Los desastres ambientales costaron a España 47.157 millones entre 2005 y 2023, según la AIReF
En su análisis sobre los riesgos fiscales, el organismo calcula que las sentencias judiciales contra el Estado han supuesto un gasto en los Presupuestos de 1.000 millones al año entre 2014 y 2023.
Madrid--Actualizado a
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que los desastres ambientales, incluyendo la pandemia de covid, tuvieron un coste fiscal para España de 47.157 millones de euros entre 2005 y 2023.
La AIReF ha publicado este jueves su Opinión sobre riesgos fiscales, en la que analiza estos riesgos, que cuando se materializan "tienen un impacto importante en las cuentas públicas", pero cuya cuantificación es todavía una asignatura pendiente, apuntan fuentes de la institución.
Los riesgos fiscales abarcan un amplio abanico de factores que pueden acabar afectando a las cuentas públicas, desde desviaciones macroeconómicas (como un encarecimiento de la energía) hasta desastres naturales (como la dana), biológicos (como la pandemia), sentencias desfavorables e incluso el rescate de empresas públicas.
Los desastres ambientales (volcanes, incendios, inundaciones, pandemias o meteoritos, entre otros) suponen un coste para el Estado, cada vez mayor, tanto por las ayudas a damnificados como por la necesidad de reparar daños en infraestructuras y por las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).
Aunque el CCS entra dentro del perímetro público, esta institución ayuda a mitigar los riesgos fiscales de los desastres ambientales, ya que los ingresos por recargos permitieron cubrir los 7.789 millones de euros en subvenciones entre 2005 y 2023.
En cambio, las ayudas de Protección Civil tienden a infrapresupuestarse (el total de ayudas y subvenciones y damnificados ascendió a 1.464 millones en el periodo), mientras que el coste de reparación de infraestructuras (2.155 millones) suele estar asociado a contratos de emergencia.
El coste total de la materialización de riesgos ambientales ascendió, según la AIReF, a 47.151 millones, la mayoría asociado a la pandemia de covid (35.749 millones), el principal capítulo seguido de desastres hidrológicos (6.438 millones), climatológicos (2.372 millones), metereológicos (1.677 millones) y geofísios (925 millones).
Ante esta situación, la AIReF apuesta por mejorar las fuentes de información de estos riesgos y la cuantificación del coste fiscal de que estos se materialicen, así como crear estrategias de respuesta presupuestaria.
Sentencias desfavorables
Otro capítulo de riesgos fiscales alude a las acciones legales contra el Estado, fundamentalmente sentencias desfavorables, como las que han afectado a impuestos anulados o la indemnización por el almacén de gas Castor.
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Entre 2014 y 2023, el Estado tuvo que afrontar un gasto asociado a sentencias de más de 10.000 millones de euros, unos 1.000 millones al año solo en devoluciones, con una distribución muy irregular, con picos como el efecto retroactivo del canon hidráulico (1.737 millones en 2021) o el céntimo sanitario (1.671 millones en 2014)
De cara al futuro, la AIReF advierte de que se conocen sentencias cuyo impacto continúa, como el impuesto de actividades económicas de los operadores de telefonía móvil (1.479 millones), el IRPF de las mutualidades laborales (1.700 millones), la reforma del Impuesto de Sociedades de 2016 (1.200 millones) o el tipo autonómico del impuesto especial de hidrocarburos (6.500 millones).
Estas estimaciones son las que figuran en la cuenta general del Estado de 2023 como provisión o pasivo contingente, pero podrían no corresponder al impacto final, ya que, por ejemplo, la cifra del impuesto de hidrocarburos corresponde a la recaudación total, cuando solo hay que devolver a las empresas que no lo repercutieron a sus clientes.
La AIReF ha detectado causas recurrentes para estas sentencias, como un uso inadecuado del real decreto ley, la extralimitación de lo que recoge la ley o la omisión de advertencias de la Unión Europea, por lo que recomienda prevenir posibles reclamaciones y agilizar los procesos para ahorrar en intereses.
En el ámbito de los riesgos macroeconómicos, la AIReF apunta a "eventos extremos" como la crisis financiera o la pandemia, pero también otros de menor magnitud que también desviaron las previsiones, por lo que se debería mejorar su análisis y cuantificar su posible impacto.
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La AIReF dice que el 43% del gasto financiado a cargo del Fondo de Contingencia no está relacionado con perturbaciones imprevistas y pide restringir su uso
El fondo de contingencia (una partida de los Presupuestos del Estado dotada con el equivalente al 2% del gasto no financiero) está diseñado para cubrir el gasto asociado a elementos imprevistos, pero de media el 43% de este fondo se destinó a gastos recurrentes entre 2012 y 2024, como las operaciones para el mantenimiento de la paz.
Al asignar gastos que podrían haberse previsto al fondo, advierte la AIReF, aumenta el riesgo de desviaciones y se compromete la transparencia del presupuesto, por lo que piden regular esta partida con criterios más estrictos.
La AIReF pretende que esta primera opinión sobre riesgos fiscales abra una línea de trabajo, de manera que el documento se revise y actualice periódicamente, al tiempo que se le asigne la función de evaluación de la calidad de las previsiones macroeconómicas.
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