El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada. En un reciente informe que acaba de publicar el principal órgano de control financiero de la Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.

Además, recomienda que ni la UE ni sus Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.

En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos "no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas".

En un análisis devastador, añade que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto "insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes", donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.

El informe asevera que los proyectos público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses. Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales”.

Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. Según revela el informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.

Sombras de corrupción

La sospecha de la corrupción política sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación de contratos públicos tradicional”.

En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.

Las auditorias revelan que en el caso de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el socio público. En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158 millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este informe.

Próximo negocio, el agua

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo se conocen tras el anuncio de los rescates de las autopistas de peaje por parte del Gobierno central, lo que supone un nuevo varapalo a los modelos de participación público privados. Sin embargo, las grandes constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un sector agotado financieramente; sino que se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.

“El agua es un servicio público que se presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”, asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS).

En efecto, según datos del Tribunal de Cuentas, los servicios ya privatizados (sea como empresas que se han hecho con la concesión del servicio de aguas o empresas mixtas público-privadas) presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o del 71% en limpieza viaria (que se suelen abonar en el recibo del agua). Sobrecostes que además llevan añadidos una prestación del servicio de menor calidad y una infrainversión, según estas mismas fuentes.

En una situación de emergencia social, y de duras críticas sobre este modelo público-privado o directamente privatizador, la patronal del agua AEAS-AGA, que agrupa a las tres principales multinacionales del agua -FCC Aqualia, Grupo Suez y Acciona- y sorprendentemente a algún operador público, ha mandado recientemente una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para incluir los mecanismos de contratación público-privados como una prioridad dentro del denominado Pacto Nacional del Agua en el que trabaja el Ejecutivo: una vuelta de tuerca a un modelo que busca hacer negocio a partir de los servicios públicos que requiere de la connivencia de los representantes políticos.