Joaquín Urías, tras ser atacado por estudiantes radicales: "Esto supera todos los límites"

"El Valle no se toca". Esta es la pintada que ha aparecido "hace un par de días" en el despacho de Joaquín Urías (Sevilla, 1968). "Me llamaron de la facultad para avisarme de lo que había ocurrido; no le quise dar importancia, pero luego recibí más información y tenemos motivos para preocuparnos", reconoce en una conversación con este diario. Urías trabaja como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla; lleva 35 años formando a futuros abogados, fiscales y jueces. "La universidad siempre ha estado politizada y me parece fenomenal, porque los estudiantes deben manifestar sus preocupaciones. Lo que pasa aquí, sin embargo, supera todos los límites, los derechos y la dignidad de las personas deberían ser algo intocable. No había visto algo así en toda mi carrera", añade. Las pintadas llevaban la firma del sindicado estudiantil de la Juventud Falangista Española. 

Los jóvenes "iban encapuchados", tal y como prueban las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro. "Hablamos de una actuación premeditada", insiste el abogado, que también ha recibido amenazas personales en una reunión del consejo de departamento. "El líder de una pandilla ultraderechista participaba como representante de los alumnos; llegado un momento pidió la palabra y me miró fijamente diciendo que me tenía que aguantar, porque quien siembra viento, recoge tempestades; me llegó a decir que los rojos fusilados estuvieron bien fusilados e hizo un amago de saludo nazi", detalla. 

Las pintadas hacen referencia a una polémica surgida en las redes sociales; "culpables –en parte– del actual clima de polarización". El 11 de marzo, Joaquín Urías publicó un tuit apoyando a Esther López Barceló. Hazte Oír había denunciado a la escritora por pedir públicamente la demolición de la cruz cristiana más grande del mundo; la del monasterio de Cuelgamuros. "Yo también quiero que dinamiten la cruz del Valle de los Caídos", reivindicó con cierta ironía el profesor.

"No es que esté especialmente a favor de dinamitar el recinto; de hecho, me parece un problema tan complicado que no le encuentro todavía solución. El tuit no lo puse porque me preocupe el Valle de Cuelgamuros, lo puse porque me preocupa que quien pida su demolición pueda ser castigado o perseguido. Es un asunto que tiene que ver con la libertad de expresión", defiende, para luego añadir: "Eso es lo que me preocupa, la libertad de expresión". La comunidad educativa ha salido en defensa del letrado y ha condenado la vandalización de su despacho.

La regresión democrática en las universidades

La Universidad de Sevilla está "recabando pruebas" y mantiene abierta una investigación, tal y como ha confirmado El Correo de Andalucía. Joaquín Urías insiste en restarle importancia a los ataques –"mi caso concreto tiene la importancia que tiene"– y pide hacer una fotografía más amplia de lo ocurrido. "Lo que me preocupa realmente es la deriva de la sociedad, sobre todo de las nuevas generaciones. Las pintadas en mi despacho son sólo un síntoma; una buena oportunidad para que empecemos a preguntarnos qué está pasando en las universidades", señala. 

La extrema derecha ha intensificado en los últimos meses los ataques contra los centros de educación superior; Vox y sus círculos hablan de las universidades como "máquinas de censura, coacción y adoctrinamiento". Lo mismo ocurre con los líderes de la corriente ultra en Estados Unidos, Argentina o Francia. "Las redes sociales han marcado aquí un punto de inflexión. El anonimato permite insultar y utilizar la violencia con total impunidad. La falta de consecuencias en este sentido está haciendo que la violencia pase también al mundo real; tenemos alumnos que han crecido en entornos digitales y llegan a las aulas con discursos agresivos, lanzando amenazas de muerte o historias falsas para atacar a compañeros y profesores. Lo que antes pasaba en las redes, ahora contamina las universidades", expone Joaquín Urías. 

El jurista considera que "las soluciones son complicadas", pero tiene claro que "las universidades no pueden descolgarse de unos consensos democráticos básicos", unos principios relacionados con la "dignidad" y el respeto que llevan décadas encima de la mesa. "Tenemos estudiantes que quieren ser jueces o abogados y defienden públicamente la prohibición de la religión musulmana, la violencia policial y el antifeminismo", advierte Urías, que responde de manera contundente cuando le preguntan por el camino a seguir: "La solución no está sólo en manos de la universidad, sino de la sociedad, no podemos consentir cosas que nunca antes habíamos consentido".