Han pasado ya más de cuatro años. El 21 de noviembre de 2006 el Parlamento aprobaba la Ley Orgánica 7/2006 de Protección de la Salud y de Lucha contra el Dopaje en el Deporte, un enorme paso adelante ante la ausencia de legislación antidopaje en nuestro país. Sin embargo, la ley nació coja.

Desde que se aprobó la llamada ley Lissavetzky han sido destapados 36 casos relacionados con el dopaje en el deporte español. Los deportistas españoles que han caído en las redes de los controles acostumbran a purgar su trampa con una sanción de dos años sin poder competir, que queda reducida a uno si han colaborado en la resolución de otros casos. Es decir, el mismo castigo que existía antes de la ley. Porque los procesos penales siguen sin producir resultados. Los inductores no pagan. Y eso que la ley nació justamente para perseguirlos.

Son 36 los deportistas que han caído en el dopaje en cuatro años

De todos los casos aparecidos (entre positivos y hallazgos de investigaciones de la Guardia Civil), el ciclismo domina con 24, exactamente dos tercios del total. El atletismo, sin embargo, se le ha acercado desde el pasado mes de diciembre, con la aparición de los implicados por la jueza Pérez Barrios. Hay ya nueve atletas relacionados con el dopaje desde la aprobación de la Ley Antidopaje.

Theresa Zabell, vicepresidenta primera del Comité Olímpico Español, considera que es necesaria la creación de una agencia antidopaje 'independiente'. La ex campeona olímpica de vela cree que 'los jueces retardan las decisiones y la carrera de un deportista es corta. Es complicado tener que esperar a la decisión de un juzgado, por eso sería mejor disponer de un órgano más especializado, una justicia deportiva, una agencia que quizá podría tener participación del CSD, pero no estar controlada por el Gobierno'.

Arturo Ortiz, entrenador de atletismo y actual plusmarquista nacional de salto de altura, opina que 'lo importante es que la justicia está investigando. Todos sospechábamos que los controles eran ineficaces y eso se está comprobando ahora'. Para Ortiz, es fundamental que entes ajenos al deporte lleven a cabo investigaciones: 'Hace muchos años, cuando los atletas rusos venían a entrenarse a Madrid, aparecían envases de anabolizantes en los contenedores. Y nadie investigaba eso. Ahora sí se puede hacer, porque la ley permite investigar'.

La Federación de Atletismo no tiene prisa por resolver los expedientes

Otro recordman nacional, Ángel David Rodríguez (100 metros lisos), señala que 'los jueces saben de legislación penal, pero no de legislación deportiva. La justicia ordinaria trabaja con lentitud. La ley de dopaje lleva cuatro años y aquí no ha habido ningún juicio. ¿Por qué? Ahora que se dice que el asunto de Marta Domínguez se está convirtiendo en un tema político, a lo mejor resulta que hay cosas que no han salido, precisamente por eso mismo, por razones políticas', concluye el velocista madrileño.

El artículo 361 bis del Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a dos años, multas de 6 a 18 meses para los que se lucren con el dopaje e inhabilitaciones especiales para empleo o cargo público de dos a cinco años para aquellos que 'sin justificación terapéutica, prescriban, proporcionen, dispensen, suministren, administren, ofrezcan o faciliten (...) sustancias prohibidas'. En teoría, sólo está penado la inducción al consumo y el tráfico de sustancias, aunque Ángel David Rodríguez considera que la ley admite otra lectura. 'Yo digo que si se lucra el que vende, también se lucra el que compra. Porque si alguien se dopa y consigue unos resultados deportivos que le aportan un dinero, pues se está lucrando', apunta el atleta.

Ex atletas y directivos reclaman una agencia independiente

La creación de una agencia antidopaje dotada de más independencia es una medida que también reclama Arturo Ortiz. 'Yo tengo claro que los controles y las investigaciones las debe llevar a cabo una agencia centrada en el deporte, pero que no tenga nada que ver con las federaciones. Habría que dotarla de un presupuesto para que pudiera investigar sobre sospechas'.

En el caso de la operación Galgo, a Zabell le preocupa la actual situación de Marta Domínguez. 'A mí me sabe mal ver que la hemos juzgado antes de tiempo. Eso es duro para una persona. Lo que sucede es que se trata de un personaje famoso, es muy conocida y eso da morbo. Pero, insisto, hay que esperar', apunta la vicepresidenta del COE.

De momento, la patata caliente está en manos de la Federación Española de Atletismo, que es la que va a sentir ahora la presión de los casos que la operación Galgo aún no ha resuelto. El organismo que dirige José María Odriozola ha abierto expediente a todos los implicados en la operación policial, pero no ha mostrado mucho interés en acceder a las pruebas, bajo jurisdicción del Juzgado 24.

¿Se van a solicitar las bolsas con restos de sangre que fueron confiscadas el pasado 9 de diciembre? ¿Se va a pedir a la Guardia Civil que examine el ADN de las muestras de las que se incautó? De momento, el Consejo Superior de Deportes se ha personado en la causa. Sin embargo, no consta que las pruebas se hayan solicitado aún. La operación Galgo, que vive en el Juzgado, no termina de llegar al deporte.