MADRID.- Hacienda ha introducido una enmienda en la ley de Presupuestos del Estado para 2016 para modificar el Impuesto de Sociedades de modo que la banca tribute mínimamente por los llamados activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés), y zanjar de ese modo el expediente abierto por la Comisión Europea, que considera que se estaban concediendo ayudas ilegales al sector financiero a través de este mecanismo.

Los DTA son una forma de créditos fiscales, esto es, gastos que una sociedad no puede deducirse fiscalmente pero que los acumula en su balance, y con los que se va restando impuestos en los ejercicios siguientes, al funcionar como un derecho futuro contra la Hacienda pública. 

A finales de 2013, el Consejo de Ministros aprobó una norma por las que daba su aval a estos créditos fiscales, para que pudieran ser contabilizadas como activos de máxima calidad para reforzar los niveles de capital de los bancos, de acuerdo con una nueva normativa internacional conocida como Basilea III. Con ello, la banca podía contar como capital unos 40.800 millones en créditos fiscales, por que los, además, no pagaba impuestos. En aquel momento, además, estaba todavía vigente el rescate de la banca y, por tanto, el sector financiero y la economía española continuaban bajo la vigilancia de Bruselas.

El Gobierno permitió que la banca contase como capital de primera calidad 40.800 millones en créditos fiscales

Pero luego, en la primavera pasada,  la Comisión Europea abrió una investigación, tras las denuncias de otros estados miembro, para determinar si las garantías para los activos fiscales diferidos eran ayudas públicas ilegales. La investigación de Bruselas no sólo afectaba a España, sino también a Grecia, Italia y Portugal. 

Ahora, el Gobierno ha pactado con las autoridades de Bruselas para resolver este asunto, haciendo pagar a los bancos. Pero muy poco: en total las entidades tendrán que pagar unos 419 millones, una cifra que, por ejemplo, representa apenas el 5% de los casi 8.000 millones de beneficio de la gran banca en la primera mitad de este año (extrapolando a todo el año, el pago representaría un 2,6% de sus ganancias en este ejercicio).

Así, al estar grabado fiscalmente, el aval del Gobierno perderá la consideración de ayuda de Estado, de acuerdo con lo pactado con Bruselas. Concretamente, la enmienda establece que si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes. "Es una especie de impuesto voluntario, pero si quieren que se compute como capital las entidades tienen que pagar esta tasa", dijo una fuente del Ministerio de Economía.

De los 40.800 millones de euros en activos fiscales diferidos que la banca pudo salvar como capital de máxima categoría en 2013 algo más de 12.000 millones de euros se habían generado de forma automática al pagar impuestos sobre beneficios.
Pero había una parte de los DTA, compuesta por unos 28.000 millones de euros acumulados sin que se hubiera realizado un pago a la Hacienda pública. Estos créditos fiscales  se generaron en el período 2008-2015, que es cuando la banca acumuló elevadas provisiones y el pago de impuestos se defería en el tiempo.