Uno de los astilleros privatizados por el PSOE, al borde del cierre

Es la crónica de una muerte anunciada. Juanjo Llordén y sus compañeros la veían venir desde hace años. Lo dijeron una y otra vez, pero nadie les hizo caso. Hoy maldicen al cielo mientras miran hacia la ría: para sus desgracias, tenían razón. La Naval, uno de los últimos símbolos vivos del motor industrial que alguna vez fue la Margen Izquierda de Bizkaia, está a punto de cerrar. Junto al gran astillero vasco caerá un mito, pero también una fuente de empleo en un oasis de paro.

El miedo, la angustia y la rabia se darán cita este miércoles en las calles de Sestao, una de las localidades con más desempleados por metro cuadrado del País Vasco. En este municipio situado a escasos 15 minutos de Bilbao ya están acostumbrados a mirar al cielo: la desindustrialización supuso que este pueblo de 30.000 habitantes perdiera la mayoría de sus empresas insignias, con Altos Hornos de Bizkaia al frente.

La larga calle Txabarri, hoy convertida en un mar de lonjas vacías, es un buen resumen de esta pesadilla: allá donde antes había vida, bares y trabajadores con buzos azules, hoy sólo quedan los recuerdos de una época pasada.

En ese cementerio de fábricas muertas sólo se mantenía viva La Naval. En 2006, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó la privatización de los astilleros españoles, empezó a tirar de respiración asistida. Hoy parece que no hay médico que le salve: a finales de septiembre, el administrador concursal abrió la fase de liquidación del astillero, cuya mayoría de las acciones pertenecen a los gigantes Ingeteam y Astilleros Murueta, propietarios de la mayoría de las acciones (34,3% cada uno).

“Justo este miércoles se cumple un año del concurso de acreedores, que se inició por la nefasta gestión de los inversores que compraron la empresa cuando se privatizó”, dice Llordén a Público. Su calculadora aporta unas cifras contundentes: en la etapa previa al concurso, la empresa llegó a acumular 150 millones de euros en pérdidas. “Las deudas eran tremendas, y la bola de nieve se hizo gigante”, describe. La plantilla de La Naval es de 177 personas –de las cuales ahora sólo trabajan unas 20-, pero en los momentos de más actividad llegaron a prestar funciones cerca de 2.000 operarios. Casi tantos como los parados que tiene hoy Sestao.

Sin inversor no hay barco

El último capítulo de la historia de La Naval tiene un protagonista holandés. El armador Van Oord, propietario de la draga Alexia que se construye en este astillero, ha decidido no continuar con la obra bajo el argumento de que no existe ningún inversor solvente que garantice el futuro de La Naval. “La solución es clara y sencilla: los únicos inversores viables son el Gobierno central y el Gobierno Vasco”, dice Llordén a este periódico.

También se lo ha dicho a representantes de ambas administraciones, pero de momento no ha habido ninguna respuesta clara: por el contrario, desde Madrid y Vitoria repiten una y otra vez que la normativa europea es muy rígida en materia de ayudas de Estado, por lo que cualquier tipo de rescate sería bloqueado por la UE.

“Aún no he visto ninguna declaración con fundamento jurídico y técnico sobre este tema. En el Ministerio de Industria, por ejemplo, nos dijeron que no es que no se pueda, sino que es muy difícil o que llevaría mucho tiempo”, afirmaba el representante del comité de empresa pocas horas antes de que empezara la movilización de Sestao. “Entonces sí se puede –reflexionó-: lo que hay que tener son ganas de trabajar en este asunto”.

Última esperanza

En ese contexto, el Gobierno Vasco afirmó en los últimos días que estaría dispuesto a entrar en La Naval si surgiese un inversor privado. “A partir de ahí, en ese escenario, contando con un proyecto viable y de carácter industrial, el Gobierno Vasco sí podría analizar su participación, siempre y claro está, de acuerdo con los inversores, en los términos que la legislación comunitaria establece para estos casos y contando con el compromiso de los trabajadores”, afirmó el lehendakari, Iñigo Urkullu, en el Parlamento Vasco.

El problema está en los plazos: si en aproximadamente 15 días no aparece ese inversor, el administrador concursal pondrá fin al último símbolo de la Margen Izquierda de Bizkaia. El paro y la pobreza vendrán después.