España ha movilizado más de 350.000 millones para mantener la banca a flote

@e_bayona

ZARAGOZA .- El Gobierno español ha movilizado más de 350.000 millones de euros en ocho años para mantener a flote un sistema bancario que obtiene unos beneficios anuales de más de 11.000 mientras acumula demandas y reclamaciones de sus clientes por valor de más de 50.000 en asuntos como –entre otros- las preferentes, la subordinadas, las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios.

Hace unas semanas, el Tribunal de Cuentas cifró el coste que el proceso de rescate o reestructuración del sistema bancario ha tenido para las arcas públicas españolas entre 2009 y 2015 en 60.718 millones de euros . Esa cifra es el dinero que el Estado no va a recuperar, muy interior a los otros 122.122 millones de “recursos comprometidos en el proceso de reestructuración” por las entidades fiscalizadas y más distante todavía del monto global de los fondos públicos movilizados desde el inicio de la crisis.

“Se han comprometido más de 200.000 millones de euros, de los que esos casi 61.000 se consideran pérdidas seguras, dinero que no se va a recuperar”, explica el economista Eduardo Garzón, de IU, para quien “cuantificar el coste real del rescate resulta difícil”. Entre otras cuestiones, porque los activos tóxicos –edificios y suelo- traspasados por las entidades quebradas al banco malo están anotados en su balance con unas valoraciones teóricas que “seguramente tenderían a la baja si salieran al mercado, lo que obligaría a asumir pérdidas en esas mismas cuentas”.

Esos más de 60.000 millones de euros sitúan a la banca española como la cuarta que más fondos ha recibido de manera directa desde el inicio de la crisis en Europa. La superan el Reino Unido, con algo más de 100.000, y Alemania a Irlanda, con un volumen similar de ayudas. La cuantía del socorro español supera en un 50% al recibido por el sector bancario en Grecia –unos 40.000- y quintuplica el de Portugal –algo más de 12.000-.

Frob, Banco de España y Fondo de Garantía sin el banco malo

El informe del TCu incluyó al Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco de España y el Frob (Fondo para la Reestructuración y Ordenación del sistema bancario), pero no a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes del proceso de Reestructuración Bancaria) o banco malo, que asumió los activos tóxicos de la mayoría de los bancos y cajas tambaleantes.

El dictamen estima en 193.022 millones los fondos movilizados por el Frob -76.820-, el Fondo de Garantía -35.499- y el Banco de España -9.801-, una factura que, además de los 83.683 millones inyectados en las entidades mediante aportaciones de capital -46.021- y esquemas de protección de activos -2.194 fueron para dotar de liquidez a la Sareb-, incluye apuntes como 10 millones en honorarios de representantes, cinco en asesorías para ventas y casi cuatro en “otros gastos” entre los que hay más asesoramientos.

A esos 193.022 millones de la primera legislatura de Mariano Rajoy hay que sumarles otras cifras entre las que destacan los 85.965 millones en avales concedidos a la banca para que acudiera a los mercados de liquidez –quedan por recuperar 1.059-, los 43.476 de deuda viva del banco malo que también cuentan con el aval del Estado, los 42.170 en “aportaciones públicas a su fondo patrimonial” que ha recibido el Frob desde su creación -27.170 han sido capitalizados- y, con el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, los 19.300 del FAAF (Fondo para la Adquisición de Activos Financieros) del que se beneficiaron 54 entidades ya en 2008.

“No es solo importante el dinero que el Gobierno ha gastado en el rescate, sino el que ha comprometido, que no ha ido a otras actuaciones” ni ha permitido paliar los recortes en servicios públicos, señala Garzón, quien, por otra parte, comprende que el ejecutivo no dejara caer al sistema bancario por los efectos que eso habría tenido en la economía española, aunque no comparte el método. “Entiendo las ayudas a la banca, pero no que los beneficios que obtienen tras esas ayudas sean privados”, indica.

Esquerra Republicana (ERC), por su parte, pone el acento, además de en el coste –“la reestructuración sigue requiriendo una fuerte dotación de recurso públicos”, señala la diputara Ester Capella- en las posibles responsabilidades de los gestores de los bancos y cajas y en las consecuencias sociales de “la posible vulneración de los derechos de los consumidores” antes y durante el rescate, aspectos sobre los que proponen que indague una comisión de investigación del Congreso.

“Se ha puesto en evidencia que las entidades financieras han utilizado malas prácticas” con las preferentes, las subordinadas, las cláusulas suelo, otras cláusulas abusivas o las elevadas comisiones, recuerda. Sin embargo, anota, “los efectos sobre la población siguen sin cuantificar ¿Quién cuantifica los desastres causados por la banca?”.

Los nacionalistas, que se muestran preocupados por el descrédito y el deterioro de la reputación de la banca y que consideran “necesaria una reflexión global del sector para impulsar la ética” en él, recuerdan que las prácticas de buena parte de las entidades financieras han generado “un grave problema social que afecta a miles de personas” y que se manifiesta en fenómenos como el sobreendeudamiento y los desahucios.

“Es imprescindible profundizar sobre las consecuencias sociales del proceso, y la prenda que han tenido que pagar los consumidores debido a las malas prácticas y los abusos bancarios”, sostiene la diputada Esther Capella.

Así, y al margen de otras operaciones de avalamiento de deuda, los fondos públicos movilizados por el Gobierno central desde 2008 para mantener a flote el sistema bancario español ascienden a 383.933 millones de euros, una factura que supera un tercio del valor del PIB anual y que todavía puede verse incrementada por dos vías.

Una son las previsibles depreciaciones de los activos de la Sareb y del Frob. El valor de los primeros se ha reducido en 3.000 millones desde 2012. Las anotaciones de los del segundo suman 16.597 millones, el grueso de ellos -11.187- en acciones de Bankia y Mare Nostrum, dos de las participaciones en entidades para cuya venta el Gobierno se ha marcado diciembre de 2019 como límite, aunque la fecha es ampliable.

La otra se va materializando a través de actuaciones de escasa relevancia mediática, caso de la aportación de 5.291 millones al Frob europeo que el Gobierno aprobó en diciembre y de los efectos que las modificaciones tributarias puedan tener en los 24.000 millones de DTA (Activos Fiscales Diferidos) que las entidades financieras españolas tienen anotados para irlos descontando en sus liquidaciones del Impuesto de Sociedades.

Algunas fuentes, como Attac, cifran la factura del rescate de la banca española en el entorno del billón de euros, ya que consideran ayuda pública toda inyección de dinero público en el sector, incluidas las del Banco Central Europeo. “Es una interpretación laxa –señala Garzón-, aunque en mi opinión sí se trata de ayudas públicas. Es algo a lo que no puede acceder cualquier empresa”.