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Los funcionarios cobran de media un 65% más de pensión que el resto de los asalariados

Casi medio millón de antiguos trabajadores públicos están sujetos al Régimen de Clases Pasivas, que entre otras cosas les permite jubilarse a los 60 años sin ninguna penalización.

Un pensionista sujeta un cártel durante la manifestación en Madrid contra la privatización de las pensiones. E.P./Jesús Hellín
Un pensionista sujeta un cártel durante la manifestación en Madrid contra la privatización de las pensiones. Jesús Hellín / EUROPA PRESS

Los jubilados que durante su vida activa fueron funcionarios civiles y militares del Estado perciben una pensión media de 2.171 euros mensuales, un 65% más que la correspondiente al Régimen General de la Seguridad Social, situada a finales del año pasado en 1.315 euros, según datos oficiales.

Sólo otro colectivo disfruta de una pensión más alta: el de los trabajadores de la minería del carbón, con 2.294 euros, aunque su número es relativamente pequeño (36.219 perceptores en diciembre). En el caso de los autónomos, por ejemplo, la media no llega a 800 euros.

Los funcionarios que consiguieron su plaza antes de 2011 pertenecen al Régimen de Clases Pasivas, cuyas diferencias son notables con el Régimen General, que acoge a la inmensa mayoría de los asalariados españoles. Tienen un sistema de cálculo diferente y la posibilidad de jubilarse a los 60 años cobrando el 100% de la pensión, siempre que se hayan prestado al menos 35 años de servicio.

Al Régimen de Clases Pasivas no sólo están adscritos los funcionarios civiles y militares de la Administración Central, sino también los transferidos en su momento a las comunidades autónomas y algunos colectivos pensionados, como las víctimas de terrorismo o los militares no profesionales de la Segunda República.

A cargo de Clases Pasivas van las pensiones de los funcionarios de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales (Congreso y Senado), de los expresidentes, exvicepresidentes y exministros del Gobierno de la nación y de otros altos cargos.

Su financiación se nutre de las cotizaciones que se detraen de las nóminas, como ocurre con el resto de los trabajadores, y de las aportaciones que realiza el Estado, que en este caso es el empleador.

En total, el Régimen de Clases Pasivas contaba en diciembre con 664.274 beneficiarios, de los que 475.735 (es decir, el 71,5%) habían sido funcionarios. Ese mismo mes, la Seguridad Social pagó 7.142.899 pensiones contributivas del Régimen General, de las que 4.402.831 (el 61,6%) eran de jubilación.

Tanto un régimen como el otro se hacen cargo también de las pensiones de incapacidad temporal, así como de las de viudedad, orfandad y a favor de familiares a las que tienen derecho los deudos de los trabajadores cubiertos cuando éstos fallecen.

El gasto de Clases Pasivas asciende a unos 1.200 millones de euros al mes, aunque en julio y diciembre se duplica al incluir las pagas extraordinarias de verano y navidad. La nómina mensual del conjunto de la Seguridad Social, en cambio, ronda los 10.000 millones, de los que más de 7.000 son atribuibles al Régimen General.

La mayor parte de aquellos 1.200 millones de euros (unos 850) sufragan las pensiones de los jubilados civiles, mientras que la segunda partida más cuantiosa de gasto (183 millones) se destina a los militares retirados. Otras partidas son infinitamente menores, como las prestaciones percibidas por las víctimas del terrorismo (143.000 euros) o por los militares no profesionales de la República (103.000).

Desde 2011, los funcionarios que se incorporan a la Administración Central son encuadrados en el Régimen General. En mayo de 2020, las competencias sobre Clases Pasivas pasaron del Ministerio de Hacienda al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que de momento no afecta a las condiciones de acceso a la jubilación.

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