La Comisión Europea (CE) no aprecia razones para que el Gobierno de España bloquee o rechace la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Bruselas cree que el Gobierno español debe aprobar la autorización con condiciones ya dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La Comisión Europea cree que hay ciertos compromisos que se deben respetar, entre ellos que los consumidores de las zonas más remotas de España no pierdan el acceso a los cajeros automáticos y a los préstamos a las pymes.

"Sobre esta base, no conocemos ninguna razón que pudiera justificar el rechazo o el bloqueo de la operación. Nuestra expectativa sería, por tanto, que el Gobierno español se alineara con las decisiones de las autoridades competentes", afirmaron fuentes de la Comisión Europea.

Esas mismas fuentes recordaron que la Comisión está estudiando la compatibilidad de las medidas del Gobierno español con el Derecho de la UE y señalaron que "no dudará en hacer uso de sus poderes como guardiana de los Tratados" comunitarios.

En este sentido, el portavoz comunitario de Servicios Financieros, Olof Gill, rehusó comentar el caso concreto del BBVA y el Sabadell pero recordó que, en general, la consolidación del sector bancario mediante fusiones nacionales y transfronterizas puede contribuir a mejorar la eficiencia y la rentabilidad de los bancos, "beneficiando así a los consumidores europeos y a la economía en su conjunto".

"En la Unión Europea tenemos un sector bancario fuerte y diversificado, pero nuestros bancos no han crecido lo suficiente como para ser competitivos en la escena internacional", apuntó Gill

En este sentido, para que la unión europea del ahorro y la inversión prospere, el sistema financiero de la UE "necesita bancos fuertes, ya que son intermediarios clave en los mercados de capitales".

El Ministerio español de Economía optó este martes por elevar al Consejo de Ministros la decisión final en torno a la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell por razones "de interés general", lo que concede al Gobierno un plazo de un mes para imponer nuevas condiciones a la operación, que ya contaba con la autorización de Competencia desde abril.