MADRID.- Ecologistas en Acción ha reclamado la disolución de las sociedades estatales Acuamed y Acuae, que dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tras las irregularidades que se investigan en el marco de la 'Operación Frontino' y la dimisión del entonces titular del Ministerio, Miguel Arias Cañete, de su actual cargo como comisario europeo de Energía y Clima.

Para la organización el presunto fraude no solo tiene graves consecuencias sociales sino que las obras bajo sospecha también tienen "serios impactos ambientales" y considera que la presunta malversación de fondos públicos realizada por Acuamed ha detraído recursos de las "ya escasas actuaciones ambientales que podrían paliar la crisis ambiental".

De este modo, considera que la solución "más efectiva" para evitar futuros escándalos es "la disolución de las empresas públicas" y que sus competencias vuelvan de nuevo al Ministerio para poder aumentar los controles sobre su actividad. "Es una medida que ya fue solicitada por el Tribunal de Cuentas en 2010 y 2011, precisamente para evitar irregularidades como las que ahora están siendo investigadas", recuerda Ecologistas en Acción.

La ONG denuncia que las obras investigadas "no han contribuido a mejorar la situación ambiental, más bien lo contrario, han impactado negativamente sobre los ecosistemas". Se trata de la construcción de presas para laminar avenidas en la rambla Gallinera y el río Serpis (Valencia), unas obras cuyos impactos ambientales y su ineficacia denuncia desde hace tiempo Ecologistas en Acción.

Por cierto, la desaladora de Almanzora (Almería) está situada en una zona con alto riesgo de inundación, por lo que su situación actual era bastante predecible por parte de la administración que aprobó su construcción.

Ante esta situación, la organización propone eliminar diques y motas, recuperar las llanuras de inundación y restaurar los bosques de ribera como métodos para afrontar las avenidas, porque son soluciones ecológicamente "más respetuosas, más eficientes, más económicas" y "minimizan" las posibles irregularidades en la gestión.

Finalmente, en este marco reclama también que se asuman responsabilidades políticas por parte de los responsables del Ministerio en la época investigada como el entonces ministro Miguel Arias Cañete, de quien piden su dimisión.