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Corrupción La Audiencia Nacional imputa al dueño de Supermercados DIA por la caída del grupo Zed

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ha comienzos de semana la imputación del Fridman, el magnate de los supermercados, por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal e insolvencia punible.

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Mijail Fridman, primer accionista de Dia, en una imagen de archivo. / EFE

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado citar como investigado -antes imputado- al empresario ruso y máximo accionista de la cadena de supermercados DIA, Mijaíl Fridman, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la caída del grupo tecnológico Zed.

Según han informado fuentes jurídicas, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 ha aceptado la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que a comienzos de semana solicitó la imputación del magnate por supuestos delitos contra el mercado, administración desleal e insolvencia punible.

El relato del Ministerio Público ubica al empresario en el origen de la insolvencia de Zed, una situación que Fridman, accionista del grupo tecnológico, habría propiciado con maniobras para asfixiar a la compañía económicamente y después adquirirla a un "precio irrisorio" por debajo del de mercado.

Los vínculos con el empresario se remontan a hace casi una década, con la entrada en el accionariado de varias de sus sociedades afines.

Éstos se intensificarían más tarde, en 2013, cuando Zed, a la vista de su crecimiento, planeó su salida a bolsa en el Nasdaq estadounidense, operación para la que requería de una línea de crédito de 140 millones suscrita con varias entidades, entre ellas Amsterdam Trade Bank, filial del Alfa-Bank controlado por el ruso.

Papel privilegiado

El informe de Anticorrupción describe cómo Fridman "se aseguró una posición dominante" en la sociedad de la familia Pérez Dolset, lo que le daba un papel privilegiado "frente a cualquier decisión, en la medida que participaba del accionariado y, al mismo tiempo, era uno de los principales acreedores".

Como "acción de presión y ahogo económico", los socios rusos "subordinados" a Fridman, los ya imputados Vage Engibaryan y Sergey Gorbuntsov, "planificaron una estrategia ilegal de interrupción de pagos de dividendos de las filiales rusas", hecho que dio como resultado "una falta total de liquidez".

Esta circunstancia, unida a las modificaciones "agresivas e injustificadas" de contratos, a la "pérdida de capitales en presuntas comisiones ilegales y a las obligaciones crediticias (...) llevó a la compañía española a la insolvencia".

El "favorecimiento" de los inversores rusos culminó con una oferta de compra fechada en octubre de 2016 por importe de 20 millones de euros, prosigue Fiscalía, que ve ese precio "muy por debajo del que era su valor cuando dieron comienzo las maniobras de paralización y bloqueo".

La oferta finalmente fue presentada por las sociedades vinculadas a Engibaryan y el grupo Planeta.

La denuncia previa de Pérez Dolset

Las sospechas de Anticorrupción, de las que ahora se hace eco el juez en su auto, parten de la denuncia previa del expresidente de Zed Javier Pérez Dolset, que en 2016 expuso ante la Fiscalía una serie de actuaciones personales y societarias de sus socios que podrían ser constitutivas de una absorción ilegal de empresas.

Esta práctica, conocida en el entorno criminal ruso como "raid" (asalto o ataque) busca el apoderamiento total de una compañía mediante un procedimiento complejo que se vale de actuaciones de distinta intensidad, ejecutadas en diversas líneas y que culmina con el bloqueo de la sociedad para adquirirla a un precio "irrisorio".

Apenas un año más tarde, en 2017, la Audiencia Nacional abría una causa contra el propio Pérez Dolset y otras diecinueve personas, por un presunto delito de fraude de subvenciones en la compañía, que habría ocasionado un perjuicio de más de 100 millones de euros.

En su querella, la Fiscalía ya advertía de los vínculos de Fridman con Zed; sin embargo, no ha sido hasta después el último informe policial, aportado a la causa el pasado julio, cuando ha considerado probada la existencia de un nexo entre el papel del empresario y la caída, supuestamente provocada, de la compañía.

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