Abertis eleva a 2.600 millones la factura que el Estado le debe por la autopista AP-7

Abertis cifra en 2.603 millones de euros el importe que el Estado le adeuda por las inversiones y los descuentos en el peaje que la compañía realizó en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña en función de un acuerdo alcanzado en 2006 con el Gobierno y aprobado entonces por Real Decreto.

De este importe, 835,95 millones corresponden a las obras de mejora y ampliación que el grupo, a través de Acesa, realizó en la vía, y los 1.767 millones de euros restantes a la compensación acumulada desde entonces por el descenso del volumen de tráfico.

El Ministerio de Fomento deberá abonar la primera de estas cuantías en 2021, esto es, cuando concluya el plazo de concesión de la autopista, que explota los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo.

En cuanto a la cantidad relacionada con el tráfico, su pago en ese mismo año está pendiente de lo que decida el Tribunal Supremo, instancia judicial a la que ha desembocado el desacuerdo y el contencioso que Abertis y Fomento mantienen por esta cuantía desde 2011.

A comienzos de 2017, Abertis logró una sentencia favorable sobre este pago por parte del Tribunal Superior de Justifica de Madrid, si bien el Departamento que dirige Íñigo de la Serna recurrió el fallo ante el Alto Tribunal.

En caso de que el Supremo ratifique al juez de Madrid y dicte sentencia a favor de Abertis, el Estado tendría que abonar al grupo en 2021 el importe que corresponda entonces, dado que las dos cuantías van incrementándose cada año.

En su informe anual, Abertis indica que este contencioso está aún pendiente de resolución, después de que el Supremo haya aceptado una solicitud de ampliación del recurso presentada por el grupo ante una resolución contraria del Consejo de Ministros de julio de 2017.

No obstante, la compañía considera que "se mantiene la solidez de los argumentos jurídicos que siempre han sustentado la validez jurídica del saldo de compensación de tráfico" en liza, según indica en dicho informe, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dispuesto a pelear ante todas las instancias posibles

Abertis reitera su disposición a "procurar llegar a una solución con la Administración que proteja sus intereses", si bien ratifica que, "si no fuera posible, los defenderán como proceda ante todas las instancias posibles de los Tribunales de Justicia".

El grupo de autopistas mantiene este litigio con Fomento mientras la compañía es objeto de la batalla de OPAs que ACS y la italiana Atlantia libran por lograr su control.

De su lado, el Ministerio está pendiente de este proceso en tanto este año afronta el rescate de nueve autopistas de peaje en quiebra y su posterior readjudicación a empresas privadas mediante un concurso público. Se da la circunstancia de que Abertis participa en cuatro de estas vías y ha mostrado interés en volver a pujar por ellas.

En cuanto al contencioso de la AP-7, tiene su origen en 2006, cuando el entonces Gobierno socialista alcanzó un acuerdo con Abertis, aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros. En virtud del pacto, la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejoras en el referido tramo de la autopista AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes. De su lado, el Estado se comprometía a asumir el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.

No obstante, en 2011, tras el cambio de Gobierno, Fomento comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en lo que a las compensaciones por el tráfico se refiere y tras un intercambio de consideraciones e informes el asunto derivó a los tribunales.

La última manifestación del Ejecutivo sobre este asunto es la resolución dictada por el Consejo de Ministros en julio e 2017, en el que concluía que no correspondía compensar a Abertis por el tráfico de la AP-7 y señalaba a la caída de usuarios en todas las vías durante la crisis.