La lista de imputados en la operación Galgo sigue creciendo. El último en sumarse a la primera relación oficial de 14 encausados es el doctor Javier Solana, médico de la Unitat de Medicina de l'Esport del Hospital La Selva de Blanes (Girona). Lo que convierte su caso en sorprendente es que se trata de uno de los médicos que se encargan de realizar controles de dopaje, tanto por sorpresa como dentro de las competiciones, de forma habitual en el deporte español. Es todo un desafío a la lógica del deporte: un médico que debe perseguir el uso de sustancias prohibidas aparece imputado por todo lo contrario en una operación contra el dopaje.

El doctor Solana sería además, presuntamente, responsable del positivo por EPO de José Luis Blanco, un caso de dopaje que ha costado a España la pérdida de una de las ocho medallas en los pasados Europeos de Barcelona (Blanco fue bronce en 3.000 obstáculos). Solana se encargaba de supervisar la preparación médica del obstaculista. Público trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con él.

Javier Solana, llamado a declarar y posteriormente imputado en el caso, aparece en el sumario de la operación Galgo, una documentación gigantesca. Sus casi 6.000 folios se van convirtiendo en una guía por la que van desfilando los médicos que infringen la reglamentación antidopaje.

La jueza Mercedes Pérez Barrios, titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, ha ordenado máximo secreto en la instrucción del caso. Continúa tomando declaración a testigos y a personas citadas en las escuchas telefónicas efectuadas por la Guardia Civil y la lista de imputados podría acercarse ya a la veintena, según ha podido saber Público. Desde el Tribunal Superior de Justicia, sin embargo, aseguran que la jueza ha ordenado silencio y no pueden confirmar ni desmentir ningún nombre o cifra de personas imputadas.

Ayer, el juzgado admitió la personación del Consejo Superior de Deportes (CSD) en la investigación de la operación, por lo que este organismo podrá solicitar pruebas (como las seis bolsas de sangre que custodia la Guardia Civil) para su utilización en procedimientos sancionadores. La jueza, que inicialmente rechazó la personación del CSD, ha estimado el recurso de reforma presentado por este y comunicó al organismo su decisión de aceptarlo. Sin embargo, la misma solicitud hecha por la Federación Española de Atletismo (RFEA) fue desestimada.

La nueva decisión de la jueza abre la posibilidad de que se pongan en marcha sanciones deportivas. El CSD ya podrá actuar como acusación particular y disponer de documentación del sumario en los procedimientos administrativos que inicie. También podrá revisar en su caso la concesión de becas del programa ADO.