Empresas españolas hacen negocios en tierras indígenas de Guatemala

San Pedro Carchá es un municipio maya clavado en el corazón de Guatemala. Si algún día se proclama oficialmente el Reino de la Desigualdad, allí podría ubicarse la capital: a su alrededor hay aguas, bosques, minerales… Pero ellas y ellos, los sufridos habitantes de esta localidad, viven en la miseria. El 88% no gana más de 99 euros al mes, mientras que el 53,6% tiene que hacer maravillas con el equivalente a 55 euros en el bolsillo. Son más pobres que la media de guatemaltecos pobres. Sólo el 32,78% tiene energía eléctrica, y ahí llega, precisamente, el colmo de los colmos: en sus tierras se construye 'Renace', un gigantesco proyecto hidroeléctrico que producirá el 13% del total de la energía del país.

La increíble historia de esta localidad forma parte del último informe elaborado por la ONG vasca Mugarik Gabe (Sin Fronteras), que analiza las actuaciones de las principales transnacionales españolas en Guatemala. Para Jesús Pazos, portavoz de Mugarik Gabe, es apenas un ejemplo de la dura realidad que sufren varios pueblos de América Latina. “Allá donde van entran de la mano de las oligarquías locales, que se encargan de conseguir en las instituciones una legislación favorable a la llegada de las transnacionales”, señala a Público el responsable de esta organización internacionalista.  

Durante los próximos días, el activista vasco se desplazará a otras ciudades para dar a conocer este documento. Hace algo más de dos semanas estuvo en el Parlamento Europeo, donde presentó un avance del informe junto a la militante indígena Lolita Chávez. Entre sus planes está llevarlo también al Congreso de Madrid. El objetivo, en un lugar u otro, siempre es el mismo: dar a conocer “cómo se articulan los procesos de criminalización por parte de los Estados para dar protección a las transnacionales”. Guatemala, dice Pazos, es un paradigma.  

A veces conviene empezar por el final. Es precisamente ahí, en una de las últimas de las 74 páginas de ese documento, donde una persona indígena describe el verdadero valor de esta historia. “A todo el Estado le declaramos que no somos terroristas, que no somos delincuentes. Le pedimos que dé la libertad a los líderes que tiene presos y que cancele ya las licencias de hidroeléctricas y mineras, porque nosotros hemos vivido tranquilos y en paz desde hace años pero ahora ya no, porque llegaron los empresarios y desde entonces hay un gran conflicto para nosotros”. La frase –según se detalla a pie de página- fue recogida por Quimy de León, una activista curtida en la defensa de la tierra.  

No en vano, el documento de Mugarik Gabe habla precisamente de eso, de la tierra, en un país con amplia presencia de pueblos indígenas, que “constituyen todavía hoy, 500 años después del inicio de los procesos de conquista y colonización, una enorme e indiscutible diversidad étnica y cultural”. Existen en total “22 pueblos indígenas, pertenecientes a la gran familia maya, además del pueblo xinka y el garífuna. Estos 24 pueblos indígenas constituyen, según el censo, entre el 40 y 45% del total de población, aunque hay consenso en que la realidad aproxima ese porcentaje por encima del 50%; y su diversidad en número va desde las casi 2.000 personas, del pueblo itza’, hasta el millón ampliamente sobrepasado por parte del k’iche’”, señala.  

En esa línea, se describe un “choque de trenes entre dos concepciones claramente antagónicas, como son la visión indígena y la neoliberal”. “Ésta última encarna la introducción brutal del modelo capitalista y su concepto de uso y abuso de los territorios y de sus recursos naturales; su explotación mediante los métodos de menor inversión pero de mayores rentabilidades, lo que se traducirá en explotación abusiva, esquilmación de esos recursos, contaminación y destrucción e irrespeto absoluto a los derechos de la tierra, los pueblos y comunidades”, apunta. 

A la hora de buscar ejemplos, el voluminoso informe centra su atención en el caso de la empresa gallega Ecoener–Hidralia Energía. Su desembarco en la localidad de Santa Cruz Barillas, situada no muy lejos de la frontera con México, se produjo en 2008, cuando se detectó la presencia de “personas extrañas haciendo mediciones de caudales y terrenos en las riberas del río Q’am B’alam”. “En el año siguiente, 2009, Hidralia Santa Cruz comprará a distintos propietarios casi todos los terrenos que necesita para la ejecución de su proyecto en la primera fase. Esta compra se realiza a través de intermediarios locales pagados por la empresa, que nunca dieron cuenta de las intenciones reales”, señala este estudio, donde se advierte además que “el área posteriormente afectada tiene varios usos entre la población, desde espacios ceremoniales y de recreación pasando por tierra de pastos y de cultivo de café”. 

Las protestas en Santa Cruz Barillas no tardaron en llegar; la represión tampoco. “Las solicitudes de información sobre el proyecto serán respondidas con la contratación de personal de seguridad privada y con las primeras denuncias en contra de siete autoridades por intimidación, coacción y detención ilegal. A partir de esos momentos la protesta aumenta hasta llegar al año 2012, cuando se producirán los hechos de represión y criminalización más graves contra la población”, remarca.  

En mayo de ese año, tres activistas locales fueron tiroteados. Uno de ellos, Andrés Francisco Miguel, murió a consecuencia de los disparos. Quien sí sobrevivió al ataque fue Pablo Antonio Pablo, “uno de los líderes denunciados por la empresa y que se había opuesto a vender sus tierras pese a las presiones recibidas”. “Hay que señalar que el convencimiento de la población de que sobre estos hechos tiene la responsabilidad Hidralia Santa Cruz se confirmará el día 26 del mismo mes, cuando son detenidos el jefe de seguridad y uno de los guardias bajo la acusación de asesinato y atentados”, señala el informe.  

A raíz del incremento de las movilizaciones para denunciar estos hechos, el gobierno guatemalteco acabaría declarando el “Estado de sitio” en la zona. Entonces hubo varias detenciones y allanamientos. “Incluso se habla de que circula una lista, en manos policiales, con más de cien personas sospechosas, ante lo que muchas de éstas se ven obligadas a esconderse e incluso, como en los tiempos de la guerra, cruzar la frontera hacia México o huir a la montaña”, relata el documento. Nada de esto fue en vano. A finales de 2016, ocho años después de que se produjera su desembarco en el río Q’am B’alam, Hidralia anunció que abandonaba Guatemala.  

Las represas de Florentino

No ha ocurrido lo mismo con ACS, la otra transnacional española que opera en ese país centroamericano. En este caso, el afluente elegido es el Río Cahabón, situado en el centro de Guatemala. Sobre sus aguas se levanta actualmente el proyecto 'Renace', que consta de cinco fases. Hasta ahora se han completado tres. Cuando todas ellas concluyan, allí habrá “seis represas en cascada y toda una serie de canales y túneles de conducción del agua a lo largo de gran parte del curso alto y medio” del río, afirma Mugarik Gabe.  

ACS fue contratada en Guatemala por la Corporación Multi Inversiones (CMI), un gigantesco conglomerado empresarial que pertenece al clan de los Gutiérrez-Bosch. Se trata de una acaudalada familia local que supo hacerse un hueco en la agenda de José María Aznar. Según el documento de la ONG vasca, el ex mandatario español conoce muy bien al empresario Dionisio Gutiérrez, uno de los responsables de CMI. “En 2008, posiblemente se produjo la muestra más evidente de esta amistad o confluencia de intereses”, apunta la ONG vasca.  

En tal sentido, y haciéndose eco de informaciones aparecidas en prensa, recuerda que “la llegada de José María Aznar al Congreso del PP en Valencia” de ese año “se produjo a bordo del jet privado que puso a su disposición el empresario guatemalteco, interesado en acudir a dicho Congreso, pero también en ‘aprender de la excelente experiencia inmobiliaria de la Comunidad Valenciana’ y exportarla a CMI, una de cuyas divisiones se dedica precisamente a la construcción de centros comerciales y complejos de viviendas y oficinas”. 

Desaparición de caudales… y de personas

CMI y ACS –que en Guatemala adquiere el nombre empresarial de “Cobra”- hacen frente hoy a las críticas y acusaciones de las comunidades locales en torno a los perjuicios provocados por el proyecto hidroeléctrico 'Renace', entre los que cita “desaparición de caudales, deforestaciones, control de caminos o afecciones a los suelos, flora y fauna del territorio”. Además, denuncian “procesos de criminalización y amedrentamiento contra diferentes comunidades afectadas”.  

Uno de los casos más dramáticos lleva el nombre de Ovidio Xol Chub, un joven de 20 años que desapareció en noviembre de 2014 “en el marco de la negociación de una venta de tierras a la empresa 'Renace'”. El informe asegura que el día de su desaparición, Ovidio recibió “varias llamadas telefónicas del responsable de relacionamiento comunitario de CMI”. Su paradero sigue siendo un auténtico misterio. Mugarik Gabe advierte que en los últimos meses se han producido “casos de persecución y otras formas de presión” contra los líderes comunitarios que se oponen a este proyecto.  

Los dueños de la luz

El informe también hace mención al paso por Guatemala de la ya desaparecida Unión Fenosa. Su llegada al país centroamericano se produjo en 1998, cuando accedió a la privatización del sector energético. “La obligación de la concesión en principio era llevar electricidad a todas las comunidades de los departamentos donde opera –recuerda-. Pero en 2000 empezaron a darse anomalías, como contadores irregulares, lecturas erróneas de los mismos, precios abusivos, apagones constantes causando pérdidas de productos perecederos como carnes y productos lácteos, riesgos en centros de salud y hospitales, quema de aparatos electrodomésticos, cambio de contadores buenos por irregulares, sabotajes al sistema de baja y alta tensión para echarle la culpa a usuarios, cortes injustificados y cobros muy elevados por reconexión”.  

Ante las movilizaciones sociales que provocó su actuación, “la respuesta de Unión Fenosa fue el menosprecio, prepotencia, amenazas y represión, primero cortando el servicio eléctrico a determinadas comunidades y pronto con la violencia, criminalización y asesinatos, utilizando las fuerzas militares y policiales para amedrentar y sembrar el terror a la población”. De hecho, en diciembre de 2009 el gobierno guatemalteco –a petición de Unión Fenosa- decretó el estado de sitio en el departamento de San Marcos, “restringiendo una serie de garantías constitucionales”. En 2011, el fondo de inversión británico Actis compró las acciones de las dos empresas mediante las que operaba en ese país “e inició un proceso de transformación que incluyó su cambió de imagen y denominación comercial”. Sin embargo, en San Marcos nunca olvidarán el logo de Unión Fenosa.