La Audiencia juzgará a la cúpula de la CAM por la quiebra de la caja
Petición de penas
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MADRID.- La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado este miércoles la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. Les reclama, además, una fianza por responsabilidad civil por importe de 1.592 millones de euros, que tendrán que depositar en las próximas 24 horas.
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En cuando al exdirector general Roberto López Abad la magistrada le acusa en su caso de todos los delitos citados con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. Procede, además, contra los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa a los que acusa de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y apropiación indebida.
Según indicaba el antecesor de Lamela al frente del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, los exdirectivos no pusieron "objeción alguna a operaciones que iban a suponer un perjuicio patrimonial y un debilitamiento extremo de la entidad, provocando perjuicio a accionistas, acreedores y clientes".
Petición de penas
La Fiscalía pide que Roberto López Abad, María Dolores Amorós, Teófilo Sogorb y Francisco José Martínez sean condenados a penas de siete años y medio de cárcel y al pago de una multa de 180.000 euros cada uno de ellos.
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Por su parte, el Fondo de Garantía de Depósitos reclama, 9 años para Crespo, Amorós, y Sogorb y 3 años para López Abad y Martínez García. Pide para todos ellos la imposición de una multa de 144.000 euros. En el caso de Sabater, pide dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.