La Comisión Europea ha hecho pública este martes su propuesta para reformar el mercado energético europeo con un plan que está lejos de cumplir las peticiones lanzadas desde España. La presidenta Ursula Von der Leyen no se lanza a desvincular definitivamente el precio del gas de los de los precios de la luz y aboga por eliminar "gradualmente" su peso en la factura.

Para ello, Bruselas propone una reestructuración de los contratos de los consumidores de manera que el mercado esté mercado por los precios de los contratos a largo plazo y no por los precios volátiles del momento. Además, se incentivará desde Europa que dichos contratos viren hacia las renovables para que el peso del gas y del resto de combustibles fósiles vaya descendiendo paulatinamente.

Para ello se propone incentivar dos modelos de contratos energéticos que actualmente existen pero apenas tienen incidencia en el mercado. Por un lado los contratos por diferencia (CfD), un mecanismo de subastas inversas que proporcionan confianza a los inversores a la hora de destinar su capital a energías de bajas emisiones. Los acuerdos, fijados con precios a largo plazo entre el generador de electricidad y el consumidor, convienen un precio basado en la diferencia entre el valor de la energía en el momento en el que se firma el contrato y el valor de la energía en el momento en el que el contrato se acaba.

Por otro lado, se contempla impulsar los contratos PPA (conocidos como Power Pursache Agreement). Estos se basan en acuerdos a largo plazo con un precio prefijado entre el generador de energías renovables y los consumidores. 

"Durante el último año, muchas empresas se han visto gravemente afectadas por la excesiva volatilidad de los precios de la energía. Para mejorar la competitividad de la industria de la UE y reducir su exposición a precios volátiles, la Comisión propone facilitar el despliegue de contratos a largo plazo más estables", dice la información difundida a los medios de comunicación desde Bruselas.

La propuesta de Von der Leyen, además, pone el foco en la necesidad de que los gobiernos "briden todo el apoyo público" para las nuevas inversiones en generación de energías renovables. Se pone sobre la mesa un plan ara que el excede generado por el mercado se canalice hacia los consumidores para abaratar los costes de las facturas.

"El objetivo clave de la reforma es mejorar la protección de los consumidores frente a la volatilidad de los precios y empoderarlos con una mayor elección de contratos, así como un acceso más directo a las energías renovables", dicen desde la Comisión Europea. 

Las medidas anunciadas, sin embargo, están lejos de cumplir con las propuestas españolas. El Ministerio para la Transición Ecológica había reclamado desvincular definitivamente el precio del gas del de la electricidad, además de imponer un precio fijo para las centrales nucleares e hidráulicas que ya hayan sido amortizadas.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica reciben con optimismo la propuesta e interpretan que no se cierra definitivamente la puerta a desvincular el gas del precio de la luz. Además, fuentes del gabinete de Teresa Ribera destacan que las negociaciones de la reforma coincidirán con la presidencia española del Consejo de Europa, lo que otorgará al país un papel relevante para "enriquecer el texto" del acuerdo final.

El borrador deberá ser discutido por los Estados en los próximos meses. Después, el texto final y consensuado por todas las partes deberá ser respaldado por el Parlamento Europeo y el Consejo.