Fomento dice ahora que buscará un pacto de Estado sobre las autopistas de peaje

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado su intención de buscar un acuerdo con el resto de formaciones políticas sobre el futuro de las autopistas de peaje en España, ante el próximo vencimiento del plazo de concesión de las más antiguas. De la Serna pretende que un acuerdo en esta materia constituya uno de los principales puntos del Pacto de Estado sobre Infraestructuras que prevé promover próximamente, y para el que, según asegura, ya ha mantenido contactos con distintos grupos políticos.

"Este año tenemos que tomar algunas decisiones sobre las autopistas de peaje cuyas concesiones empiezan a vencer a fin de año", indicó el ministro. "Sería deseable alcanzar al respecto un cierto acuerdo político, dado que se trata de una decisión sobre el futuro del país", añadió durante su intervención en el Efe Foro Líderes.

Hasta ahora, sobre estas vías próximas a concluir su plazo de concesión, el ministro tal sólo ha asegurado en reiteradas ocasiones que no se les ampliará este periodo y que revertirán al Estado, que en su momento decidirá sobre ellas. Ahora, De la Serna abre la opción de que esa decisión se tome en el marco de un acuerdo con otras formaciones políticas en el marco de su pretendido Pacto de Estado de Infraestructuras.

Esta negociación sería así paralela al rescate y relicitación de las nueve autopistas quebradas, las más jóvenes, que su Departamento también prevé acometer en el año 2018.

Vías que terminan su concesión

En la actualidad, una media docena de autopistas, las más antiguas del país tienen un próximo plazo de vencimiento. Así, en noviembre de este año concluye el periodo de concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón, firma gestionada por el grupo Itínere.

En 2019, está asimismo previsto que termine el del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, y el del la AP-4 Sevilla-Cádiz., y ya en 2021 culmina el trazado que une Barcelona, con La Jonquera y Tarragona y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo.

Se da la circunstancia de que la concesión de todas estas vías la tiene Abertis, actualmente objeto de una batalla de OPAs entre ACS y Atlantia.

Fondos buitre

Durante su intervención, De la Serna ha señalado que ve difícil lograr un acuerdo con los fondos buitre acreedores de las autopistas radiales en quiebra en torno a lo que habrá que abonar en concepto de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), un asunto que, en su opinión, deberá dirimirse en los tribunales.

Los fondos, que en su día se quedaron con alrededor del 75% del pasivo de las nueve autopistas quebradas y que cifran en 4.500 millones la factura que se les adeuda, se han mostrado dispuestos a una quita e incluso a acomodar los plazos y la forma de pago para aminorar el impacto en el déficit de la RPA, con alternativas como, por ejemplo, cobrar vía bonos del Estado. "Yo creo que hubo tiempo para eso [un posible acuerdo] y ahora mismo estamos fuera de plazo", ha dicho el ministro.

Si los fondos plantearan una "oferta extremadamente atractiva", el Ejecutivo lo reconsideraría, "pero mucho me temo que eso no se va a producir" porque las conversaciones que mantuvo el Gobierno con los fondos "están muy alejadas para que se pudiera llegar a un acuerdo".

Durante su intervención en el foro, el ministro dijo sospechar que la cifra que ofrecerá el Gobierno no será compartida por los acreedores, que recurrirán a los tribunales para que sea un juez el que dirima la cuantía.

En el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas, el Gobierno detallaba que el gasto en inversiones se vería afectado por "la cobertura por importe de más de 2.000 millones para atender la responsabilidad patrimonial derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje en concurso de acreedores".

El Ministerio de Fomento cuenta con un plazo de seis meses para calcular la factura de RPA de cada una de las nueve autopistas quebradas desde la fecha en que se resuelve el actual contrato de concesión de la vía y la rescata.