Público
Público

Hacienda contará con 200 funcionarios más para hacer efectivo el nuevo plan antifraude

La incorporación del nuevo personal supone un aumento del 10% de la plantilla de la AEAT, que actualmente cuenta con casi 25.000 personas.

Publicidad
Media: 4
Votos: 2

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en que el Gobierno anunció en nuevo proyecto contra el fraude fiscal. EFE

La Agencia Tributaria ampliará su plantilla con 200 funcionarios más para dar cumplimiento a las nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal que el Gobierno aprobó el pasado viernes en Consejo de Ministros. La incorporación del nuevo personal supone un aumento del 10% de la plantilla de la AEAT, que actualmente cuenta con casi 25.000 personas.

Entre esas medidas, según anunció la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, se incluye un mayor control a los titulares y saldos de las cuentas nacionales y extranjeras en criptomonedas, sanciones para quienes vendan o distribuyan software de doble uso para ocultar ventas y servicios, el refuerzo de la actividad del juego y las apuestas deportivas con la elaboración de una "lista negra" de operadores no autorizados, la ampliación de la lista de paraísos fiscales, la prohibición de las amnistías fiscales o la limitación de los pagos en efectivo, entre otras.

Según ha declarado el director de la Agencia Tributaria al diario Expansión, la nueva Unidad de Control sobre Grandes Patrimonios anunciada por la ministra se creará "en cualquier momento" y se inspirará en las recomendaciones de la OCDE para centralizar la vigilancia sobre los individuos de altos ingresos, un colectivo al que la AEAT sigue con atención.

La ministra explicó que la Ley recoge una batería de medidas contra las nuevas formas de fraude para luchar contra los comportamientos inadecuados de las multinacionales que hacen planificaciones fiscales "agresivas" y para lograr un sistema fiscal más redistributivo y justo.

Respecto a la recaudación prevista, ha asegurado que la estimación de 828 millones de euros es conservadora, teniendo en cuenta que el anterior Ejecutivo del PP cifraba en 1.000 millones los ingresos derivados de cada una de las leyes que hizo contra el fraude.