La Audiencia Nacional desimputa a Francisco González por el supuesto uso de recursos de BBVA para valorar la compra de una finca

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Manuel García Castellón de ampliar la investigación contra el expresidente del BBVA Francisco González por supuesta administración desleal, en la causa sobre la relación de la entidad con la empresa Cenyt, del comisario jubilado José Villarejo.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección tercera de la sala de lo Penal estima el recurso de la defensa del banquero y anula la resolución del magistrado, dictada el pasado julio a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, González seguirá investigado por presuntos delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos.

La administración desleal achacada por el Ministerio Público hacía alusión al informe de que el banquero, con recursos del BBVA, habría encargado al comisario para valorar la adquisición de una finca a título personal, unos hechos que, en cualquier caso, no guardarían relación con el procedimiento, dice ahora la sala.

El análisis realizado por Público concluye en que González evaluó al menos media docena de fincas entre 2011 y 2015, con la participación del comisario Villarejo en algunos casos. Uno de estos inmuebles es la 'Hacienda La Alamedilla', también presente el caso Pequeño Nicolás.

Esta cuestión salió a la luz durante el interrogatorio del exdirector de Riesgos del banco Antonio Béjar, también investigado. A tenor de su versión, el que fuera director del gabinete de presidencia de la entidad, Joaquín Gortari, le habría dado "instrucciones precisas" para investigar la situación jurídica del propietario de una finca que Francisco González quería comprarse en El Escorial (Madrid).

González alegó en su recurso que todas las gestiones que realizó con brokers y tasadoras fueron pagadas "de su bolsillo"

Este relato fue aclarado por González en su recurso, en el que alegó que todas las gestiones que realizó con brokers y tasadoras fueron pagadas "de su bolsillo". El expresidente del BBVA cuestionaba además la legitimación de la Fiscalía para impulsar la investigación por este delito, ya que el Código Penal en vigor en el momento en el que tuvo lugar esta conducta exigía la denuncia de la persona agraviada, que sería el propio banco.

Sin embargo, la entidad, que figura como investigada, "no ha formulado denuncia ni reclamación alguna", y añadía que "el eventual perjuicio, en este caso de mínima entidad, no puede considerarse suficiente para afectar al banco y, menos todavía, al sector financiero o a la economía nacional".

Se necesitaría una denuncia previa del banco

En esta ocasión, la sala estima la petición de González y explica que el que "BBVA, sociedad eventualmente perjudicada, sea una de las principales entidades bancarias de nuestro país y tenga muchos accionistas no implica que exista una afectación de los intereses generales o de una pluralidad de personas".

De hecho, de resultar ser cierto, "la conducta tendría, dada su escasa entidad, una repercusión nimia en el patrimonio de la sociedad y sería moderado el riesgo reputacional". Menos aún, prosigue, "cabría concebir un perjuicio apreciable para los accionistas o para la economía en general".

Por tanto, para poder investigar ese delito concreto se necesitaría "ineludiblemente" una denuncia del banco. En este punto, los magistrados recuerdan que, con independencia de que finalmente pudiera acreditarse esta conducta, la investigación en esta pieza separada del caso Villarejo se centra en "las contrataciones llevadas a cabo desde BBVA a Cenyt".

Así, teniendo en cuenta que el encargo de la finca "fue precisamente realizado por el (entonces) presidente de BBVA a un empleado y tenía por objeto servicios (...) relativos a la averiguación de la situación de un inmueble, parece claro que los hechos se habrían cometido al margen de la organización criminal investigada".

Al no guardar relación con este procedimiento en concreto, las supuestas infracciones "deberán ser, en su caso, investigadas en otro distinto, por el órgano judicial competente que no es la Audiencia Nacional".

'Operación Trampa'

La operación Trampa, novena pieza separada del caso Villarejo, gira en torno a los supuestos servicios de espionaje a políticos, empresarios y periodistas que el banco encargó al comisario desde 2004, cuando la constructora Sacyr inició un movimiento para tratar de tomar el control de la entidad que finalmente no tuvo éxito.

A mediados de 2019, el juez acordó la imputación tanto del BBVA como de Francisco González en una causa en la que figuraban como investigados otros exdirectivos del banco, como el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, o el ex consejero delegado Ángel Cano.