Banco Popular se niega a entregar documentos a un juzgado

El Banco Popular ha desoído la orden del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona y se ha negado a entregar el acta de la reunión que el consejo de administración de la entidad mantuvo el 6 de junio de 2017, la víspera de que la JUR (Junta Única de Resolución) y el Frob (Fondo para la Reestructuración Ordenada Bancaria) ordenaran y ejecutaran su venta al Santander por un euro.

La magistrada había ordenado la entrega del documento “íntegra y sin tachaduras”, es decir, con sus anexos, en la misma resolución en la que, dentro de la demanda presentada por un ahorrador que perdió los 28.000 euros que había invertido en acciones durante la ampliación de capital de 2016, llamada a declarar como testigo a Emilio Saracho, presidente de la entidad cuando esta fue resuelta, que deberá dar su versión del fiasco bajo juramento.

Sin embargo, el banco ha remitido al juzgado un escrito en el que sostiene que las actas del consejo tienen “carácter reservado” y que, en todo caso, la que ordena entregar la magistrada fue remitida a las autoridades financieras, entre ellas el Frob. El expediente que abrió este también es confidencial, argumenta la entidad, por lo que “no podrán ser divulgados a ninguna persona o autoridad, ni utilizados con finalidades distintas de aquellas para las que fueron obtenidos”.

Certificar documentos disponibles en internet

En su lugar, los responsables de Popular, que tratan con esta maniobra de evitar que el acta del consejo llegue a los tribunales, remiten al juzgado un certificado con dos documentos disponibles en Internet: el hecho relevante que el Frob comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 7 de junio y la resolución por la que ordenaba liquidar las acciones e instrumentos de capital del banco. En ellos, señala, “dio cuenta expresamente del acuerdo adoptado en la reunión”.

El acta de la reunión del consejo resulta clave para determinar si los responsables de Popular engañaron a los inversores al ocultar la verdadera magnitud de su descuadre, tal y como sostienen la Fiscalía y los cientos de demandantes que han presentado demandas y querellas, o si se trató de una crisis sobrevenida que la fuga de capitales de los días anteriores hizo insostenible.

“El consejo de Administración de Banco Popular determinó en esa reunión que la entidad era inviable (…) y se acordó comunicar esa situación de manera inmediata al Banco Central Europeo, que, a su vez, lo comunicó al Frob y la JUR”, se limitan a especificar los servicios jurídicos de la entidad en el escrito dirigido al juzgado.

“No es de recibo excusarse en el Frob”

La sucesión de noticias sobre la deuda resultó vertiginosa tras la ampliación: el agujero que iba a quedar tapado con los 2.500 millones de la oferta de acciones que se cerraba en junio de 2016 había crecido en diciembre hasta 3.500 millones, alcanzaba los 4.200millones en abril y superaba en junio, según los cálculos de los nuevos gestores, los 12.000millones.

La resolución conllevó la amortización de 4.128 millones de euros en acciones, buena parte de ellas propiedad hasta ese día de pequeños ahorradores, y en instrumentos de capital antes de la venta a Santander, que había sido el único banco que formalizó una oferta para adquirirlo.

Y dio lugar a un aluvión de demandas, recursos y querellas que se están sustanciando en distintos tribunales. Entre ellos el juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Fernando Andreu, ha ordenado una autopsia de Popular.

El abogado del pequeño inversor a raíz de cuya demanda la magistrada barcelonesa ordenó la entrega del acta, Felipe Izquierdo, señala, en un escrito dirigido a ese juzgado tras constatar que los responsables del banco “incumplen el requerimiento”, que “no es de recibo excusarse en el Frob o en cualquier otro organismo, para no cumplir un muy concreto requerimiento judicial”.