Cadena humana en València contra la infrafinanciación

La comisión Per un Finançament Just, conformada por los sindicatos CCOO PV y UGT-PV, la patronal CEV y los partidos políticos PSPV, Compromís, Unides Podem y Ciudadanos, han reactivado esta mañana las acciones para reivindicar una nueva financiación para la Comunidad Valenciana. Y lo han hecho mediante una cadena humana que ha ido desde el Palau del Temple, sede de la delegación del Gobierno español, hasta las Torres de Serranos, el lugar donde concluyó la manifestación celebrada hace dos años.

A lo largo de 600 metros, cientos de personas han vuelto a exigir "una reforma inmediata del sistema de financiación que establezca un nuevo modelo con recursos suficientes y repartidos equitativamente entre todas las autonomías, que posibilite a los valencianos y las valencianas unos servicios públicos fundamentales dignos y ejercer nuestras competencias propias". Asimismo, han reclamado un reparto de las inversiones que atienda una programación racional que acabe con el déficit inversor en este territorio y que se dedique una cantidad de recursos ajustada al peso poblacional.

En la lectura del manifiesto, los convocantes han insistido en señalar la situación actual como de "fallida". De hecho, han reconocido que, hasta hoy, ninguno de los diferentes sistemas de financiación ha tratado con justicia la Comunidad Valenciana. Los datos corroboran que, este mismo año, cada valenciano recibirá 237 euros menos que la media de ciudadanos del Estado, o 839 menos que la autonomía mejor financiada, lo que equivale a un 10 y un 29 por ciento menos de recursos, respectivamente. La plataforma ha considerado de "insólita" la situación: si se suman infrafinanciación y infrainversión, la discriminación sube hasta los 1.600 millones de euros este año, sólo en la comparación con la media.

A estas alturas, la Comunidad Valenciana es el único territorio del Estado español que, teniendo una renta per cápita inferior a la media estatal, acaba aportando al conjunto más de lo que recibe. El problema valenciano afana por hacerse un lugar en la agenda política estatal. La coyuntura, sin embargo, no invita al optimismo. Sin gobierno estable en Madrid, con un Congreso fragmentado y en busca de un acuerdo que debe ser multilateral por parte de todas las autonomías (con discrepancias de criterio), el problema se cronifica. Por ello, Per un Finançament Just denuncia "la ruptura del principio de equidad y de solidaridad". En 2016, más de 600 entidades ya secundaron el "Manifiesto por una financiación justa", al que han seguido los acuerdos alcanzados por unanimidad en Les Corts durante 2017, que denuncian la marginación del pueblo valenciano en materia de financiación e inversiones

Entre los participantes de la acción de hoy, se han podido ver miembros destacados del Gobierno valenciano y representantes de los diferentes partidos y entidades convocantes. Entre ellos, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, la consellera de Participación, Rosa Pérez, el diputado electo en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví, el síndico en Les Corts y vicesecretario del PSPV, Manolo Mata; la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, la portavoz de Podemos en Les Corts, Naiara Davó, y el síndico de Ciudadanos, Toni Cantó. Pero también el presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro; el secretario general de UGT PV, Ismael Sáez y el de Comisiones Obreras, Arturo León.

Ausencias y críticas

Con todo, la convocatoria de hoy no ha encontrado la empatía de algunos actores importantes del tejido civil valenciano. Desde hace unos días, algunas voces activas en la lucha contra la infrafinanciación han mostrado su contrariedad ante el funcionamiento de esta comisión, que tachan de exclusivista y excluyente. Es el caso de Intersindical Valenciana, sindicato mayoritario del personal funcionario y estatutario de la Generalitat y del conjunto de la enseñanza pública. Presentes en las reuniones iniciales, el sindicato de clase ha terminado dejando de participar denunciando que las decisiones se toman por una minoría de organizaciones que, por representativas que sean, no tienen en cuenta la opinión de otras entidades para poner en común una hoja de ruta unitaria. Hoy no han participado.

La estrategia adoptada por la comisión también se sitúa en el foco de sus críticas. Así lo sostiene Vicent Mauri, portavoz del sindicato: "Durante dos años no se ha trabajado para empoderar el pueblo valenciano. Estamos igual que hace dos años; hay que hacer una reflexión. Si queremos conseguir una negociación con el Estado español en unas buenas condiciones, ya sea de forma bilateral o multilateral, o se apuesta por la máxima unidad posible en las mismas condiciones de todos los actores o no conseguiremos nunca el objetivo".

Sobre la presencia de la patronal valenciana en esta plataforma, Mauri recuerda que la demanda de una mejor financiación debe centrarse en la mejora de las condiciones de vida del pueblo valenciano y de los servicios sociales. El sindicato cree que la reivindicación es del conjunto de la sociedad valenciana y que no puede responder a una demanda de un dinero para negocios lucrativos de unos pocos o para obras que atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas, tal como está ocurriendo en los puertos de València y Alicante. Asimismo, Mauri señala las contradicciones que supone que un partido que ha cuestionado las competencias autonómicas en materia educativa y sanitaria y que recientemente ha votado contra el derecho civil valenciano —en referencia a Ciudadanos— se manifieste públicamente en una causa que busca un reforzamiento del autogobierno.

El posicionamiento de Intersindical encuentra ecos en la Crida pel Finançament, plataforma que hace unos días se concentró ante la Hacienda española en València, y que ha venido reivindicando en varias movilizaciones el fin de la infrafinanciación endémica, la condonación de la deuda histórica, la denuncia del expolio fiscal y la exigencia de un nuevo sistema de financiación en el camino de un verdadero autogobierno. La Crida lamenta que se esté dejando que la agenda la marque el Gobierno español e insiste en destacar que el problema no es técnico sino político.

Una campaña alejada de la calle

La acción de hoy se celebra dos años después de la manifestación del 18 de noviembre de 2017, el acto más multitudinario hasta la fecha, que reunió 60.000 personas según dijeron los convocantes. Desde entonces, Per un Finançament Just ha protagonizado una campaña más bien discreta, más centrada en el simbolismo que no en la presencia en la calle, que ha perseguido como objetivos, según relatan desde la plataforma, trasladar el problema de la financiación a Madrid y hacer pedagogía en València sobre la necesidad del cambio de modelo y sus implicaciones.

En este sentido, hay que recordar que la comisión, acompañada entonces por entidades de la sociedad civil valenciana como Acció Cultural del País Valencià o el Consell Valencià de la Joventut, viajó a Madrid en abril de 2018. La misión: entregar al ministro de Hacienda en aquellas fechas, Cristóbal Montoro, una carta en la que le instaban a convocar tanto la Conferencia de Presidentes como el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar el cambio del modelo de financiación autonómica. La jornada se completó con nuevos encuentros en el Congreso con diputados y senadores valencianos de todos los partidos con representación parlamentaria.

Un mes después, la plataforma puso rumbo hasta Mallorca para tejer alianzas territoriales con el grupo homólogo que reclama otra financiación para las Illes Balears. No en vano, estos dos territorios han seguido sumando fuerzas durante este tiempo. Así lo ratificaron el pasado septiembre el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, en un encuentro en Formentera en el que escenificaron su sintonía reivindicativa ante Madrid.