Casi 3.000 familias se ven cada mes en la calle por no poder pagar el alquiler

ZARAGOZA .- “Gente que perdió la casa por no poder pagar la hipoteca vuelve a quedarse en la calle por desahucio porque no llega al alquiler. Conservan una deuda con el banco que hace muy difícil que puedan salir adelante”, explica Mayte Andreu, directora general de Vivienda del Gobierno de Aragón y miembro de la Mesa del Sobreendeudamiento, un foro en el que, por vez primera, bancos, consumidores, juristas y afectados por los desalojos se sentarán para tratar de buscar soluciones legislativas al lastre social que provocó la disparatada política crediticia de los primeros años de la burbuja y los que le precedieron.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) señalan cómo las demandas de ejecución hipotecaria que los bancos llevan a los jueces casi se cuadruplicaron en España entre 2007 y 2010, cuando pasaron de menos de 26.000 –medio millar por semana- a más de 93.000, para iniciar un progresivo descenso que situó la cifra final del año pasado en 68.135.

Pese a ello, los juzgados llevan cuatro años recibiendo en torno a 70.000 peticiones de desalojo por deudas -69.631 en 2015, a 626 del récord de 70.257 de 2012-, mientras que las ejecutadas llevan tres años superando las 67.000 con un reparto que avala las conclusiones de Andreu: 109.862 tuvieron como causa el impago de alquileres –casi 3.000 cada mes, cuatro por hora- y 83.913 en descubiertos en la hipoteca.

Es decir, que la imposibilidad de pagar el arriendo se ha convertido en la primera causa de pérdida de la vivienda, por encima del incumplimiento de las condiciones de devolución de los créditos y con independencia de que, en la mayoría de los casos las causas sean comunes: merma de ingresos por despido, accidente, enfermedad, ruptura familiar, fallecimiento de un cónyuge o cese en el trabajo por tener que hacerse cargo de un pariente, principalmente y combinados, a menudo, con un volumen de crédito que se convierte en inasumible y/o unas condiciones leoninas por parte de la entidad financiera.

La constatación de esta realidad en Aragón, donde casi un millar de personas pierde su casa cada año por desahucios por impago de alquileres mientras las ejecuciones hipotecarias no alcanzan las 800, llevó a los departamentos de Ciudadanía (PSOE) y de Vertebración del Territorio (Cha) a impulsar la Mesa de Estudio del Sobreendeudamiento Familiar, que celebrará su primera sesión el próximo 30 de septiembre.

En ella se sentarán, junto con cargos de las dos consejerías, jueces, juristas, miembros de la PAH y de Stop Desahucios, representantes de los consejos de consumidores y de Servicios Sociales y delegados de las asociaciones estatales de bancos (AEB), cajas de ahorro (CECA) y cooperativas de crédito (Unión Nacional de Cooperativas de Crédito). Estas últimas estarán representadas por Ibercaja y la Caja Rural de Teruel.

“Es importante hacer una reflexión que nos permita elaborar una ley aragonesa de Vivienda que nos permita enfrentar este tipo de situaciones, y también en otros ámbitos”, explica Andreu, quien destacó cómo los trabajadores sociales de la consejería de Vertebración del Territorio llevaban un tiempo detectando el fenómeno del segundo desahucio.

“Es muy difícil que esta gente pueda salir adelante. Con una mochila de decenas de miles de euros de deuda es muy complicado que puedas normalizar tu situación”, señala Andreu, que pone sobre la mesa otra de las carencias del sistema legal español: “la Ley de Segunda Oportunidad contempló la prescripción de las deudas en el sector empresarial, pero no en el hipotecario”.

En este sentido, la directora general de Vivienda aragonesa remarca que “el sobreendeudamiento no solo genera un problema de presente, sino que complica extraordinariamente el futuro e impide a muchas familias salir adelante”. “Hemos de legislar para las personas”, añade.

Esta iniciativa, a la que incluso la banca se ha mostrado receptiva, es una muestra más del intenso componente social de la política que están desarrollando en Aragón el Gobierno PSOE-Cha y sus aliados parlamentarios de Podemos e IU, y que está encontrando su principal grupo de oposición en el Gobierno central.

Este acordó el pasado viernes llevar al Constitucional el decreto de emergencia aragonés, que establece en la comunidad avances como como la inembargabilidad de las ayudas sociales, el veto a los desahucios sin alternativa habitacional para familias en situación de vulnerabilidad y la creación de una bolsa pública con viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias a las que la banca lleve al menos seis meses sin dar uso.

El ejecutivo central, que también pretende judicializar las ayudas a la economía social, sostiene que la primera de esas iniciativas invade sus competencias y que la segunda afecta a sus potestades en materia económica y de ordenación del crédito. Y, paralelamente, sostiene que el uso social de las viviendas ejecutadas “infringe varios artículos de la Constitución y vulnera los principios de igualdad, proporcionalidad y de reserva de ley”, además de suponer “un perjuicio sobre la política económica al imposibilitar los fines para los que han sido creadas las sociedades de gestión de activos”.

Este último apartado llama la atención, ya que, mientras vende paquetes de vivienda, solares y promociones a medio construir a empresas privadas, las 80 casas que la Sareb ha puesto a disposición del Gobierno de Aragón se encontraban tan deterioradas que eran inhabitables. Esta situación se ha dado también con otras instituciones.