El Gobierno de Mariano Rajoy prometió reiteradamente en 2012 que el rescate del sistema financiero no costaría ni un euro a los contribuyentes españoles. Hoy, todavía no se ha desdicho de ello, a pesar de que incluso el Banco de España sostiene lo contrario. Casi el 80% de los recursos empleados son ya prácticamente irrecuperables, según sus cálculos.

El dinero con el que se llevó a cabo el rescate, en teoría ya concluido, procedía de dos fuentes: el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGDEC). El primero de ellos tiene carácter público, mientras que el segundo se nutre de aportaciones realizadas por todas las entidades de crédito, en función de su tamaño.

En conjunto, el FROB y el FGDEC movilizaron 76.410 millones de euros para sostener el sistema financiero, amenazado por la quiebra de las cajas de ahorros más contaminadas por la crisis del ladrillo. A fin de atender sus compromisos, España tuvo pedir a la Unión Europeo en junio de 2012 una línea de crédito de 100.000 millones, que nunca se ha llegado a agotar.

El Gobierno nunca admitió que aquello fuera un rescate, y mucho menos una intervención comparable a las que sufrieron Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre

El Gobierno nunca admitió que aquello fuera un rescate, y mucho menos una intervención comparable a las que sufrieron Irlanda, Grecia, Portugal o Chipre. Pero lo cierto es que no fue una ayuda incondicional, sino que llevaba aparejada fuertes exigencias en materia de reducción del déficit público y una redoblada supervisión externa de la economía española.

Entonces ya estaban en marcha las políticas de austeridad, que inauguró José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2010 y que acentuó Rajoy tras ganar con mayoría absoluta las elecciones generales de noviembre de 2011. Pero el rescate financiero tuvo el efecto de agravarlas, ante la necesidad de satisfacer las nuevas exigencias impuestas por Bruselas.

La intervención de los bancos y cajas

Nadie conoce mejor que los propios españoles la envergadura de los recortes aplicados, que arrojan dos datos especialmente dramáticos. En los años más duros de la crisis, las administraciones públicas redujeron sus presupuestos educativos en casi 9.000 millones y los de sanidad, en otros 12.000. Protección por desempleo y pensiones también fueron objeto de importantes ajustes.

Los 76.000 millones de euros destinados a sanear el sistema financiero tuvieron como principal destinatario a Bankia, resultante de la fusión de Caja Madrid con Bancaja y otras entidades más pequeñas. Evitar su quiebra requirió 22.424 millones en ayudas públicas, según datos del FROB, que se quedó con accionista mayoritario y a día de hoy controla un 65% del capital.

Bankia, sin embargo, no fue la única entidad intervenida. En la misma situación se vieron Caja Castilla La Mancha, Cajasur, Banco de Valencia, Catalunya Banc, Novacaixagalicia, Unim o BMN. Todas, después de saneadas, pasaron a formar parte de diversos grupos bancarios, a cambio de cuantiosas garantías para el comprador frente a posibles quebrantos futuros.

Por detrás de Bankia, la que más fondos públicos requirió fue Catalunya Banc (12.052 millones), seguida del Banco de Valencia (5.498) y de la CAM (5.249). Hoy pertenecen, respectivamente, a BBVA, Caixabank y Sabadell, que han ganado tamaño gracias a su anexión y han reforzado así su posición en el oligopolio bancario.

De los 76.410 millones de euros destinados al saneamiento financiero, sólo se han recuperado 4.139 millones

De los 76.410 millones de euros destinados al saneamiento financiero, sólo se han recuperado 4.139 millones (un 5,41% del total), de los que 3.466 corresponden al FROB y 673 al FGDEC, según el Banco de España. Y la previsión es sumar otros 12.198, procedentes de la venta de activos y, en particular, de la participación que el Estado aún mantiene en Bankia.

El regulador cifra esta última operación en 9.734 millones de euros, pero se trata de una estimación muy optimista, teniendo en cuenta el valor actual de la entidad en Bolsa. La capitalización de Bankia al cierre de la sesión del viernes 16 de junio era de 11.520 millones, por lo que el 65% no llegaba a los 7.500.

La asunción de BMN por parte de Bankia

La idea del Gobierno es que Bankia asuma BMN, fruto de la fusión en 2010 de Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada. En tal caso, es previsible que el valor de Bankia suba, pero también lo hará el dinero público invertido en el grupo resultante, pues BMN recibió ayudas por importe de 1.645 millones de euros.

Aun si los pronósticos del Banco de España se cumplieran, seguirían faltando 60.613 millones de euros por recuperar: 39.542 del FROB y 21.071 del FGDEC.

Dicho de otra manera, los contribuyentes tendríamos que apechugar con casi 40.000 millones, lo que supone un 4% del PIB en números redondos y que se suman a los sacrificios exigidos a cambio del rescate financiero de 2012.

Con la mitad de ese dinero, que se ha ido en reflotar entidades al borde de la quiebra y en dejarlas limpias de polvo y paja para su posterior absorción por otras de mayor tamaño, habría dado para evitar los recortes efectuados sólo en sanidad y educación. Pero el Gobierno antepuso la salvación del sistema financiero al mantenimiento del Estado del bienestar.