SEVILLA.- Ingeniero Industrial jubilado. Antonio Moreno Alfaro, creador de la web estafaluz, con más de 9.000 reclamaciones recibidas, recuerda a Público la total impunidad de las grandes eléctricas con pagos por parte de los usuarios de 12.000 millones de euros por servicios inexistentes y subidas continuadas de las facturas. Un incremento de más del 28 por ciento a lo largo de 2016.

¿Quiénes integran la que usted denomina mafia del kilowatio?

La mafia del kilowatio está formada por dos familias principales: la familia política, integrada por el PSOE y el PP, que aporta el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la protección de la Administración Pública y el Congreso, y la familia financiera, formada por las cinco grandes compañías integradas en Unesa, que actúa de capo y marca las directrices a la familia política. Hay una tercera familia, formada por las empresas multinacionales fabricantes de contadores de energía eléctrica, pero su importancia es secundaria, ya que está subordinada a las compañías eléctricas, debido a que éstas adquieren al menos el 90% de su producción y forman parte de los consejos de administración de dichas empresas.

Si los ciudadanos fueran conscientes de la impunidad  que el Gobierno ha permitido a las eléctricas, habría una revuelta popular

¿Cómo calificaría los resultados de la lucha que inició en 1994?

Desde el punto de vista teórico, los resultados son increíbles, pues he conseguido reunir documentos oficiales que demuestran de forma fehaciente e irrebatible que el Gobierno colabora activamente desde 1984 en dos delitos, en connivencia con las compañías eléctricas y las multinacionales fabricantes de contadores de energía eléctrica.

¿Qué ha podido investigar al respecto?

Hay verdaderamente un vacío legal con importantes consecuencias. Primera, los usuarios llevamos pagados casi 12.000 millones de euros a las compañías eléctricas por un servicio inexistente, y segunda, los 13 millones de contadores electromecánicos que aún no han sido sustituidos por contadores telegestionables carecen por completo de fiabilidad, marcando casi la totalidad de ellos más kWh de los realmente consumidos por los usuarios.

¿Se siente satisfecho con dichos resultados?

Sólo parcialmente, ya que la protección dada por la familia política a la familia financiera permite a ésta actuar con total impunidad, pues dicha protección paraliza u obstaculiza la investigación de todos los delitos que denuncio, incluso a pesar de las numerosas pruebas documentales existentes y de que algunos de ellos hayan sido reconocidos por escrito por sus autores y queden al descubierto mediante una simple multiplicación de dos números.

La citada protección llega al esperpento en el caso de la Junta de Andalucía, que actúa como oficina de Endesa, demostrando con ello que la promesa de Susana Díaz de “voy a ser implacable en la lucha contra la corrupción” es pura palabrería, destinada a un público ingenuo e ignorante de la profunda y descarada corrupción institucional existente en Andalucía.

Antonio Moreno Alfaro, creador de la web estafaluz.

¿Cuántas denuncias tiene presentadas actualmente contra las compañías eléctricas integradas en Unesa?

Cinco, de las cuales, una esta en los tribunales. Entre las cinco, si fueran aplicadas en todo el territorio nacional, las devoluciones de cantidades cobradas ilegalmente y las sanciones por infracciones contra la Ley del Sector Eléctrico superarían los 5.000 millones de euros.

En preparación, tengo, por ahora, tres, que si fueran aplicadas en todo el territorio nacional, las devoluciones de cantidades superarían una cantidad mayor, los 15.000 millones de euros.

¿Cree que los ciudadanos son conscientes del poder de corrupción que tiene la que usted denomina mafia del kilowatio y del perjuicio económico que les ocasiona dicha corrupción?

No, en absoluto. Si los ciudadanos fueran conscientes de la total impunidad con la que el Gobierno ha permitido para que las compañías eléctricas les estafen miles de millones de euros y les suspendan arbitrariamente el suministro, habría una revuelta popular.

¿Ha habido alguna ocasión en la que haya estado a punto de abandonar la lucha, agobiado por el inmenso poder de las compañías eléctricas? ¿Le han hecho éstas alguna oferta?

El principal objetivo de la lucha que inicié el siete de noviembre de 1994 es rehabilitar mi buen nombre profesional, destruido por una denuncia falsa de la multinacional suiza Landis & Gyr, en represalia por negarme a colaborar con el grupo clandestino Contact, primer eslabón de la cadena de corrupción que, mediante restricciones a la libre competencia y el suministro de datos falsos al Ministerio de Industria (que es consciente de dicha falsedad y sigue las directrices marcadas por Unesa) hace posible la estafa en los precios de alquiler de los contadores electromecánicos, que a día de hoy, lleva reportados a las compañías eléctricas al menos 6.000 millones de euros.

Fue tal la situación de presión por mi trabajo que estando en el paro, una compañía eléctrica me ofreció un puesto de trabajo si desistía en mis denuncias, ofrecimiento que, lógicamente, rechacé.

¿Cómo valora que, debido a su denuncia en el año 2009 contra Endesa, la Junta de Andalucía ordenara devolver 20 millones de euros a más de 400.000 afectados?

Muy negativamente, no sólo por el hecho de que la Junta de Andalucía lleve siete años con el tema, sino, sobre todo, porque el análisis efectuado por la Dirección general de Industria, Energía y Minas carece de precisión, pues ha sido realizado sólo sobre el 9,81% de los 4,63 millones de puntos de suministro en Andalucía menores de 15 kW incluidos en la base de datos de Endesa, debido a que la Junta de Andalucía carece del personal y los medios necesarios para analizar el 100% de dichos puntos.

Los usuarios afectados por el incremento unilateral de la potencia contratada, que la propia Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo califica de “fraude de Ley” son muchos más de los 424.194 calculados estadísticamente por la Junta de Andalucía, por lo que cientos de miles de ellos (medio millón, según mis cálculos) no han recuperado las cantidades facturadas ilegalmente por Endesa ni los intereses de demora correspondientes.

Endesa ha ocultado en las facturas el motivo de la devolución y los datos necesarios para que los afectados comprueben si las cantidades devueltas son las correctas, debido a lo cual la casi totalidad de quienes han recibido las devoluciones ignora el motivo de éstas.

En su web estafaluz ayuda a los afectados por los abusos de las compañías eléctricas. ¿Cuántas consultas ha recibido?, ¿cuántas ha atendido?,

Desde el nueve de junio de 2008, en que abrí la página web, he recibido más de 9.000 consultas, de las cuales he atendido unas 6.500, sin contar las de respuesta inmediata.

Desde principios del mes de octubre no atiendo casi ninguna consulta, por estar dedicado principalmente a redactar y documentar las tres denuncias de las que hablé antes. La información que me han facilitado las personas que me han consultado me ha permitido reunir una extensa documentación que pone claramente de manifiesto tanto la planificación con la que las compañías eléctricas cometen sus abusos como la colaboración activa o pasiva de la Administración Pública, colaboración sin la cual dichos abusos serían imposibles.

En 2016, el precio del kWh doméstico ha sufrido un incremento del 28%. ¿Por qué somos el país de Europa con uno de los precios más elevados del kWh doméstico?

El motivo de que tengamos uno de los precios más altos del kWh doméstico es debido a que el Gobierno es un títere de las compañías eléctricas, hasta el extremo de obedecer al pie de la letra las directrices marcadas por Unesa y de copiar dichas directrices, incluidas comillas y faltas de ortografía, en documentos oficiales, aunque el documento oficial sea el BOE y la medida ordenada por Unesa sea el encubrimiento de la estafa en los precios de alquiler de los contadores electromecánicos, con objeto de continuar cometiendo legalmente dicha estafa tras haberla puesto yo al descubierto con documentos oficiales requisados por inspectores de la Comisión Europea.

Después de 22 años de lucha contra la que usted denomina mafia del kilowatio, ¿cree que la impunidad de las compañías eléctricas llegará en algún momento a su fin?

Poner fin a la impunidad de las compañías eléctricas es prácticamente imposible en la situación actual, debido a que el poder político (y, por tanto, el BOE y la Administración Pública) está en su mayor parte en manos de partidos que son cómplices activos o pasivos de dichas compañías.

¿Qué condiciones son necesarias para acabar con dicha impunidad?

Para acabar con la impunidad de las compañías eléctricas son necesarias, como mínimo, dos condiciones: La primera es la protesta masiva y continuada de los ciudadanos, incluyendo entre dichas protestas el denunciar los abusos, reclamar las cantidades facturadas ilegalmente y, sobre todo, dejar de votar a los partidos políticos cómplices activos o pasivos de las citadas compañías.

La segunda condición es que la Administración Pública, muy especialmente la Administración de Justicia, aplique inexorablemente la ley, para lo cual deben ser relevados de inmediato de sus puestos y expedientados los funcionarios que por acción u omisión den mayor prioridad a los turbios intereses de las compañías eléctricas que a los legítimos intereses generales.