El déficit público registró un aumento de más de medio punto porcentual en junio, alcanzando los 26.982 millones de desequilibrio en las cuentas, un 19,5% menos que un año antes y equivalente al 2,32% del PIB nacional. Este dato de déficit público, que no incluye las corporaciones locales ni las ayudas al sector financiero, se situó hasta mayo en el 1,59% del PIB. Incluyendo las ayudas al sistema financiero, los números rojos de las cuentas públicas se colocan en el 2,35% del PIB (27.326 millones).

Casi la mitad del desfase de junio (12.377 millones, un 1,06% del PIB) correspondió a la Administración Central, mientras que las comunidades autónomas registraron un déficit del 0,72% del PIB y la Seguridad Social un saldo negativo del 0,54%.

En estos seis meses, el conjunto de las administraciones (salvo las corporaciones locales) ingresaron 189.117 millones, un 4,5 % más, mientras que los gastos crecieron un 0,1 %, hasta 216.443 millones.

Todas las autonomías registraron déficit. En concreto, las regiones con un mayor nivel de déficit en el primer semestre del año fueron Extremadura (1,26%) y Murcia (1,16), seguidas de cerca por Cantabria (0,95%), Comunidad Valenciana (0,93%), Castilla-La Mancha (0,91%), Catalunya (0,87%) y Andalucía (0,82%).

Les siguen Aragón (0,77%), Galicia (0,75%), Baleares (0,74%), Castilla y León (0,73%), Asturias (0,64%), La Rioja (0,64%), Canarias (0,55%), Comunidad de Madrid (0,53%) y Navarra (0,53%), mientras que el País Vasco (0,01%) registró prácticamente equilibrio presupuestario.

En 2016 el déficit cerró en el 4,33% sin contar las ayudas a la banca, mientras que incluyéndolas se situó en el 4,54%.

El objetivo para el déficit público del conjunto de 2017 es del 3,1% del PIB. Para la Seguridad Social, el objetivo de déficit es del 1,4% (frente al 1,62% de 2016), para las autonomías es del 0,6% (frente al 0,82%), para la Administración Central del 1,1% (frente al 2,52%), y para los ayuntamientos, cuyas cifras se conocen con mayor retraso que en el resto de administraciones, la meta es acabar en al menos equilibrio presupuestario, tras un superávit del 0,64% el año pasado.