Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó el pasado 5 de octubre que la Unión Europea estaba "preparada" para poner un tope al precio del gas. Casi dos meses después, y tras muchas dudas, la Comisión Europea ha dado un paso más y ha propuesto fijar un tope de 275 euros el megavatio hora (MWh) al precio de las compras de gas.

La propuesta se debatirá este próximo jueves en un consejo extraordinario de energía en Bruselas. La medida entraría en vigor el 1 de enero de 2023. 

Más de una quincena de países, entre ellos España, Francia, Grecia, Polonia, Eslovenia o Bélgica, reclaman desde hace meses esa línea de acción para mitigar los precios, senda que rechazan Alemania y Países Bajos, especialmente, y ante la que Bruselas también se muestra muy reacia.

Este tope, sin embargo, estará sujeto a condiciones. Este precio de 275 euros se activará automáticamente ante excepcionales subidas de precios y limitará a un mes vista las transacciones en el mercado regulado, es decir, se revisará mensualmente. El mecanismo contará con un freno de emergencia para su suspensión en caso de que perturbe gravemente los mercados.

Este mecanismo de corrección del mercado establecerá el tope con un mes de antelación a los productos del mercado de futuros holandés TTF, que se utiliza como índice de referencia para el precio del gas en toda la UE.

El tope se activará si la base del precio neerlandés alcanza este precio máximo y solo si la subida de precios no se corresponde con un incremento similar en el mercado mundial, con el que se deberá dar también una diferencia de 58 euros o más respecto a la media global durante dos semanas, según ha confirmado este martes en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson. No obstante, la medida no incluye a los mercados no regulados (OTC).

El objetivo de Bruselas es "lograr un efecto inmediato" en el mercado aunque el mecanismo lleva implícita la posibilidad de ser suspendido si provoca "graves perturbaciones".

Además, el límite de precios se desactivará automáticamente si una revisión mensual muestra que ya no se dan las condiciones para su aplicación.