por ejemplo, ha posibilitado que uno de los principales acusados, el doctor Eufemiano Fuentes, haya seguido ejerciendo la Medicina e incluso fue contratado el año pasado por el Universidad de Las Palmas, equipo de fútbol de Segunda B. El 23 de febrero de 2007 entra en vigor la nueva Ley Antidopaje que, por fin, sí tipifica como delito penal el suministro o tráfico con sustancias dopantes.

Agujeros burocráticos

En diciembre de 2010, la Guardia Civil lleva a cabo otra actuación de fuste contra el tráfico de sustancias prohibidas: la operación Galgo. Marta Domínguez, acusada inicialmente, fue exculpada de los cargos de tráfico de sustancias y delito, pero la jueza recuerda en el auto que sigue habiendo indicios de que la atleta recibió EPO, hormona del crecimiento y otras sustancias dentro de un plan de dopaje cíclico de 40 días. Como doparse no es delito, hasta ahí llega el caso en el ámbito judicial. Y las pruebas que llevaron a la jueza a concluir esas supuestas prácticas de Marta contrarias al reglamento deportivo permanecen archivadas en el sumario. ¿Por qué no se arbitra algún mecanismo para que, en casos así, dichos indicios se trasladen al Consejo Superior de Deportes, que tiene medios suficientes para analizarlos y, si procede, potestad para sancionar deportivamente a los implicados? Eso se preguntan en no pocos países.

Wert anuncia una nueva Ley Antidopaje "en menos de dos meses"

Injerencias constantes

Con todo, lo que más chirría en el ámbito internacional es la constante y apasionada defensa que hacen las autoridades españolas de los deportistas bajo sospecha. Sin remontarse más atrás, la inocencia de Contador ha sido proclamada públicamente por, entre otros, Zapatero, Rajoy, Rubalcaba o Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE). Y lo han hecho antes del veredicto del tribunal (TAS), durante el proceso y después de conocer la sentencia condenatoria.

Ayer fue el ministro de Educación, Cultura y Deporte quien dio su opinión: "Tenemos que distinguir dos cosas: José Ignacio Wert y el ministro. Personalmente, le doy todo el apoyo. Tengo la convicción de que Contador dice la verdad en todo y que ha habido un asunto de negligencia a la hora de tomar las precauciones debidas para no incurrir en una práctica prohibida; como ministro creo que España debe tener, y los tiene, unos compromisos con la Agencia Mundial Antidopaje, con el TAS y con nuestra propia legislación antidopaje, en los que hay que ser absolutamente estrictos y rigurosos. Eso incluye el acatamiento pleno de las cosas que no nos gustan". El ministro aprovechó para tildar de "xenófobo" y "de falta de ética profunda" el ataque a los deportistas españoles en las parodias de los guiñoles de Canal+ Francia. Y, por fin, anunció una reforma de la Ley Antidopaje española "en menos de dos meses".