La bolsa mexicana abre un expediente sancionador contra OHL por el caso de los supuestos sobornos

MADRID.- El grupo español de infraestructuras OHL informó a última hora de la noche del domingo sobre el inicio de procesos sancionadores contra su filial OHL México y algunos directivos por parte del supervisor bursátil mexicano CNBV.

El proceso le fue notificado a la filial mexicana el 23 de octubre y es el resultado de una investigación iniciada en mayo sobre el cumplimiento de la normativa del mercado de valores mexicano a raíz de un escándalo por presunta corrupción en contratos con un gobierno estatal del país.

OHL expresa en un comunicado remitido a la CNMV su desacuerdo con las alegaciones formuladas por la autoridad mexicana, indicando que presentará alegaciones contra las imputaciones de la CNBV. "La resolución que finalmente dicte la CNBV estará sujeta a recurso de revisión ante el citado organismo y, en su caso, a recurso ante los tribunales de justicia mexicano", dijo OHL, que señaló que no puede predecir el impacto que en la "reputación, negocio, condición financiera, resultados de operaciones o estimaciones" de la filial o la matriz tendrá el proceso.

Según OHL, la CNBV indica que OHL México debería haber contabilizado de manera distinta sus concesiones, alega que la empresa no informó debidamente al mercado, además de incumplimientos de la "normativa aplicable a las operaciones con partes vinculadas" y de "determinados requisitos de índole formal y procedimental" en dichas operaciones.

OHL afirma en su defensa que "en la mayoría de materias que son objeto investigación por la CNBV ha contado en todo momento con la opinión favorable de los asesores externos de OHL México, incluidos abogados y auditores".

OHL México ha estado desde mediados de año bajo la lupa después de que se dieran a conocer grabaciones de llamadas telefónicas que presuntamente apuntarían a una trama de irregularidades entre ejecutivos de la empresa y funcionarios mexicanos.

A mediados de julio la constructora dijo que auditorías encargadas por su consejo de administración mostraron que los títulos de concesión de dos carreteras investigadas cumplen con las leyes. El Gobierno del Estado de México inició también su propia auditoría de las concesiones.

La matriz española está inmersa en una ampliación de capital de 1.000 millones de euros destinada con la que busca su deuda.