MADRID.—En agosto de 2009 Antonio G.G. y Josefa P.L., un matrimonio de ancianos enfermos que residía en el barrio de El Peral en Cartagena, recibieron una visita inesperada. El director de la sucursal de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) del barrio se presentó en su casa: se había enterado de que la pareja había heredado y vendido unas fincas por 300.000 euros; sabía que tenían liquidez y, un día antes de irse a la playa con su familia, el bancario visitó a los ancianos para convencerles de que lo mejor que podían hacer con el dinero de la herencia era invertirlo en acciones preferentes de la entidad.

El problema era que a sus 88 años Antonio G.G estaba gravemente enfermo —en ese momento apenas le quedaba un mes de vida—, sujeto a una bombona de oxígeno para poder respirar; Josefa, de 86 años, sufría una demencia senil. Además, ninguno de los dos tenían estudios, de hecho apenas sabían leer y escribir.

Sin embargo, eso no impidió al director de la oficina de CAM rellenar toda la documentación y cumplimentar un test de idoneidad según el cual Antonio G.G. reunía el perfil para suscribir un producto de alto riesgo, complejo y de carácter perpetuo como son las preferentes: de repente, Antonio G.G. ya no tenía una instrucción mínima, sino que poseía estudios medios; tampoco era un moribundo de 88 años, sino un hombre sano de 65 años.

Antonio G.G. firmó. El que no lo hizo fue el director de la oficina de la CAM, cuya firma, pese a ser él quien rellenó toda la documentación, no aparece por ningún lado.

En aquel entonces la venta de acciones preferentes estaban en pleno auge. Muchas Cajas de Ahorros estaban en quiebra técnica y las intentaban colocar por doquier para conseguir liquidez a cualquier precio, sin importar la moral o la ética. Como se demostró más tarde, las preferentes fueron una trampa para miles de inversores a los que no se les informó de que eran un producto de alto riesgo, de carácter perpetuo y muy volátil. Las pérdidas fueron millonarias y muchos de los afectados aún pelean en los juzgados por recuperar su dinero.

El caso de Antonio y Josefa no es una excepción: no se les informó de nada, no se les dijo que no podrían recuperar el dinero invertido antes de cinco años, ni tampoco que la CAM, como otras muchas entidades en aquel momento, estaba en quiebra técnica, por lo que tampoco podrían vender esas acciones en el mercado secundario para intentar recuperar la inversión dado que el valor de las acciones de la CAM era cero.

"Este caso es muy llamativo, uno de los más sangrantes", explica Isabel Cánovas, la abogada que ahora representa a la familia de Antonio y Josefa y que también lleva el caso de otros muchos afectados en la región de Murcia. "Es un engaño manifiesto y además, por acción, porque queda claro que Antonio G.G. no reunía las condiciones mínimas que exigía el test de idoneidad", abunda Cánovas.

La CAM fue intervenida en julio de 2011 por el Banco de España y vendida por un euro al Banco de Sabadell cinco meses después. Previamente, la entidad exigió una recapitalización de 5.249 millones de euros que en buena parte pagaron los contribuyentes.

Antonio murió en septiembre de 2009 y Josefa está incapacitada desde hace tiempo por su enfermedad. Ahora la tutora legal de Josefa es su nieta. Fue ésta la que inició una acción judicial contra el Banco de Sabadell para exigir la nulidad de la compra y la posterior nulidad del canje de preferentes por acciones de la entidad catalana. En el canje, el Sabadell ofrecía a la nieta un precio de 2,64 euros por acción, un precio muy por encima del precio al que entonces cotizaba la acción del Sabadell, a 1,64 euros. De esta forma, la familia recibía muchas menos acciones.

"A lo largo del procedimiento hubo propuestas de acuerdos sin que fueran aceptados por por nuestra parte. Las propuestas del Sabadell no ofrecían las cantidades necesarias para el pleno reembolso, ni los intereses perdidos, ni dejaban transmitir las acciones hasta julio de 2016; tampoco querían asumir los costes judiciales del proceso", explica Cánovas.

El día del juicio llegó. Fue el pasado 14 de septiembre. Ese mismo día y por sorpresa, el abogado del Banco de Sabadell ofreció un acuerdo: el banco aceptaba todas las condiciones de la familia de Antonio y Josefa. Parecía el final feliz, pero menos de un mes después el Sabadell se ha echado atrás: ahora aduce que hubo "errores aritméticos" en el cálculo de las cantidades a reembolsar y por ahora se niega a pagar. 

La argucia, en cualquier caso, puede salirle mal al Sabadell, según explica Cánovas: "Ahora el banco tiene un plazo para recurrir, pero el acuerdo del 14 de septiembre se grabó en el acto del juicio y el juez lo incluyó en su auto, así que es muy probable que al final tengan que pagar. Tardarán unos meses, pero creo que lo harán", cuenta la abogada Cánovas.

Un final aplazado, pero feliz, para uno de los casos más sangrantes que se han dado con la estafa de las preferentes.