Fomento se hace cargo de la última de las autopistas quebradas, la Madrid-Toledo

El Ministerio de Fomento, a través de su sociedad Seittsa, ha pasado a  hacerse cargo de la autopista AP-41 Madrid-Toledo, la última de las nueve vías de peaje quebradas que el Estado debe por tanto rescatar.

Una vez que la autopista esté bajo gestión de Seittsa, esta vía aplicará "tan pronto como sea posible" la rebaja del 30% en el precio de sus peajes y su gratuidad por la noche, entre las 0.00 y las 6.00 horas, al igual que ya lo hicieron el resto de estas vías nacionalizadas el pasado 15 de enero.

Fomento asegura que estas medidas comenzarán a aplicarse "una vez que se modifiquen los sistemas de gestión de cobro de peajes y se adapten a las nuevas tarifas".

Con la asunción de la AP-41 a las 00.00 horas de la noche del jueves, el Ministerio concluye el rescate de las nueve autopistas de peaje que se declararon en quiebra en cascada a partir de diciembre de 2012, en plena crisis.

La caída de los tráficos y el endeudamiento que soportaban por los sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos sobre las que se construyeron constituyeron los principales motivos de dicha quiebra.

La AP-41 es la autopista que menos tráfico registra de entre todas las del país. A cierre de 2018, una media de 1.193 vehículos diarios tomaban esta vía, a pesar de este volumen de usuarios arroja un incremento del 15,7% respecto al que presentaba un año antes.

Precisamente, con la rebaja de peajes, Fomento busca fomentar el uso de estas infraestructuras, además de reequilibrar el tráfico entre las distintas vías disponibles.

El resto de autopistas quebradas que actualmente explota el Ministerio son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 Eje Aeropuerto, que une Madrid con la T-4 de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante.

Con el rescate de la Madrid-Toledo, Fomento culmina la asunción de todas estas vías que precisamente arrancó hace justo un año, el 21 de febrero de 2018, cuando pasó a hacerse cargo de la primera de ellas, la radial R-4 de Madrid que une la capital y Ocaña (Toledo).

Factura pendiente

A partir de ahora, además de gestionar las autopistas y acometer las obras de mejora que requieren, estimadas en unos 300 millones de euros, debe calcular la factura que su rescate supondrá para las arcas públicas.

Se trata de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), el importe que el Estado debe pagar a las antiguas concesionarias de las vías por la inversión que realizaron en su construcción.

Fomento estima este importe, ya contabilizado en el déficit público en más de 2.000 millones de euros, si bien el sector y los fondos buitres que se quedaron con la deuda de las autopistas elevan la cuantía hasta entre 4.500 y 5.000 millones de euros.

El Departamento que dirige José Luis Ábalos cuenta hasta el próximo mes de julio para calcular y pagar este importe, toda vez que el plazo inicial de seis meses, que concluyó el pasado mes de enero, quedó prorrogado de forma tácita por otros seis meses más.