El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)  aprobó este jueves los objetivos de déficit y deuda ya fijados por Bruselas y que pretenden conseguir la estabilidad presupuestaria en 2018, es decir, el déficit cero. Pero lo hizo con la oposición de nueve Comunidades Autónomas.  El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, necesitó dos votaciones y hacer uso de su mayoría cualificada para sacar adelante la decisión de mantener los objetivos del 0,3 % de déficit para el próximo año, del 0,1 % para 2017 y del 0 % para 2018.

Pese a la oposición casi generalizada, Montoro aseguró en la rueda de prensa posterior al CPFF que no hay discusión entre las comunidades autónomas sobre la estabilidad presupuestaria, y precisó que "las diferencias radican en cuantificar los objetivos de déficit".

El titular de Hacienda insistió en que todas las comunidades confirmaron que "están por la estabilidad presupuestaria" y la única discusión es ver si el déficit puede ser en un determinado año "unas décimas arriba o abajo".

Montoro calificó de "esencial" que todas las autonomías declararan que están por este principio. "En España, en los gobiernos autónomos, no hay discusión sobre la oportunidad y la necesidad de alcanzar esta estabilidad" ha dicho.

Montoro también valoró el diálogo con los nuevos consejeros, que calificó de "muy correcto".

Con corrección, pero la mayoría de la Comunidades Autónomas votaron en contra de la propuesta del ministro.  El nuevo conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, por ejemplo, votó en contra del reparto del déficit propuesto por el Gobierno y reclamó una nueva financiación con mayores ingresos.

Soler manifestó que el reparto del déficit propuesto "es injusto", porque pide más esfuerzo a las comunidades autónomas que al Estado, pese a que las primeras gestionan sanidad, educación y políticas sociales y el Gobierno central sólo la Seguridad Social.

También votó en contra la consejera de Hacienda de Asturias. Y lo hizo con el mismo argumento: "Penaliza a la comunidad en beneficio del Gobierno central". Dolores Carcedo, que ejerce el cargo en funciones, defendió que es necesario corregir el injusto reparto del déficit público entre el Gobierno central y las comunidades, ya que el primero se reserva buena parte del margen en detrimento de las autonomías, que son las que prestan y financian el grueso de los servicios públicos fundamentales.

"Se debería explicar la metodología y revisar el reparto para adecuarlo a la estructura de gasto de las comunidades, con el fin de que podamos afrontar los servicios básicos que prestamos a los ciudadanos en las mejores condiciones", indicó.

En este sentido, Carcedo explicó que para el próximo año el límite de déficit de las comunidades se sitúa en el 0,3% del PIB, mientras que el de la Administración central asciende al 2,2%.