El expresidente de la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI) es el único de los 19 imputados en el caso de los 'falsos paralímpicos' que ha sido condenado hoy, a una multa de unos 5.400 euros, mientras que al resto de los imputados se les han retirado los cargos. 

La sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este lunes el juicio contra diecinueve miembros de la FEDDI y del equipo español de baloncesto que ganó una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000, cuando únicamente dos de los doce jugadores tenían alguna discapacidad.

Estaba previsto que el juicio se prolongase durante cuatro días, pero un acuerdo entre las partes ha conllevado que se hayan retirado las acusaciones a dieciocho de ellos, de manera que han quedado absueltos, y que asuma las responsabilidades por lo sucedido el expresidente de la Federación, Fernando Martín Vicente, que ha sido acusado de los delitos de falsedad y estafa, a quien se ha rebajado la condena de dos años de cárcel a una multa.

Por el delito de falsedad se le impone una multa de diez euros al día durante doce meses y por el de estafa, una multa de la misma cuantía al día durante seis meses, lo que suma unos 5.400 euros. Además, Martín Vicente ha hecho efectivo un pago de 142.355 euros para restaurar el dinero que supuestamente defraudó al cobrar subvenciones concedidas porque los deportistas eran supuestamente discapacitados, según han informado fuentes jurídicas.

Al inicio de la vista, el fiscal ha anunciado que retiraba la acusación para dieciocho de los diecinueve acusados y que mantenía la del expresidente del FEDDI al ser el máximo responsable de lo que ocurrió en Sidney. Así, ha acordado rebajar los dos años de prisión que se le solicitaba en un principio por dos multas por los delitos de estafa y falsedad oficial, imponiéndole una multa de 5.400 euros. La decisión de retirar la acusación se ha producido como consecuencia a que Fernando Martín haya asumido la responsabilidad en los hechos que se produjeron, esta circunstancia exonera al resto de las personas que se habían sentado en el banquillo de los acusados.

En cuanto al único acusado, el fiscal y la acusación particular, que representa al Comité Paralímpico, han acordado que se le apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas, ya que el proceso se inició hace 13 años, y reparación del daño, dado que Fernando Martín ha abonado la indemnización de 142.000 euros que se le reclamaba en concepto de responsabilidad civil. Esta cantidad corresponde al valor de las becas que en su día se concedieron a los jugadores, pero que se quedó la federación. Tras leerle el fiscal las modificaciones en la acusación, el procesado ha aceptado y ha asumido los hechos de los que se le acusa, lo que implica que acepta la condena de multa de 5.400 euros por los delitos de estafa y falsedad oficial.

Los hechos se remontan al mes de octubre de 2000 con la XI edición de los Juegos Paralímpicos en Sidney, destinados a personas con minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales, con la participación de 200 deportistas españoles, entre los que se hallaban los doce integrantes del Equipo de Baloncesto de Discapacitados Intelectuales, adscrito a la Federación Española de Deportes para Discapacitados Intelectuales (FEDDI), que presidía Fernando Martín. Los ahora exonerados participaron 'a sabiendas de que carecían de toda discapacidad, y por tanto del correspondiente certificado oficial de minusvalía expedido por el INSERSO o el organismo pertinente de la comunidad autónoma.

Uno de los jugadores, el periodista Carlos Ribagorda, se infiltró en el equipo para sacar a la luz que de los doce componentes del equipo solo dos eran minusválidos. Tras saltar el escándalo, varios de los deportistas devolvieron la medalla de oro que habían obtenido en la competición.

Tras quedar visto para sentencia, Carlos Ribagorda ha explicado que decidió destapar la estafa después de que tuviera conocimiento que varios de los jugadores de baloncesto que compitieron en Brasil en 1988 y en el Eurobasket de 1999 no eran minusválidos. 'A partir de ahora habrá un sistema de medición mucho más fiable', ha reseñado.