El encarecimiento persistente de los alimentos no sólo responde a factores globales y la inflación, sino también a la estructura concentrada del sistema agroalimentario, dominado por grandes corporaciones que maximizan beneficios mientras crece la precariedad laboral y la pobreza nutricional. Esto es lo que concluye un informe que acaba de hacer público el Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), que al mismo tiempo propone medidas de control público para democratizar la alimentación y "promover un cambio de modelo alimenticio". 

El trabajo ¿Por qué sube la cesta de la compra? El papel del oligopolio alimentario y propuestas por un cambio de modelo ha sido elaborado por Rubén Martínez y Adrià Rodríguez. Señala que el aumento del ticket de la compra, por el encarecimiento de los alimentos, se ha convertido en una de las principales "fuentes de estrés económico" para miles de hogares. En general, los autores apuntan que el problema no es sólo coyuntural, identificando estrategias empresariales, dinámicas de concentración de poder y carencias en la regulación pública. 

El informe recuerda que los precios de los alimentos en la Eurozona han subido un 33% entre 2019 y 2024, y un 34% en España, con algunos productos que se han encarecido entre un 30% y un 50% como la leche, el café o el aceite de oliva. Según el Salario de Referencia del área metropolitana de Barcelona, la alimentación es el segundo gasto familiar (23%), solamente detrás de la vivienda (34%). Además, en la Barcelona metropolitana, el 43% de los hogares se encuentra en el umbral de subsistencia. 

Los autores también destacan la llamada cheapflation, es decir, que lo más barato es lo que más se encarece, según los datos de grandes minoristas multicanal analizados en diez países entre 2018 y 2024. En España, los productos más baratos han subido un 37% entre 2021 y 2024. Así, el aumento de precios impacta especialmente en los hogares con menos ingresos, que sustituyen a productos de calidad por opciones más baratas, pero no menos afectadas por la inflación. En otras palabras, las familias que más necesitan ahorrar son quienes más sufren la inflación. 

"El aumento de precios impacta especialmente en los hogares con menos ingresos, que sustituyen a productos de calidad por opciones más baratas"

Esta realidad tiene consecuencias sociales y sanitarias, puesto que aseguran que esto "contribuye a una peor salud". En ese sentido, recuerdan que el 60% de las personas con rentas bajas en Barcelona sufre obesidad o sobrepeso, porque una dieta saludable es más cara. La alimentación se ha convertido así en un campo de desigualdades crecientes: España es el tercer país europeo en el que más han aumentado los hogares con "privación material relacionada con la alimentación". 

Estrategias corporativas para maximizar beneficios 

El IDRA también concluye que el sistema "oligopolístico" lo que busca es maximizar beneficios, concentrando la capacidad de decisión en menos manos. Señala algunas de las principales estrategias corporativas para llevarlo a cabo, como la integración vertical, es decir, controlando toda la cadena: producción, transformación, logística y distribución. Aquí destaca casos como los de las empresas de supermercados BonÀrea, Ametller Origen o Mercadona. 

El informe también señala la coordinación para subir precios como respuesta a los choques de costes o la precarización laboral, con externalización, bajos salarios y falsos autónomos. Y es que los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE apuntan a que los salarios de la industria alimentaria en España se sitúan por debajo de la media nacional general (en aproximadamente un 10% menos), según los resultados detallados por actividad y la media estatal de 2023, como apunta el texto. 

"El IDRA señala estrategias como la integración vertical controlando toda la cadena, la coordinación para subir precios o la precarización laboral"

Sin embargo, acusa a las empresas de generar "escasez artificial" y de especular con materias primas. En este sentido, el documento apunta que la especulación financiera sobre alimentos básicos afecta tanto a la producción como a la distribución. "A través de los mercados de futuros, grandes fondos de inversión pueden condicionar el precio del trigo, arroz, aceite o azúcar sin tener conexión alguna con la producción real", remarcan. 

Asimismo, el documento también destaca que durante los momentos más álgidos de la inflación, entre 2021 y 2022, las cinco grandes multinacionales que dominan la cadena de valor agrícola (ABCCD) registraron "beneficios récord", con incrementos de entre el 75% y el 300%. El informe apunta que en España hay seis grandes grupos que concentran más de 100 marcas y empresas clave. Así,Vall Companys, Ebro Foods, bonÀrea, Nestlé, Coca-Cola Europacific Iberia y Grup Fuertes sumaron 1.281 millones de beneficios en el 2024. 

La distribución minorista, liderada por cadenas como Mercadona, Carrefour y Lidl, registró "ganancias históricas" con una rentabilidad de cerca de 7.500 millones. Así, los márgenes empresariales del sector agroalimentario son los que más han crecido desde 2020, incrementándose un 38,1% en España. 

Al mismo tiempo, el IDRA destaca que el mercado financiero se encuentra "desconectado de la realidad productiva". En este sentido, alertan de que la participación de inversores financieros en los mercados de futuros agrícolas ha vuelto a niveles cercanos a los de la crisis de 2007-2008. "Esta financiarización ha generado una elevada volatilidad, con picos especulativos de precios que no guardan relación con la producción real", sostienen los autores. 

Propuestas para recuperar el control público 

"Lejos de corregir los desequilibrios del mercado, muchos instrumentos institucionales han acabado favoreciendo a los grandes actores empresariales, transfiriéndoles recursos públicos y externalizando sobre la sociedad los costes sociales, ambientales y económicos del sistema", destacan los autores sobre las políticas públicas que se han hecho hasta el momento. Asimismo, aseguran que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) "concebidas teóricamente para apoyar al sector" han sido "distribuidas de forma profundamente desigual": el 20% de los mayores beneficiarios reciben cerca del 80% de las ayudas. 

"Muchos instrumentos institucionales han acabado favoreciendo a los grandes actores empresariales, transfiriéndoles recursos públicos" 

Por eso, y más allá del análisis, el IDRA también destaca varias propuestas para "recuperar el control público del sistema alimentario". El informe apuesta así por fortalecer y ampliar las infraestructuras públicas de distribución a través de elaboración a planes, regulaciones u otras iniciativas. Al mismo tiempo, cree que es necesario controlar los precios en sectores esenciales, y defiende hacerlo con propuestas como establecer un sistema de monitorización pública regular de los precios de los alimentos básicos. 

Otras iniciativas son garantizar condiciones laborales dignas, con la propuesta de aprobar la Proposición de Ley por la regularización extraordinaria de personas extranjeras, y facilitar los trámites para acceder a la ciudadanía y al padrón municipal. También creen que es necesario prohibir la contratación en origen de trabajadores temporeros. El IDRA recuerda que la precariedad laboral es "estructural en el campo, la transformación y la distribución", y que los salarios son bajos y la temporalidad es alta. 

Por otra parte, el instituto apuesta por regular los mercados financieros y de los futuros agrícolas, y finalmente defiende reorientar los subsidios y políticas fiscales, con la propuesta de implantar una Seguridad Social Alimentaria de carácter universal. En definitiva, el documento plantea que comer no puede seguir siendo un acto de consumo en manos del mercado, sino un derecho colectivo que requiere planificación pública y soberanía alimentaria real.