La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según ha anunciado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.

En una rueda de prensa convocada este martes para informar de la decisión del Gobierno sobre el futuro de la planta nuclear burgalesa, la que más años ha operado en España, el ministro ha explicado que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto "será la de denegación" de la continuidad de la explotación porque las "circunstancias actuales" no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y a las discrepancias sobre la solictud también expresadas por Iberdrola y Endesa.

La decisión del Gobierno se ha tomado seis meses después de que el pasado 8 de febrero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera un informe favorable -con el voto en contra de la entonces consejera Cristina Narbona- a la renovación de la autorización de explotación sin una fecha determinada.

Este informe establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque en el que se verificaría el cumplimiento de todo ello, antes de que la central pudiera, en caso del permiso del Gobierno, volver a cargar combustible.

Una vez emitido el informe favorable la pelota estaba en el tejado del Gobierno, ya que las empresas propietarias de Nuclenor, Iberdrola y Endesa, mantuvieron una reunión el 26 de abril de 2017 en la que no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán para desistir de seguir adelante con la solicitud que formularon en 2014 para poner de nuevo en marcha el reactor burgalés hasta 2031.

De ese modo, Garoña se convertiría en la primera central nuclear en llegar hasta los 60 años de operación y abriría el camino al resto de centrales españolas, que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida útil, en pleno proceso del Gobierno por definir el modelo energético del futuro.

No obstante, la planta, que contaba con permiso de explotación hasta el 6 de julio de 2013, dejó de producir electricidad ocho meses antes, en diciembre de 2012, a consecuencia de un nuevo impuesto sobre el combustible que estableció el Gobierno y que Nuclenor estimó que le supondría un coste inasumible.

Así, el plazo para que Nuclenor pudiera solicitar su renovación expiró y, ante la apuesta del Gobierno por que la planta pudiera seguir adelante, meses después, en enero de 2014, el Ejecutivo aprobó una modificación normativa por la que una central que no hubiera cerrado por motivos relacionados con la seguridad nuclear ni la protección física, es decir por causas económicas, tendría un plazo añadido de un año para replantearse la decisión y pedir una nueva autorización.

Con esta modificación, el titular presentó el 27 de mayo de 2014, una solicitud hasta el 2 de marzo de 2031, cuando cumpliría 60 años de operación, de acuerdo con la "práctica regulatoria existente en Estados Unidos" y porque consideraba que un marco temporal de explotación de "estas características es necesario para hacer viable el proyecto y proporcionaría la estabilidad y certidumbre adecuada para acometer las inversiones precisas".

Desde entonces, Nuclenor ha invertido en mantener la planta en una situación de reversibilidad unos 358 millones de euros y estos costes estarían en el centro de la discusión entre los accionistas de Garoña.

El 11 de julio, el Gobierno abrió un plazo de diez días para que once interesados presentasen alegaciones al proceso. De estos, presentaron alegaciones favorables a la continuidad la Junta de Castilla y León y la Asociación de Municipios de Áreas Nucleares (AMAC) y contrarias a esa decisión las ONG Greenpeace, Ecologistas en Acción y las comunidades autónomas de País Vasco y Navarra.

Endesa respeta y asume la decisión del Gobierno

Endesa ha asegurado este martes que respeta y asume la decisión del Gobierno, así como que ejecutará todas las operaciones conducentes a su desmantelamiento.

Fuentes de Endesa han recordado que durante todo el proceso han mantenido la misma posición, constante y coherente, de no desistir de la solicitud de renovación de la autorización y facilitar que el Gobierno adoptara una decisión.

"Una vez que el Gobierno ha decidido definitivamente denegar la continuidad de la planta, la actitud de Endesa no puede ser otra que respetar y asumir esa decisión, colaborar lealmente en su cumplimiento y, por consiguiente, ejecutar todas las operaciones conducentes al desmantelamiento seguro de la instalación", han afirmado las mismas fuentes.

No obstante, la eléctrica subraya que Garoña no puede suponer en ningún caso "precedente o referencia alguna para la viabilidad técnica y económica del resto de las centrales nucleares españolas".

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en su informe de febrero dejó "muy claro" que Garoña estaría en condiciones técnicas de funcionar con plenos requisitos de seguridad si se hicieran en ella una serie de inversiones que serían perfectamente realizables, han subrayado desde Endesa.

"Tal conclusión debería ser extrapolada, en buena lógica, a la consideración sobre la operación segura del resto de las centrales nucleares, todas ellas más modernas que Garoña y que ya han ejecutado las inversiones que le han sido exigidas.

Así, Endesa seguirá defendiendo la necesidad de proceder a la operación a largo plazo de las demás nucleares españolas y recuerda que si no se alarga su vida útil más allá de los 40 años no será posible cumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 establecidos para 2030 y 2050 y se producirá un fuerte incremento de los precios eléctricos.

Iberdrola: "Su continuidad era económicamente inviable"

Iberdrola, por su parte, ve "coherente" el cierre de Garoña porque no tendrá un impacto negativo en la seguridad del suministro eléctrico en España, puesto que la central no está operativa desde hace cinco años, ni en los precios de la electricidad que pagan los consumidores.

La eléctrica recuerda que, desde hace más de un año y medio, ha defendido el cierre de la planta al considerar que, "aun siendo segura desde el punto de vista técnico, su continuidad era económicamente inviable".

Según Iberdrola, la compañía contribuirá, a través de Nuclenor (la sociedad propietaria de Garoña, que comparte con Endesa), a dar cumplimiento "a la mayor brevedad posible" al contenido de la Orden Ministerial que plasmará la decisión anunciada hoy y a las actuaciones que deriven del cese definitivo de actividad.