La Comisión de Empleo del Congreso ha aprobado este miércoles una proposición no de ley por la que se insta al Ejecutivo a dar marcha atrás al expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa pública Tragsa y pide que se apruebe un nuevo plan empresarial, tal y como reclama el PSOE, que quiere que se readmita a los más de 500 trabajadores despedidos.

Durante su intervención en la comisión de la Cámara Baja, la diputada socialista, Esther Peña, ha recordado que la compañía lleva 37 años dando una respuesta "efectiva" en su campo, y ha tildado de "injusta, sinsentido y decisión equivocada" el ERE en la empresa, que "afecta al conjunto del país y a los ciudadanos".

Peña ha subrayado que la situación económica de la compañía ha cambiado tras dos años, por lo que las causas alegadas para el expediente "ya no existen", al haber aumentado la carga de trabajo y contratarse personal eventual.

"Es lamentable lo que se ha hecho a los trabajadores con nocturnidad y alevosía"

"Es lamentable lo que se ha hecho a los trabajadores con nocturnidad y alevosía", ha apostillado Peña, quien ha criticado que la decisión sea una "apuesta por la destrucción de empleo estable", al despedir a 555 trabajadores, en su mayoría de entre 48 y 65 años de edad.

De su lado, el diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, ha criticado la "dinámica de puertas giratorias, corrupción y enchufismo" que, a su juicio, ha caracterizado a los últimos gobiernos durante los últimos años, como en el caso de Tragsa, con una estructura "totalmente sobredimensionada".

La iniciativa socialista, que ha sido aprobada con el voto favorable de todo los grupos, salvo el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, y tras aceptar dos enmiendas de Podemos, insta al Ejecutivo a "manifestar que la ejecución del procedimiento de despido colectivo en el grupo es profundamente perjudicial" tanto para el empleo como para la capacidad del Estado de ejecutar ciertos compromisos de obras y servicios.

Además, reclaman que se impida la ejecución del ERE del grupo, de propiedad 100% pública, y exigen que la dirección convoque una mesa de diálogo con los representantes de los trabajadores para poder acordar un nuevo plan empresarial en el que se "incremente la capacidad de producción y empleo" de las compañías.

A principios de febrero, la dirección de Tragsa dio por finalizado el ERE, tras reducir el número de trabajadores afectados en un 58%, hasta las 555 personas, el 5% de la plantilla total.

El Tribunal Supremo había autorizado hasta 1.336 despidos al entender que el recorte de personal era ajustado a Derecho dado que concurrían las causas económicas, organizativas y productivas que la Ley establece y que se negoció de buena fe por la empresa.

En la misma sesión, la Comisión ha dado luz verde a la propuesta de Podemos - En Marea - En Comú Podem para instar al futuro Gobierno a proteger los puestos de trabajo de la empresa Elcogas y un plan específico de empleo para Puertollano (Ciudad Real) y su comarca.

La PNL ha contado con 21 votos a favor, 15 en contra del PP, y 7 abstenciones, de Ciudadanos y el Grupo Mixto.

Durante el debate de la proposición, la diputada de Podemos, Ana Marcello, ha valorado como un "ejemplo" la resistencia y lucha de los trabajadores, que "han sido obligados a encerrarse y organizarse para reivindicar la continuación de la planta".

Marcello ha dicho ver un "insulto" los 26 días por año trabajo de indemnización propuesto para los trabajadores, frente a los accionistas que "tienen la responsabilidad social de mantener la planta en funcionamiento o incorporar a los despedidos".

Podemos alerta del
"grave riesgo" de desaparición de la empresa

La diputada de la formación morada, que ha pedido la comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado que la central ya está preparada medioambientalmente para quemar carbón de forma limpia reduciendo al máximo las emisiones de CO2, lo que permitiría la conservación de puestos de trabajo.

La formación morada recuerda en su texto que la empresa se encuentra en "grave riesgo de desaparecer" tras su cierre el pasado 31 de enero, que a su entender se podía haber evitado si se hubiera aceptado el plan de viabilidad presentado a finales de diciembre.

La iniciativa busca que se tomen medidas para proteger los puestos de trabajo de Elcogas y que impulse un plan específico para garantizar el empleo estable y la viabilidad social y económica para Puertollano y su comarca.

Precisamente, una veintena de trabajadores de Elcogas ha seguido el debate en el Congreso para reivindicar sus empleos, y tras finalizar la Comisión han acudido al hemiciclo de la Cámara Baja para fotografiarse con los diputados de las formaciones que han dado el visto bueno a la proposición no de ley.

Por su parte, la diputada socialista Luz Rodríguez ha tildado como "único responsable" del cierre de la planta al PP, ya que, a su juicio, la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, "no movió un dedo" para solucionar el conflicto, algo que la diputada popular María Jesús Bonilla ha negado. Según Bonilla, Cospedal y el gobierno central han trabajado por evitar el cierre de la planta.

Además de la iniciativa aprobada hoy, el pasado mes de enero Podemos sumó fuerzas con el PSOE, Ciudadanos e IU-Unidad Popular en una proposición no de ley conjunta en la que exigen al Ministerio de Industria una solución a este conflicto aprobando un plan de viabilidad que garantice el futuro de la central. Este texto aún no ha sido debatido en sede parlamentaria.