Huida hacia adelante de Paquillo

Paquillo Fernández esta decidido a seguir compitiendo. Pese a estar implicado en la operación Grial de dopaje la Guardia Civil encontró sustancias prohibidas en su domicilio, el subcampeón olímpico de los 20 kilómetros marcha está inscrito en el Gran Premio de Granollers (Barcelona) que se disputa el próximo día 13.

"Claro que va a competir" señaló ayer a Público su representante, Alberto Armas. "Paquillo cuyo caché está en 6.000 euros por carrera se entrena con normalidad, hombre, una normalidad entre comillas, pero ya ha regresado a Guadix. Participará en los 10 kilómetros marcha de Granollers y se enfrentará a García Bragado y a Juanma Molina. Tiene la presunción de inocencia", insiste Armas.

No opina lo mismo Albert Soler, director general del Consejo Superior de Deportes (CSD). "Que esté inscrito no quiere decir que vaya a competir. La prudencia aconseja que no lo haga", avisa Soler.

Sin embargo, Armas rebate al director general: "El CSD no tiene por qué entrar en esto, porque Paquillo no está imputado. Yo no he visto ningún comunicado oficial de la Guardia Civil diciendo que en su casa había productos dopantes".

Jordi Estruch, el organizador de la carrera, indica que "aunque está presuntamente implicado, aplicamos la presunción de inocencia. Nos interesa que compita y sólo dejará de hacerlo si lo impide la Federación Española". Y esta no va a impedirlo. "Queremos diligencia judicial, mientras tanto no podemos actuar", razona Gerardo Cebrián, portavoz federativo.

Por otra parte, y según fuentes cercanas al caso, Paquillo ha contratado para su defensa a José Rodríguez García, el letrado de Alejandro Valverde en su presunta relación con la operación Puerto.

Precisamente ayer, la Audiencia Provincial de Madrid desestimó el recurso del Comité Olímpico Italiano (CONI) contra la decisión del juzgado que instruye la operación Puerto y que hace un año declaró nulo todo el proceso de petición de pruebas ante la posible implicación del ciclista murciano en el caso.

La Audiencia defiende la nulidad del proceso al entender que el CONI no es un organismo vinculado a la Justicia italiana, y que las evidencias obtenidas se han empleado para "la indagación de un hecho ajeno a la investigación de un delito contra la salud pública". El hecho no es otro que la posible existencia de dopaje sanguíneo por parte de Valverde.